CIUDAD DE MÉXICO.- Tras las críticas por la ampliación del catálogo de delitos que son acreedores a prisión preventiva oficiosa, figura que condenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos; el diputado de Morena Arturo Ávila afirmó que no se contradice la presunción de inocencia y se “busca proteger derechos fundamentales como evitar que personas acusadas de delitos graves permanezcan en libertad”.
La prisión preventiva oficiosa trastoca los fundamentos del sistema de justicia penal acusatorio, vulnera la independencia judicial y atenta contra los principios del paradigma de seguridad ciudadana, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pidió a México revisar esa normatividad y lejos de quitar la figura el gobierno de Claudia Sheinbaum aumentó el catálogo de acciones de personas para encarcelarlas, con tan solo ser señaladas.
En entrevista con Azucena Uresti en Fórmula Noticias, el legislador dijo que “la prisión preventiva oficiosa no contradice la presunción de inocencia”.
“Es una medida cautelar, no implica una declaración de culpabilidad. Su propósito es garantizar que el proceso judicial se lleve a cabo sin interferencias o que haya riesgos adicionales como la fuga del acusado o la obstaculice la justicia”, externó.
En 2018, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) consideró que “la prisión preventiva oficiosa viola el derecho a la presunción de inocencia y del derecho a la libertad personal de aquellas que son sujetas a esta medida”.
Además, el organismo internacional sostiene que esta medida vulnera la independencia judicial y viola el principio de igualdad ante la ley, así como constituye una práctica discriminatoria.
“Yo creo que muchos países tienen la capacidad soberana de autodeterminarse. Desde mi punto de vista como abogado te puedo decir que el tratado internacional sólo requiere la aprobación del Senado, mientras que una reforma constitucional deriva de un proceso legislativo que necesita mayorías calificadas”, agregó.
Prisión preventiva oficiosa no resuelve impunidad, dice ONG
Lisa Sánchez, presidenta de México Unido contra la Delincuencia, señaló que dicha medida sólo busca que autoridades evadan su responsabilidad ante la impunidad.
“La reforma nos la están vendiendo como una medida en contra de la impunidad y en realidad lo que hace es des-responsabilizar aún más a esas autoridades en donde tenemos el mayor problema de impunidad, que son la fiscalías, les expande la posibilidad de actuar de una manera arbitraria”, expuso durante el programa de Ciro Gómez Leyva Por La Mañana.
La reforma al artículo 19 de la Constitución, que fue publicada el pasado 31 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece que los delitos que ameritan prisión preventiva son los siguientes:
Abuso o violencia sexual contra menores
Delincuencia organizada
Extorsión
Producción, trasiego y venta de fentanilo
Homicidio doloso
Feminicidio
Violación
Secuestro
Trata de personas
Robo de casa habitación
Uso de programas con fines electorales
Enriquecimiento ilícito
Robo al transporte de carga
Delitos en materia de hidrocarburos
Desaparición forzada
Uso de armas exclusivas del Ejército
La reforma a la prisión preventiva oficiosa surgió del paquete de iniciativas que presentó el expresidente Andrés Manuel López Obrador ante el Congreso en febrero del año pasado en el marco del aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917.
