Según los economistas, las promesas de campaña de los candidatos más probables de triunfar son prácticamente inviables, dadas las condiciones en que está dejando la economía nacional este gobierno. Como la propuesta de la candidata de Morena es básicamente una continuación de la política de la administración actual, es decir, centralizar en el gobierno las decisiones y la economía, estimular el consumo a través de los subsidios sociales y restringir al máximo el gasto programable a través de la austeridad, aun con el deterioro de servicios públicos indispensables como en salud y educación, convendría analizar las propuestas de Xóchitl Gálvez en cuanto a su viabilidad y la fuente de recursos para ello.
1. Xóchitl propone sostener los mismos programas sociales e incrementar el de adultos mayores, el de becas, estancias infantiles y los diversos programas a sectores vulnerables como discapacitados, niños, familias, mujeres, etc.
2. Propone también impulsar la generación de empleos apoyando las medianas y pequeñas empresas para aumentar el empleo formal.
3. Favorecer la creación de empresas y empleos, eliminando trabas y trámites.
4. Promover la inversión extranjera directa otorgando seguridad jurídica y política.
5. Combatir la corrupción y la ineficiencia rescatando las instituciones ciudadanas de vigilancia, control y evaluación del desempeño gubernamental.
Como los candidatos no se han referido a alguna reforma fiscal para obtener más ingresos para el gobierno, los recursos tienen que provenir de otras fuentes:
1. En primer lugar del comercio internacional que ya se tiene con el TMEC y que puede y debe incrementarse. Para darse una idea, de 2018 a 2023, en seis años, las exportaciones de México fueron 2 billones 430 mil millones de dólares y las importaciones totalizaron 1 billón 331 mil millones de dólares, lo cual dejó un superávit de 1 billón 99 mil millones de dólares en la economía del País. Esto se puede mejorar significativamente favoreciendo la creación de más empresas extranjeras; que a su vez generarían más empresas nacionales. Para esto se requiere de mejores servicios públicos en energía, carreteras y seguridad.
2. Según declaraciones del Subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, en la Convención Bancaria, “las obras insignia prácticamente están terminadas y parte de la deuda pública está refinanciada”, por lo que ese enorme gasto en el Tren Maya (16 mil millones de dólares); en la refinería de Dos Bocas (otros 12 mil millones de dólares); el aeropuerto Felipe Ángeles y el ferrocarril y puertos del Istmo de Tehuantepec, se liberarían más de 30 mil millones de dólares para inversión pública productiva y generadora de empleos e impuestos para el gobierno.
3. De acuerdo con la columna de Leonardo Curzio en El Universal, México ha desaprovechado un auténtico “Plan Marshall” como el que proporcionó Estados Unidos a Europa para levantar las devastadas economías por la segunda guerra mundial cuyo importe, ya actualizado, ascendió a 147 mil millones de dólares. “La economía mexicana ha recibido en el sexenio de López Obrador, 250 mil millones de dólares en remesas en cinco años, hasta 2023, es decir más de 100 mil millones de dólares más que ese Plan Marshall”; ingresos que tampoco se han capitalizado, sino que se han consumido en su mayor parte, debido a la falta de alternativas, educación financiera y empresarial.
4. Para aprovechar el llamado nearshoring y captar el auge empresarial que se puede venir, nada más por capacidad eléctrica habría que “incorporar más de 37 gigawatts que cuestan 41 mil 500 millones de dólares”, según la Asociación Mexicana de Energía.
La solución para esto está en las vilipendiadas asociaciones público-privadas, de manera que la iniciativa privada, nacional y extranjera, junto con el gobierno, inviertan en el desarrollo del sector energético, pero también en carreteras, puertos, aduanas y servicios públicos y en general para todo lo que no se cuente con los ingresos gubernamentales suficientes.
Esto detonaría exponencialmente el crecimiento de la economía nacional, la generación de empleos formales, se obtendrían más impuestos para el gobierno que se invertirían en educación, salud y servicios públicos urbanos y rurales.
Para todo esto se requiere un gobierno honesto que proporcione orden y seguridad social y jurídica.
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