Por Gildo Garza
En junio de 2020, la Fiscalía General de Texas destapó una investigación que señalaba a los hermanos Carmona Angulo, proveedores clave de la administración pública en Tamaulipas. Estos personajes no solo habían sido parte del gobierno durante el sexenio panista, sino que su ascenso se facilitó gracias a las conexiones del cuñado incómodo, José Ramón Gómez Leal (dos veces procesado en EUA), y de la ahora senadora del Partido Verde, Maki Esther Rodríguez, ambos expanistas beneficiados durante el sexenio azul en Tamaulipas.
El negocio de los productos médicos les pareció un buen comienzo, pero pronto se dieron cuenta de que el verdadero oro negro estaba en otro lado: el huachicol. Se apoderaron de las aduanas desde Ciudad Juárez hasta Matamoros, transformando la frontera en una caja de Pandora llena de un negocio mucho más redituable que las drogas: el hidrocarburo robado o sin impuestos.
Pero esta historia de impunidad apenas comienza. Ahora, cuando el gobierno de Claudia Sheinbaum se jacta de su lucha contra la corrupción con sus operativos «enjambre», una nueva investigación de la Fiscalía de Texas apunta a los huachicoleros más poderosos dentro de Morena. El escándalo alcanza dimensiones colosales, involucrando a figuras de alto rango, entre ellas, varios de los huachicoleros más influyentes que surgieron con el gobierno de López Obrador.
Empresas como Logística Combustibles, Transportes y Equipos Asamaz y GS Autotransportes fueron víctimas del crimen organizado, que no perdonó a quienes no se alinearon con el lucrativo negocio del tráfico ilegal de combustible, proveniente de la línea Laredo-Houston. Ahora, esos testimonios engrosan las listas de pruebas que tiene la Fiscalía de Texas en contra de políticos y morenistas mexicanos.
La frontera, ese lugar donde México y Estados Unidos se tocan, se ha convertido en una arteria que bombea millones de dólares a unos pocos, sin importar la destrucción que deje atrás. Ken Paxton, fiscal de Texas, tiene en sus manos una lista de nombres que vinculan a políticos, funcionarios y empresarios mexicanos con el narcotráfico y el huachicol.
Las transacciones documentadas son una muestra clara de cómo se teje una red de corrupción que ha engordado los bolsillos de quienes controlan la frontera. En el Valle de Texas, la riqueza ilícita se ha disparado, y esta fortuna compra votos, paga campañas y asegura el poder de unos pocos, mientras el pueblo sigue siendo víctima de un sistema podrido que usa la pobreza como moneda de cambio. Y mientras todo esto sucede, el senador con fuero morenista José Ramón Gómez Leal acelera su camino hacia la gubernatura de Tamaulipas.
En reuniones a puerta cerrada, ya se habla de su «bendición» dada por Andy López Beltrán, y el apoderado legal de la familia López, Adán Augusto López Hernández, para tomar el control político del estado. No hay duda de que su poder se nutre de alianzas que bordean lo ilegal. Su ascenso no es solo político, es una muestra más de cómo la corrupción se ha convertido en la moneda más fuerte en la política mexicana. Los poderosos en Tabasco lo respaldan, mientras él, con un pie en la política y otro en los negocios turbios, organiza su campaña desde las sombras. En esta madeja de intereses oscuros, destaca el nombre de Bernardo Baños Domínguez, Subadministrador de Vigilancia y Control en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
Este funcionario es otro de los eslabones en la cadena de corrupción que conecta a huachicoleros y aduaneros, y uno de los principales nombres que aparece con los gringos. La línea que une a todos estos personajes es tan delgada como el combustible robado que fluye entre los dos países, pero su poder es firme, sólido. Cada transacción, cada favor, garantiza la impunidad de todos los involucrados en este negocio ilegal.
El huachicol no es solo un crimen económico, es un ejercicio de poder, una forma de controlar el territorio y la política. Entre huachicoleros se protegen, se cubren las espaldas, y lo más indignante es que, mientras ellos siguen llenándose los bolsillos, el pueblo es el que paga el precio. El pueblo es rehén de un sistema que se alimenta de su sufrimiento, de su pobreza, de su desmemoria, de su impotencia.
Hoy, el senador huachicolero arrecia la grilla entre los posibles aspirantes a la gubernatura en Tamaulipas, pisando la cabeza de quien se ponga en su camino. Tanto que ya hasta a su compañera de fórmula la tilda de «corriente» y opacada a su imagen. Pobre Olga, la utilizó, la publicitó, y ahora la hace trizas. Es la apestada otra vez, mientras el JR se codea con los otros Juniors del país. Este es el México que tenemos, el de los huachicoleros que, entre ellos, se protegen y prosperan a costa del resto.
