CIUDAD DE MÉXICO/SemMéxico.- En un país con el 92 por ciento de impunidad ¿qué mujer tiene sentencia firme? cuestionó la consejera electoral Carla Humphrey Jordan al referir que la ley 8 de 8 contra la violencia requiere aplicación de una sentencia firme.
Al comentar el libro Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en México: Proceso Electoral Federal 2020-2021, coordinado por Serena Eréndira Serrano Oswald, en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) Guadalajara 2024, precisó que el requisito minimiza los casos de personas violentadoras a los que el Instituto Nacional Electoral (INE) puede tener acceso.
Cabe señalar que los ocho supuestos que implicarían esta cancelación son los siguientes: Comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, Contra la libertad y seguridad sexuales, Cuando afecte el normal desarrollo psicosexual, Violencia familiar, Violencia doméstica, Violación a la intimidad sexual, Violencia política y Ser declarada como persona deudora alimentaria morosa
Carla Humphrey Jordan planteó la gravedad de que las personas responsables de dirimir estos casos resuelvan sin perspectiva de género y sigan violentando a las mujeres ante la próxima elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación (PJF).
La consejera Humphrey advirtió que, si no hay procuración de justicia y si hay impunidad, a pesar de los acuerdos del Consejo General o las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), “no vamos a poder seguir avanzando”.
“Somos muy cuadrados todavía en cómo vemos la protección de los derechos de las mujeres. No vemos que hay que ponderar el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad, a la seguridad y que claramente está el principio de presunción de inocencia, pero no es absoluto; ningún principio, ni ningún derecho es absoluto y así hay que analizarlo”.
Agregó que no hay excusa, ni lugar para la pasividad ante la violencia contra las mujeres, de ningún actor institucional, ciudadanía e, incluso, del sector privado.
Las principales barreras para las mujeres, las político-institucionales.
Del libro destacó las barreras político-institucionales, particularmente de los sistemas electorales y la falta de mecanismos de acción afirmativa y la falta de aplicación de mecanismos de paridad.
A nivel municipal las mujeres apenas ocupan el 22 por ciento de las presidencias municipales, muy lejos de este 50 por ciento; las gobernadoras, nunca había habido 13 al mismo tiempo, pero son el 40 por ciento, apenas.
La consejera Carla Humphrey pidió a los partidos que “no se les olvide que todos tienen mayor militancia de mujeres que de hombres. Entonces, díganles a sus militantes que ustedes no las quieren en los puestos clave y en las candidaturas más altas, sino que nada más las quieren para que vayan a tocar de puerta en puerta y hacer campaña en tierra, porque parece que para eso sí quieren a las mujeres”.
Hemos visto los casos de juanitas, las manuelitas, cualquier cantidad de prácticas que utilizan los partidos políticos para darle la vuelta a las leyes y a los acuerdos que aprobamos como Consejo General, añadió.
No basta decir hay paridad en todo en el congreso o en el INE, hemos tenido mujeres desplazadas de sus comunidades, mujeres a las que no les pagan sus dietas o sus salarios, mujeres que son perseguidas, incluso, por participar o se les obliga a salir de sus propias comunidades indígenas por pretender participar políticamente en sus propias comunidades.
La primera causa por la que las mujeres no quieren participar en política es por la violencia política en razón de género, tenemos que generar conciencia para visibilizarlo, comentó Carla Humphrey.
La presentación del libro, parte de los 16 días de activismo por el 25N
Durante la presentación, la coordinadora de la obra, Ariana Estrada Villanueva, subrayó que el libro implicó una investigación multidisciplinaria a cargo de 25 personas, en su mayoría mujeres, entre ellas antropólogas sociales, estadistas, comunicólogas y especialistas en temas jurídicos.
El mayor reto de esta investigación dijo, fue la aprobación de la reforma del 13 de abril de 2020, que implicó la modificación de ocho instrumentos normativos para sancionar efectivamente la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG).
En su participación, la doctora en Antropología por El Colegio de Morelos reconoció el trabajo de la sociedad civil, de los grupos y organizaciones feministas porque ellas y ellos “entran de lleno” a problemáticas como la VPMRG e invitó al público en general a descargar la obra de manera gratuita.
El panel fue moderado por la Titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, Flor Dessiré León Hernández, quien explicó que esta presentación es parte de las actividades con motivo de los 16 días de activismo por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
