El Tren Maya pasará a manos de militares en la totalidad de los bienes muebles, inmuebles, tangibles, intangibles, recursos presupuestarios, materiales y financieros
Por Alejandro May
El Tren Maya no será una obra para el pueblo, será para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que se encargará de su manejo, explotación y administración de lo que se recaude por los paseos a turistas y por la carga que transporte; todo a partir del 12 de septiembre 2024, de acuerdo con el decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien también ese mes dejará su cargo y deberá salir del Palacio Nacional donde habita con su familia.
En tanto que las zonas arqueológicas y sus centros de atención a visitantes, quedarán bajo control del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), de acuerdo con el decreto presidencial publicado este 2 de marzo 2024.
El tren del pueblo no es elitista, pero se puso en marcha preferentemente para el turismo, también por clases: el costo por boleto es de 1,166 pesos para Clase Turista o de 1,862 pesos para Clase Premier, por lo que los habitantes de los poblados de la península de Yucatán por donde pasa el tren, no podrán subirse gratis, mucho menos transportar sus cosas si no pagan el costo, que para ellos es muy oneroso.
Según el decreto presidencial publicado en Diario Oficial de la Federación, el Tren Maya es el más importante proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo del presente sexenio. Tendrá un recorrido de mil 525 kilómetros, pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo e interconectará las principales ciudades y sitios turísticos de la Península de Yucatán…
El decreto establece que pasarán a manos de militares la totalidad de los bienes muebles, inmuebles, tangibles, intangibles, recursos presupuestarios, materiales y financieros, así como los derechos y obligaciones adquiridos para el desarrollo del mismo, incluidos los Centros de Atención a Visitantes, los bienes relacionados con el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, y de la infraestructura pública desarrollada para el alojamiento y hospedaje.
Mientras tanto, seguirán operando como hasta ahora las empresas encargadas de obras como el relleno de vías con aserrín con los miles de árboles talados, así como el balasto su transporte y trituración, cuyas empresas, recursos y propietarios se desconocen, ya que esa información es reservada y de seguridad nacional por mandato presidencial. Y «por el bien del pueblo», permanecerá como información reservada durante cinco años.
En la tercera entrega de la Cuenta Pública 2022, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó 785.2 millones de presuntos daños a la Hacienda Pública en auditorías realizadas a la construcción en los siete tramos del Tren Maya, debido a pagos en exceso, deficiente planeación, pagos no justificados por liberar derecho de vía, pagos que no cumplen con lo indicado y falta de acreditación de su programa de vigilancia ambiental.