Por EDGAR GONZALEZ MARTINEZ
El Senado mexicano increpó a la Corte Suprema de Estados Unidos por negarse a bloquear una ley que permite al estado de Texas discriminar y criminalizar a las personas migrantes; en México, dijo la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, levantamos la voz para denunciar y condenar este tipo de acciones autoritarias, basadas en la ignorancia, el odio y la xenofobia.
Además, dijo, Texas es un estado donde la comunidad latina representa el 40.2 por ciento de la población, en el que los inmigrantes constituyen casi una cuarta parte de la fuerza laboral estatal. La contribución de los hispanos para Texas es fundamental para el ingreso interno bruto del estado; generan 465 mil millones de dólares. Y la comunidad de origen mexicana, más de 10 millones de personas, que residen en Texas, contribuyen a diversos sectores de la economía texana, como mano de obra en la agricultura, la construcción, la manufactura y los servicios, y consumo de bienes y servicios.
El presidente Andrés Manuel López Obrador -recordó la Senadora- ha reiterado la urgencia de atender las causas y elaborar programas en conjunto, con los países de origen de los migrantes, para generar empleo digno, seguridad social y bienestar colectivo. México debe continuar en este camino. Por ello, el Senado de la república hace eco del derecho legítimo de la protección como prioridad del Estado mexicano para con nuestra comunidad en Estados Unidos y para establecer sus propias políticas de internación a su territorio.
Muy activa la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.
El organismo que preside Juan Patricio Riveroll, presentará este jueves, 5 ejes temáticos que abordan áreas críticas como el acceso a la salud con calidad, la protección a víctimas de siniestros viales, la resiliencia ante desastres, la protección económica para el retiro y la promoción de seguros inclusivos.
En materia de acceso a la salud, la AMIS propone la regulación homogénea para el sector público y privado para garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a servicios de salud de calidad, reduciendo así el gasto de bolsillo.
En el área de protección a víctimas de siniestros viales, la Asociación propone medidas como la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil vehicular y la inclusión de mecanismos de fiscalización para garantizar la protección a todas las víctimas de siniestros viales.
Asimismo, busca fortalecer la resiliencia ante desastres naturales, con la promoción del seguro agrícola y el impulso de mecanismos de aseguramiento voluntario en empresas y familias.
Además de promover planes personales de retiro, para que las personas puedan disfrutar de un retiro digno.
Finalmente, el quinto eje resalta la importancia de promover seguros inclusivos que puedan llegar a todos los segmentos de la población, especialmente a aquellos más vulnerables.
La COFECE pasó de vigilar las condiciones de la libre competencia a la acción.
El organismo publicó un estudio mediante el cual analizó las condiciones de competencia y libre concurrencia en los mercados de producción, distribución y comercialización de la carne de res. El organismo identificó que hay regulaciones federales, estatales y municipales que obstaculizan la competencia en diferentes eslabones de la cadena productiva de carne de res, perjudicando a los consumidores.
Precisamente la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece o Comisión) publicó un estudio mediante el cual analizó las condiciones de competencia y libre concurrencia en los mercados de producción, distribución y comercialización de la carne de res. Como parte de la nueva fase de la política de competencia, la Comisión recomendó implementar varias acciones para eliminar obstáculos regulatorios, modernizar la producción y fomentar el consumo informado, de modo que, a partir de un mercado más competitivo, las familias mexicanas tengan acceso a carne de mayor calidad y a mejores precios.
De acuerdo con el INEGI, la carne de res es uno de los alimentos más buscados por las familias mexicanas; sin embargo, particularmente las familias de menores ingresos no pueden consumirla en la misma medida que las familias de mayores ingresos.
Entre las principales recomendaciones, destaca:
Reformar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley de Organizaciones Ganaderas y la Ley Federal de Sanidad Animal; y que el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria busque incidir sobre la normatividad de 31 entidades federativas para quitar obstáculos regulatorios y eliminar permisos de movilidad del ganado y productos derivados a nivel estatal, puesto que ya hay permisos federales. Eliminar esta doble regulación conllevaría un beneficio de entre 20 y 57 mil millones de pesos anuales para los mexicanos.
Que Profeco implemente campañas de divulgación para que los consumidores y los comercializadores reconozcan las características de calidad e inocuidad de la carne y se haga un manejo adecuado del producto. Con mejor información, los precios se ajustan para reflejar la diferente calidad y los hogares podrán tomar mejores decisiones de compra.
Diseñar estrategias para mejorar la tecnología y modernizar los rastros municipales y no-TIF, de tal modo que alcancen una certificación equivalente a la TIF. De esta forma, se permitirá la entrada de pequeños ganaderos y se logrará que más rastros procesen carne de alta calidad e inocuidad, permitiendo que más personas puedan acceder a carne de res de calidad.
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