CIUDAD DE MÉXICO.- Este 26 de septiembre se cumplen 10 años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Guerrero. Desde entonces sus familias no han dejado de exigir justicia mientras que autoridades mantienen la indagatoria sin que hasta el momento se conozca el paradero de los normalistas y la verdad sobre cómo ocurrieron los hechos. Aunque el presidente AMLO les prometió que le informaría del caso y que él personalmente llevaría la investigación, sin embargo terminó su sexenio sin esclarecer el paradero de los jóvenes.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la llamada “verdad histórica” difundida por el Gobierno reveló que los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula después de que fueron detenidos mientras viajaban en cuatro autobuses que secuestraron en Iguala para viajar a la Ciudad de México y participar en las protestas del 2 de octubre de 2014.
En dicha versión se señaló al grupo criminal Guerreros Unidos como el responsable de haber secuestrado y quemado a los normalistas luego que policías municipales se los entregaran.
No obstante, dicha versión fue refutada en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde se creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa que reveló que fue un “crimen de Estado” y que hubo encubrimiento que involucra a decenas de miembros de grupos criminales, militares, policías federales, estatales y locales, además de funcionarios de alto nivel del entonces Gobierno de Peña Nieto.
Hasta el momento el funcionario de más alto rango que enfrenta un proceso por el caso es el exprocurador General de la República Jesús Murillo Karam, quien fue detenido el 19 de agosto de 2022 en su casa de Las Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México, acusado de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, pues es señalado de haber obstruido las investigaciones para esclarecer los hechos.
Murillo Karam se ha dicho inocente de los cargos que se le imputan. Permaneció recluido en la Torre Médica del penal de Tepepan desde su captura y hasta abril de este año, cuando se le concedió prisión domiciliaria bajo el argumento de su edad (76 años) y problemas de salud. Aún espera su juicio.
En tanto, otro de los personajes clave es Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien tiene dos órdenes de aprehensión por tortura a testigos en el caso, incluido un miembro de Guerreros Unidos apodado “El Cepillo”.
Zerón huyó del país en 2019 y en 2021 solicitó asilo a Israel. Desde entonces se encuentra prófugo en aquel país y autoridades de México solicitaron su extradición, la cual no ha sido concedida.
En 2022, el exfuncionario recibió una oferta de Alejandro Encinas, quien se desempeñaba como titular de la Comisión de la Verdad, para colaborar con la investigación de la desaparición de los 43 a cambio de inmunidad.
Mientras decidía si colaboraba o no, Encinas le mandó un cuestionario de 70 preguntas donde Zerón detalló que el expresidente Peña Nieto fue el responsable de construir la “verdad histórica”, de acuerdo con el documento al que tuvo acceso Fábrica de Periodismo a través de una solicitud vía la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, revelado en agosto de este año.
El extitular de la AIC señaló que la “verdad histórica” se creó en las juntas que se realizaban en la oficina de Peña Nieto en Los Pinos, con la presencia de los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos; de Marina, el almirante Vidal Soberón; de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; del director del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, Eugenio Ímaz; del Procurador Jesús Murillo, así como Aurelio Nuño y Eduardo Sánchez, vocero y jefe de la Oficina de la Presidencia, respectivamente.
En las respuestas que Tomás Zerón envió a Alejandro Encinas aseguró que a él y al exprocurador Murillo Karam se les ordenó informar ante medios de comunicación que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados la noche del 26 de septiembre en el basurero de Cocula y que sus restos fueron lanzados al Río San Juan.
En el cuestionario, Zerón no reconoció ninguna de las acusaciones en su contra, fue cauteloso de lo que escribió como respuesta a cada pregunta y, según la Fábrica de Periodismo, se presentó como un funcionario obediente, sumiso, sin mayor poder sobre las instrucciones que le dieron, además de que utilizó constantemente la palabra ”desconozco” en sus respuestas que abarcan más de 18 cuartillas.
