La ministra Margarita Ríos-Farjat, reconoce la importancia de una reforma judicial, pero crítica la actual propuesta oficialista. Según Ríos-Farjat, el voto popular no garantiza la competencia en todos los ámbitos.
En su columna «Una reforma justa y posible, publicada en Milenio, dijo que la reforma promovida por AMLO no es de «justicia sino una centrada en la situación de la clase judicial actual por otra, electa por voto popular».
No elegimos a pilotos o cirujanos por voto popular, y lo mismo debería aplicarse a los jueces, cuya labor requiere formación técnica y profesional.
Dijo que cambiar a los jueces sin un diagnóstico claro no solucionará los problemas del sistema de justicia. Simplemente reemplazar a los jueces actuales por otros electos no garantiza una mejora en la calidad de la justicia.
La ministra, que fue propuesta por López Obrador, rediereq que la actual reforma que se discute no evitará la corrupción ni la impunidad en el entramado de justicia que no sólo incluye jueces, fiscalías y tribunales sino también las fiscalías, procuradurías y comisiones admnisitrativas.
Propuestas de la ministra.
1. Justicia local: Los estados deben tener jueces de primera instancia elegidos por examen y magistrados ascendidos. Una reforma al artículo 116 constitucional podría facilitar esto, usando incentivos fiscales para mejorar las prácticas judiciales y asegurar estabilidad financiera.
2. Capacitación judicial: La Escuela de Formación Judicial debería capacitar a profesionales de poderes judiciales locales, fiscalías y comisiones de derechos humanos, elevando la calidad de la burocracia y certificando a la abogacía.
3. Trabajo social para jueces: Futuros jueces deberían incluir un año de trabajo social jurídico en defensorías públicas y comunidades marginadas, dotándolos de mayor sensibilidad y compromiso social.
4. Asesoría jurídica gratuita: La defensoría pública podría coordinarse con universidades para que jóvenes abogados ofrezcan ayuda legal en zonas marginadas, previniendo problemas legales y formalizando acuerdos.
5. Jueces mediadores: Electos por voto popular, estos jueces resolverían problemas cotidianos de convivencia y servicios públicos, desahogando la carga jurisdiccional y promoviendo medios alternos de solución de controversias.
6. Educación y tecnología: Formar en principios y valores, difundir el quehacer judicial de forma pedagógica y promover mecanismos de justicia abierta para fortalecer las instituciones y la prosperidad del país.
