Adrián García Aguirre / Bacalar, Q. Roo
*Daños irreversibles por el Tren Maya
*El tren de la 4T alcanzó negativamente a ese municipio.
*Turistificación creció el 750 % en un antiguo paraíso.
*Para el campesino, devastar la selva no es prosperidad.
*El turismo de masas da la espalda a la población.
En un recorrido de trabajo por la bellísima y agredida laguna de Bacalar, que alberga al mayor arrecife de estromatolitos de agua dulce del mundo, lugareños preocupados denunciaron que la turistificación, la agroindustria y las actividades antropogénicas ponen en riesgo a este ecosistema.
Luego de que, en julio de 2006, el gobierno federal de Vicente Fox otorgara el status de “Pueblo Mágico” a Bacalar, lo que siguió fue un sinfín de promesas incumplidas de desarrollo económico para las familias locales.
Lo que nunca se dijo es que las fabulosas ganancias prometidas quedarían en poder de empresarios hoteleros y gastronómicos con el respaldo económico suficiente para adquirir amplios terrenos junto a la laguna.
El proceso de turistificación acelerada del municipio que inauguró la categorización de “Pueblo Mágico” asignada a Bacalar hizo del sitio otro integrante del proyecto “Grand Costa Maya” que, sobre todo a escala internacional, promovió el hoy extinto Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo y que también incluía a Chetumal y Mahahual.
En unos años, Bacalar dejó de ser pueblo mágico y un destino turístico de peso en determinado momento vacacional, para consolidarse como un área de visita permanente, con promedios anuales del orden de los 180,000 turistas.
En los primeros catorce años de vigencia del rótulo de “Pueblo Mágico”, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el flujo de visitantes que recibió el pueblo aumentó un sorprendente e increíble 750 %.
Pero el tenor de este incremento lejos estuvo de fortalecer la economía local, y en ese sentido, investigaciones como la desarrollada por la doctora Giovanna Gasparello dan cuenta de cómo los procesos de turistificación en Quintana Roo mantienen un vínculo estrecho con el ascenso de la violencia criminal en la llamada “Riviera Maya”, con alcance a la zona urbana y rural del sur del estado.
A ese escenario se sumó, ya durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el proyecto federal del Tren Maya, el cual acentuó los procesos de desposesión y despojo de la tierra y, simultáneamente, instauró un programa de reordenamiento territorial mediante el impulso de un corredor regional.
“El tren irrumpe en el territorio maya peninsular como un proyecto que continúa la colonización. ¿Qué significa esto? Que le arrebata tierras a las comunidades mayas. Viene a hacer eso que llaman reordenamiento territorial.
“Nos quitan porque saben que convivimos de otra forma con la tierra. Para nosotros devastar la selva no es prosperidad. Vienen a quitarnos nuestra agua, nuestra tierra, nueva vida en general”, explica un miembro de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muuch Xiímbal.
El proyecto del Tren Maya abarca tres ámbitos: turismo, transporte de personas y movimiento de carga, y según el colectivo GeoComunes, el último de estos “vagones” articulará la producción agroindustrial y la industria cárnica a partir del movimiento de productos hacia los puertos de exportación.
El empresariado de las granjas porcícolas y avícolas, así como los actores de la industria y la siembra de transgénicos y otros cultivos intensivos -por ahora jubilosos por las promesas- estarán entre los principales beneficiados de la iniciativa ferroviaria construida sin estudios de impacto ambiental.
Del otro lado se ubican las comunidades mayas, totalmente omitidas en los procesos de decisión y excluidas de forma intencional de los mecanismos de consulta que establecen leyes locales y los distintos acuerdos internacionales rubricados por México y el gobierno de la 4T, habituado a no cumplir lo que ofrece.
Una prueba de esto último tuvo lugar durante el segundo semestre de 2019 cuando el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) realizaron una consulta dirigida a los ejidos que incumplió estándares a los que adhiere el país.
“… la Oficina observó que la convocatoria, el protocolo y la información presentada sólo hacían referencia a los posibles beneficios del proyecto y no a los impactos negativos que pudiera ocasionar”.
Esto expresó respecto de este procedimiento la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en un comunicado divulgado a mediados de diciembre de ese año.
“Durante las sesiones observadas, en diversas ocasiones las personas participantes preguntaron sobre dichos impactos sin obtener una respuesta clara y completa. La ausencia de estudios sobre los impactos ambientales o la falta de difusión de los mismos, dificulta que las personas puedan definir su posición frente al proyecto de manera plenamente informada.
“No obstante esta circunstancia, desde las autoridades se avanzó poco o escasamente a la etapa consultiva de un proceso que casi siempre evade compromisos con la ciudadanía de las región sur-sureste de México”, añadió la entidad de la ONU-DH.
 
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