El riesgo en México persiste en la eliminación de controles judiciales sobre las reformas constitucionales, promovidos por el poder Ejecutivo y el Legislativo
La jueza Nancy Juárez Salas informó que la decisión de la Presidenta Claudia Sheinbaum, de no acatar un ordenamiento judicial, hay un “desacato flagrante” y procede dar vista al MP
CDMX.- El Senado de la República anunció una reunión de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, que se llevará a cabo este miércoles, para discutir y reformar los artículos 103 y 107 constitucionales, relativos a la LEY AMPARO.
Todo deriva de la Reforma al Poder Judicial promovida por el ex presidente y que apoya la presente administración federal en contubernio con el Poder Legislativo para acotar a jueces y ministros que tienen facultad de revisar que cualquier nueva ley se apegue a los ordenamientos constitucionales.
El senador Adán Augusto López Hernández, junto con el diputado Ricardo Monreal presentaron ayer la iniciativa en una acción más para acotar al Poder Judicial.
Se trata, dijo el senador López Hernández de establecer en la Constitución Política lo que dispone la fracción I del artículo 61 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
López Hernández señaló que, a pesar de que la Ley de Amparo menciona que no es procedente el juicio de amparo contra reformas constitucionales o en materia electoral, hay jueces y magistrados que han intentado impedir la implementación de la reforma judicial.
“Creemos que es momento de darle mayor certeza jurídica, a través de esta reforma constitucional”, a esta disposición, aclaró.
Esta iniciativa pretende acotar la acción de jueces y ministros que tienen facultad jurídica de emitir amparos a petición de individuos o colectivos que consideran que las reformas o nuevas leyes conllevan violación de derechos humanos o van contra-ordenamientos establecidos en la Constitución Mexicana. Y deriva de la Reforma Judicial y el ordenamiento de la jueza Nancy Juarez Salas que emitió una resolución judicial para que el Ejecutivo Federal baje del Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial que publicó.
Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no acataría el ordenamiento judicial y refirió que la jueza no tenía facultad para emitirlo, lo cual es falso porque es facultad de los jueces tramitar amparos para suspender leyes y revisar su constitucionalidad; sin embargo, esto ahora se pretende acotar con nuevas iniciativas de reforma legislativas.
El pasado lunes 21 de octubre de 2024, Nancy Juárez Salas informó que, ante la decisión de la Presidenta, hay un “desacato flagrante”. En ese sentido, recalcó que la consecuencia podría ser dar vista al Ministerio Público para continuar con el procedimiento penal correspondiente.
Sobre estas acciones en el Poder Legislativo, donde Morena tiene mayoría con ayuda de sus partidos satélite y de aliados traicioneros; el abogado constitucionalista, Francisco Burgoa dijo que el verdadero riesgo persiste en la eliminación de controles judiciales sobre las reformas constitucionales, incluyendo el juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad.
«Esto no es un mero ajuste técnico: representa una amenaza directa al Estado Constitucional y Democrático de Derecho y a los derechos humanos en México, ya que limitaría los mecanismos de defensa constitucional y los compromisos asumidos en el sistema interamericano. Morena, con esta jugada, busca controlar su propio autoritarismo, pero lo hace bajo la presión de la crítica social y de la oposición.
«No es suficiente que se retire solo el control de convencionalidad; esta propuesta de reforma constitucional debe ser retirada por completo. De lo contrario, el país retrocederá gravemente en la protección de los derechos humanos y en la defensa de los principios fundamentales constitucionales», agregó el también académico de la UNAM.
VCR/BH
