Legisladores la calificaron como inoperante y regresiva, sólo fruto de la venganza del Ejecutivo
Por Bárbara Heredia
CDMX.- Luego de un debate de más de cinco horas, con 22 votos de diputados a favor y 17 en contra se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales el proyecto de ley de la reforma al Poder Judicial, promovido por el presidente López Obrador.
Así, la iniciativa apoyada por Morena y sus partidos satélite avanza para ser discutida en la Cámara de Diputados en el periodo de sesiones ordinarias que inicia el 1 de septiembre de 2024, a pesar de las manifestaciones en contra no sólo de los trabajadores del Poder Judicial, sino de organizaciones nacionales e internacionales y los propios socios comerciales de Mexico en el Tratado de Libre Comercio del Norte, entre otras voces.
En la exposición de motivos, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira Valdez, informó que la votación de la reforma es un riesgo para el Estado mexicano, es inoperante, antidemocrática, injusta, imprudente, que sólo lesiona el pacto federal.
Advirtió que de concretarse esta reforma habrá una crisis institucional con la intervención de poderes fácticos, entre ellos el capital y la delincuencia organizada.
La fracción de diputados del PRI aseguró que el dictamen de reforma al Poder Judicial es una venganza, por ello la intención de Morena y sus aliados es desaparecerlo, eliminar su autonomía e independencia, decisión que también afecta a los poderes judiciales locales.
En su oportunidad, el diputado Marco Antonio Mendoza afirmó que esta reforma es una vendetta en contra del Poder Judicial porque un juez federal ordenó vacunar a niñas y niños de 12 a 17 años de edad durante la peor gestión de la pandemia de Covid-19 en el mundo. Agregó que otros jueces ordenaron parar el tramo 5 Sur del Tren Maya, el traspaso de Afores al fondo de pensiones y la suspensión de la reforma eléctrica.
Agregó que son una vergüenza las y los legisladores de Morena acabando con una tradición jurídica de años, de respeto a los derechos humanos, con los efectos que quieren y que son regresivos en el juicio de amparo. Por esta razón, externó si quieren una verdadera reforma al sistema de justicia vamos por los procedimientos, por la actuación del Ministerio Público, de las procuradurías, de los peritos, de la defensoría pública en favor de la ciudadanía, porque estos cambios son regresivos.
Son múltiples las voces que se manifiestan en contra de la reforma al Poder Judicial de López Obrador, quien a pesar de que termina su sexenio el 30 de septiembre quiere preservar su mandato.
Los primeros en manifestarse en contra de la iniciativa fueron los propios trabajadores del Poder Judicial, que mantienen una huelga inédita como protesta en el país por la reforma que pretende elegir por voto a los juzgadores y mediante tómbola, termina con la carrera judicial, minimiza la experiencia laboral y capacitación, además de eliminar los fideicomisos de los trabajadores.
También los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, a través de sus embajadas, han advertido de las preocupaciones de los inversionistas por esta y otras reformas del Gobierno de López Obrador, como la eliminación de órganos reguladores autónomos, como el INAI, la Comisión Reguladora de Energía y la Cofetel.
De igual forma, calificadoras internacionales como Fitch y entidades como CitiBanamex o Morgan Stanley han alertado sobre el riesgo de aprobar las reformas propuestas por el presidente, en particular la del Poder Judicial.
Además han sumado sus voces en contra de esa reforma empresarios asociados en la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial de México, así como la Cámara de COmercio Canadá y México y la American Chamber.
Mientras que organismos del mundo como la Asociación Internacional de Jueces, con sede en Roma; la Organización de Naciones Unidas en su rama de Derechos Humanos, y la Federación Latinoamericana de Magistrados han manifestado su preocupación por la reforma judicial, porque vulnera la idependencia del Poder Judicial en México, la cual que debe preservarse como derecho ciudadano y garantía del correcto funcionamiento del Estado constitucional y democrático.
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