No se han evaluado las consecuencias, advierte el constitucionalista Francisco Burgoa
CDMX.- Con la Reforma al Poder Judicial «nos enfrentamos a una grave crisis democrática y constitucional cuyas repercusiones aún no se han evaluado completamente» y preocupa la situación alarmante que se avecina ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no tendrá independencia, será un poder electo con perfiles politizados o con cercanía a Morenam advirtió el abogado constitucionalista, Francisco Burgoa.
Al aprobarse fast track la reforma al Poder Judicial en el Congreso federal, sólo falta que 17 Congresos estatales la aprueben para que la iniciativa de reforma tenga efectos luego de ser publicada en el Diario Oficial.
El catedrático de la UNAM dijo que es profundamente preocupante que, por primera vez en la historia de México, la oposición en ambas Cámaras no tendrá el 33% necesario para presentar acciones de inconstitucionalidad.
En la Cámara de Diputados, dada la sobrerrepresentación del oficialismo, anuló a la oposición, y ahora, con la decisión del senador panista, Miguel Ángel Yunes, de votar con Morena, también el Senado pierde la legitimidad para defender la Constitución, a través de las acciones de inconstitucionalidad.
Burgoa agregó que esto deja al país en una situación alarmante, ya que la mayoría oficialista podrá aprobar leyes contrarias a la Constitución sin posibilidad de ser impugnadas, a través de las acciones de inconstitucionalidad.
Claro -agregó- eso sin considerar que la nueva SCJN ya no tendrá independencia al ser electa por el voto popular con perfiles politizados o con cercanía a Morena. Bueno, nos queda el juicio de amparo cuyas suspensiones ya no tendrán efectos generales y pronto, los jueces tampoco tendrán independencia.
A raíz de que le surgió la idea al presidente López Obrador de que los miembros del Poder Judicial sean electos de una tómbola y del voto popular, se provocó el descontento no sólo de trabajadores del Poder Judicial, sino de instituciones de educación superior, de empresarios, de barras de abogados nacionales e instancias internacionales como la ONU, Human Rights Watch, la Asociación Internacional de Abogados, así como entre los socios comerciales de Estados Unidos y Canadá, quienes han alertado sobre la posible intromisión del Ejecutivo y de grupos delictivos en las próximas elecciones de jueces.
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