La tortura que le imputan a Zerón hacia Felipe Rodríguez, “El Cepillo”, tampoco fue admitida por él pese a que existe un video, difundido en 2020 por autoridades, donde se le observa realizando un interrogatorio al integrante de la célula criminal con amenazas.
Sin embargo, en una entrevista que concedió al periódico israelí Yedioth Ahronoth, el exfuncionario justificó las amenazas.
“Hablas con este abominable asesino, te das cuenta de lo que hizo y con qué frialdad masacró a estos desaparecidos, y simplemente explotas”, le dijo al periodista Ronen Bergman en abril de 2023.
Posteriormente, en un documental difundido en febrero de este 2024 por la BBC de Londres, Zerón admite que sí amenazó al “Cepillo”, pero que nunca lo torturó. Reprochó también que en dos sexenios el caso no haya sido esclarecido.
También en febrero, en entrevista exclusiva con Radio Fórmula, tras ser captado en una taquería de Jerusalén, el exfuncionario acusó a AMLO de usar el caso Ayotzinapa para lucrar en las elecciones del pasado 2 de junio y lamentó que Murillo Karam haya sido encarcelado.
Además, Gildardo López Astudillo, ‘El Gil’, es uno de los detenidos más relevantes del caso, pues fue señalado como líder de Guerreros Unidos, capturado en septiembre de 2015.
No obstante, fue liberado en 2019 y posteriormente se volvió testigo protegido de la Fiscalía bajo el seudónimo de “Juan”. El pasado 5 de septiembre fue recapturado sin que autoridades precisarán bajo qué cargos.
Involucran al Ejército
Otra de las principales incógnitas que rodean el caso de Ayotzinapa gira en torno a la participación del Ejército en los hechos.
Según las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado en enero de 2015 para colaborar en las indagatorias en paralelo con autoridades, apuntó en su último informe del caso, en julio de 2023, a la colusión de las Fuerzas Armadas con el narcotráfico como responsables directos del caso.
Además, los militares fueron acusados por los expertos de ocultar información que podría haber ayudado a localizar a los estudiantes y falta de cooperación para esclarecer los hechos.
El GIEI recopiló documentos provenientes de la Sedena que demuestran la existencia de un centro de inteligencia del Ejército en el municipio de Iguala que interceptaba comunicaciones de Guerreros Unidos en la zona.
De acuerdo con el Centro ProDH, sólo tres elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional están en prisión, de los 14 detenidos presuntamente vinculados a la desaparición de los 43 normalistas.
Se trata del capitán José Martínez Crespo y los sargentos Eduardo Mota Esquivel y Fabián Alejandro Pirita Ochoa.
El general José Rodríguez Pérez, entonces comandante del 27 Batallón de Infantería con base en Iguala, fue el militar de mayor rango detenido durante las pesquisas del caso señalado por su presunto vínculo con el grupo criminal Guerreros Unidos y por haber ordenado el asesinato de 6 de los 43 desaparecidos.
Sin embargo, en julio de este año salió de prisión luego de obtener el beneficio de libertad condicional y tras pagar una fianza de 50 mil pesos para seguir su proceso en libertad.
También siguen su proceso en libertad por delincuencia organizada, desde mayo pasado, los militares Gustavo Rodríguez de la Cruz, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Eloy Estrada Díaz, Juan Sotelo Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Santiago Muñoz Pilo, todos integrantes del 27 Batallón de Infantería detenidos en junio de 2023 y a quienes se les concedió cambiar su medida cautelar de prisión preventiva a libertad provisional.
En el segundo Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad, publicado en septiembre de 2023, se dio cuenta que 51 órdenes de aprehensión estaban pendientes de cumplimentarse, de las cuales seis eran contra miembros de las Fuerzas Armadas.
Los padres de los normalistas, diversos activistas y expertos han señalado que los militares tienen respaldo del Gobierno y de la Sedena a pesar de los cargos que hay sobre ellos.
