Por Gerardo Flores Ledesma
LAS PLATAFORMAS digitales han crecido de manera exponencial. Todos las usamos para vender, comprar, trasladarnos o recibir alimentos u otros bienes. Casi todas las naciones permiten la operación, pero obligan a la retención y entero de los impuestos.
Por esa razón, es increíble que al cabo de 15 años de haber nacido, las plataformas de transporte y reparto de alimentos y diversos productos, como Cabify, DiDi, Rappi y Uber, sean declaradas o tratadas como ilegales.
Todo mexicano tiene derecho a un trabajo digno, bien remunerado, seguridad y prestaciones sociales. Pero sabemos que hay 36 millones de compatriotas que viven en la informalidad. Venden en la calle sus productos, trabajan en donde pueden y el sortilegio es su compañero de todos los días.
De esos 36 millones de informales, más de 2.5 millones trasladan gente o reparten mercancías y alimentos a través de plataformas. Por supuesto que les retienen impuestos y los dueños de las empresas mencionadas enteran al fisco de tal asunto. Desde luego, los trabajadores de ellas no tienen sueldos dignos ni tampoco seguridad social. Pero si a esos problemas le agregamos la confrontación que han generado agrupaciones de taxistas, principalmente, y la acción fiscal contra plataformas digitales, entonces tenemos un problema creciente.
No debería existir un conflicto para que los trabajadores de esas plataformas digitales pudieran entrar y salir con pasaje de los aeropuertos del país, de sus terminales de autobuses o centrales de abasto. Las agrupaciones de taxis, con placas de sitio o libres o con concesiones aeroportuarias, no son los dueños de las zonas federales ni tampoco pueden tener el monopolio o control de ellas.
Es la autoridad quien debe tomar la decisión y el control de este tema que puede crear un conflicto social y de violencia entre mexicanos que quieren trabajar y no los dejan contra aquellos que se sienten “dueños” de las zonas de trabajo.
Sin embargo, parece que alguien quiere que el conflicto crezca y quiere que el 75% de esos repartidores y trabajadores del volante se queden sin ingreso, que aunque no es fijo sirve de sustento a decenas de miles de familias, o quieren dejar sin esos servicios a más 43 millones de mexicanos que usamos esas plataformas, cuyos servicios de reparto se realizan en más de 80 ciudades del país.
La solución está en la mesa: Las autoridades sólo deben sentarse con Alianza In México, que representa a las plataformas digitales Cabify, DiDi, Rappi y Uber, para llegar a un acuerdo antes de que las protestas se incrementen o la violencia se genere entre grupos contrarios.
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ANALISTAS DE Invex consideran que, ante la evolución de la inflación general como del componente subyacente, la Junta de Gobierno de Banco de México efectuará ajustes adicionales de 25 puntos base a la tasa de referencia, ya que el balance de riesgos para el panorama inflacionario continúa sesgado al alza. Se espera que al cierre de 2024, los réditos estarán en un nivel de 10.00%.
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