CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables aprobó con 21 votos a favor su opinión en sentido positivo, con observaciones, a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de bienestar, presentada por el titular del Ejecutivo Federal.
La presidenta de la instancia legislativa, diputada Gabriela Sodi (PRD), detalló que la opinión no es exclusiva de la secretaría técnica de la Comisión, sino de todos los grupos parlamentarios; se elaboró una propuesta que contiene los resolutivos del foro que se realizó a solicitud de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en Quintana Roo.
Indicó que se recibieron oficios de opiniones, observaciones y consideraciones particulares de las diputadas María Asención Álvarez Solís (MC), Norma Angélica Aceves García (PRI) y María Clemente García Moreno (Morena).
Mencionó que, en lo particular, externó observaciones a las numeralias para las personas con discapacidad, que cuentan con un universo de 20 millones de personas, de las cuales, siete millones tienen discapacidad severa y 13 millones con discapacidad limitativa.
La diputada Sodi resaltó que la opinión se hará llegar a la Comisión de Puntos Constitucionales, que es la que encabeza la dictaminación de la iniciativa.
En tanto, la diputada Norma Angélica Aceves García (PRI) señaló que, de acuerdo con el Comité sobre de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la obligación del Estado mexicano es implementar una política de inclusión a través de adecuaciones estructurales y sistemas de apoyo focalizados.
Recordó que en 2019 se creó la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, cuyo objetivo es fortalecer el bienestar y disminuir la brecha de desigualdad, por lo que consideró que, si se les quita este apoyo y se les brinda la pensión para adultos mayores al cumplir los 65 años, se les dejaría en desventaja en relación con quienes no viven con discapacidad.
Por el PAN, el diputado Octavio Arellano Orozco expresó que su voto sería a favor, toda vez que está de acuerdo con esta medida que beneficia a las personas adultas mayores; no obstante, pidió que no se condicionen estos programas y que su manejo sea transparente.
Enfatizó que para que se concrete esta propuesta es necesario que se garantice la solvencia física y recursos, lo cual permitirá que se ejecute la entrega de este apoyo que busca beneficiar a las personas con discapacidad.
La iniciativa busca, entre otras cosas, que la Federación y los estados garanticen la entrega de una pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente menores de 65 años; establecer que el Estado garantizará la rehabilitación y habilitación de las personas que viven con discapacidad permanente, principalmente las personas menores de 18 años, de acuerdo con los términos que fije la ley.
Asimismo, reduce la edad para recibir del Estado la pensión no contributiva de las personas adultas mayores de 68 años a 65 años, menciona que el Estado destinará anualmente los recursos presupuestarios suficientes, oportunos y adecuados, conforme al principio de progresividad y no regresión, para garantizar el ejercicio de los derechos establecidos que impliquen la transferencia de recursos directos para la población.
Precisa que el monto de los recursos asignados no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
Destaca que, el Estado garantizará, en los términos que fije la ley, la entrega de un jornal seguro, justo y permanente a campesinos que cultiven sus tierras sembrando árboles frutales, maderables y especies que requieren ser procesadas, conforme a las disposiciones aplicables; un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a productores de pequeña escala, y un apoyo anual directo a pescadores de pequeña escala.
AM.MX/fm
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