El reporte de AMLO
El jefe del Ejecutivo entregó el pasado 8 de julio un reporte personal a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos, donde reconoció la responsabilidad del Estado en la desaparición por la omisión y fabricación de la llamada ‘verdad histórica’ por parte de funcionarios, al tiempo que indicó que los señalamientos que apuntan al Ejército mexicano sólo buscan debilitar a esa institución.
En su hipótesis de 21 hechos, el mandatario plantea que no se ha encontrado “absolutamente nada” sobre la participación directa del Ejército en el crimen de Iguala, insiste que los militares ya entregaron toda la información que tienen, pese a que padres y madres de los 43 reprochan que faltan al menos 800 folios militares y otros documentos que podrían servir para la ubicación de sus hijos.
“No hay duda de la responsabilidad del Estado, ya sea por omisión, ocultamiento y fabricación de la llamada ‘verdad histórica’ de los funcionarios federales, estatales y municipales involucrados, pero el señalamiento al Ejército, sin pruebas, me produce mucha desconfianza y sostengo que podría obedecer a un afán de venganza de personas o instancias del extranjero para debilitar a una institución fundamental del Estado mexicano”, apuntó el mandatario.
Las revelaciones
En tanto, el documental “Los 43 de Ayotzinapa: Un Crimen de Estado”, estrenado este mes de septiembre en la plataforma de streaming Max, hace algunas nuevas revelaciones.
A través de cinco episodios, el documental presenta una investigación profunda que expone nuevs hallazgos y analiza las complejidades del caso con testimonios de periodistas, expertos, familiares y sobrevivientes.
Entre los testimonios están el de Tomás Zerón, Miguel Ángel Osorio Chong y Yazareth Abarca, hija de José Luis Abarca, quien era alcalde de Iguala durante los hechos.
Yazareth habló por primera vez sobre el caso y reveló que su padre se intentó suicidar antes de ser detenido junto con María de los Ángeles, su esposa, en noviembre de 2014, captura en la que, afirma, participaron más de 100 policías.
Además, el expresidente Peña Nieto y el exprocurador Jesús Murillo visitaron en prisión a Erick Uriel Sandoval Rodríguez, apodado falsamente como ‘La Rana’ y acusado injustamente por el caso al ser señalado como un líder del grupo criminal Guerreros Unidos.
También los padres y madres revelan que autoridades les ofrecieron hasta un millón 200 mil pesos tras la desaparición de sus hijos, pero ellos no aceptaron porque sólo buscan justicia.
“Pensaron que como somos campesinos no íbamos a buscar a nuestros hijos. Se equivocaron con nosotros”, expresa Cristina Bautista, mamá del estudiante Benjamín Ascencio Bautista, al dar su testimonio en el documental.
Asimismo, el padre de uno de los jóvenes heridos del equipo de futbol Los Avispones, cuyo camión también fue atacado la noche del 26 de septiembre del 2014 al ser confundido, asegura que se encontró a militares que llevaban personas apiladas en camiones, lo cual confirmaría la versión del involucramiento del Ejército en los hechos.
La deuda con padres de los 43
Andrés Manuel López Obrador prometió en su campaña por la Presidencia de la República en 2018 resolver el crimen, pero durante su sexenio no ha habido avances tangibles para conocer la verdad y a días de que termine su sexenio, la promesa quedará incumplida, pues incluso en su último informe de Gobierno admitió que el caso es una “asignatura pendiente”.
El mes pasado familiares de los normalistas dieron por terminadas las reuniones que mantenían con el presidente para revisar avances del caso, donde lo señalaron por cerrar filas con el Ejército y quedar en deuda con las víctimas.
El abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, señaló que en las primeras reuniones de este sexenio sí hubo avances en la indagatoria. No obstante, se detuvieron cuando se involucró al Ejército en 2022. Desde entonces, acusó, la relación con los padres se volvió hostil y dejaron de tener novedades sobre el caso.
Hoy no les queda más que la esperanza de que en el próximo gobierno que encabezará Claudia Sheinbaum se reactive la investigación, pues no pierden la fe de conocer algún día el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
