La Constitución Política restringe la participación del Ejército en actividades civiles como la seguridad pública
«Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos los traicionan»
REDACCIÓN VOCERO
CDMX.- A pesar de que la a Constitución Méxicana establece una limitante respecto al uso de las Fuerzas Armadas en funciones ajenas a su naturaleza, plasmado en el artículo 129, que restringe su participación en actividades civiles como la seguridad pública, y de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó en 2023 la reforma que permitía el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena, nuevamente en el Congreso se discute la misma reforma en la que insiste el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, por lo que se prevé pase lo mismo en el Senado la próxima semana.
Al aprobarse la iniciativa presidencial para que la Guardia Nacional pase a formar parte de las Fuerzas Armadas militares, los diputados de Morena coincidieron en que eso no es una militarización, mientras que los legisladores de oposición aseguran lo contrario ya que las actividades civiles, como lo es la seguridad pública, no la deben realizar los elementos del Ejército, ya que su formación nada tiene que ver con una policía de proximidad y su presencia en las calles significará miedo y opresión, más que seguridad en el país.
La idea de pasar a la Guardia Nacional no era la que tenía originalmente el presidente López Obrador, pues hace años que se oponía a eso. Sin embargo, en su mandato dijo que cambió de parecer, por lo que la iniciativa ya había sido votada en la Legislatura pasada a favor de la militarización, sin embargo en abril de 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del decreto que ordenaba la transferencia administrativa y operativa de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahora a punto de terminar su sexenio, AMLO insistió en la misma reforma que ahora pasa al Senado donde al parecer la oposición no podrá frenarla.
El pasado 19 de septiembre, con la mayoría calificada de 362 votos a favor, 131 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen por el cual se reforman 12 artículos de la Constitución Política, a fin de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
En la tribuna, la diputada panista María Josefina Gamboa Torales afirmó que la nueva realidad con la reforma será la de militarizar, de impunidad a los cárteles, de persecución política y de imposición y restricción a las y a los ciudadanos, pues el Ejército se ha convertido en multifacético, pues ya no se sabe si es una institución castrense, agencia aduanal, aerolínea comercial o constructora paraestatal, y su formación nada tiene que ver con una policía de proximidad.
La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (MC) apuntó que la reforma pretende suprimir el límite democrático que la Constitución Política establece respecto al uso de las Fuerzas Armadas en funciones ajenas a su naturaleza, límite plasmado en el artículo 129, el cual restringe su participación en actividades civiles como la seguridad pública. “De ser aprobada, presentará una militarización absoluta y permanente de la seguridad pública a nivel federal”.
Mientras que Iraís Virginia Reyes De la Torre, diputada de MC, subrayó que la ausencia de una verdadera estrategia de seguridad ha provocado el incremento de la violencia, por lo que militarizar a la Guardia Nacional representa un retroceso. Durante años se ha trabajado para crear instituciones civiles fuertes, transparentes, responsables y al desviar su control hacia instancias militares se despoja a la sociedad civil de su voz y poder. “La historia ha demostrado que un Estado militarizado no es sinónimo de seguridad, sino de miedo y opresión”.
Andrés Mauricio Cantú Ramírez, diputado del PRI, consideró que la seguridad pública debe estar a cargo de quienes entiendan las necesidades de la gente que desea expresar su confianza en las instituciones, por lo que no se debe confundir el papel del Ejército con el de una fuerza civil que tiene que garantizar la seguridad de la ciudadanía.
El diputado Federico Döring Casar (PAN) citó una frase de Benito Juárez: «malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos los traicionan». Lo que propone el presidente López y Morena a través de este dictamen, es llevar a la Constitución Política su luna de miel con el Ejército y el fracaso de la Guardia Nacional, pues es el peor fracaso que ha habido en la materia. Cuando se combate la inseguridad con propaganda no hay resultados.
Agregó que su grupo parlamentario vota en contra, pues no avala iniciativas que dan continuidad a la mediocridad y al fracaso, son el partido del huachicol y el fentanilo, han pactado con el narco y quieren resolver con pura propaganda.
José Guillermo Anaya Llamas, diputado del PAN, mencionó que actualmente el país se encuentra sumido en la peor crisis de inseguridad con seis años de una estrategia fallida de dar abrazos a los que den balazos, lo que ha resultado una gran tragedia y un fracaso para todos los mexicanos. Recalcó que en el último sexenio se han registrado más de 200 mil homicidios doloso, debido a que no existe una estrategia de coordinación entre el Gobierno Federal, los estados y los municipios.
A su vez, el diputado Mario Calzada Mercado (PRI) precisó que la reforma propone integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, transformándola de una institución civil a una de carácter militar, lo que plantea serias implicaciones para la seguridad y estabilidad del país. “La Guardia fue creada porque el Estado requería una respuesta eficaz ante la crisis de seguridad pública que había, pero a casi 6 años de su creación, los resultados han sido decepcionantes”.
Mientras que la diputada Verónica Martínez García (PRI) destacó que la reforma busca militarizar la seguridad pública, la cual no es la vía para devolver paz al país. “Esperamos que la nueva estrategia de seguridad que presente la próxima presidenta de México considere fortalecer la coordinación de las policías locales con las Fuerzas Armadas, destinar presupuesto y desarrollar políticas públicas de prevención del delito que permitan trabajar en la reconstrucción del tejido social”.
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