CIUDAD DE MÉXICO / SemMéxico.- Las fuerzas armadas dejan 4.4 muertos por cada herido cuando participan en un enfrentamiento en este sexenio, mientras que las policías, 2.7, de acuerdo con un nuevo análisis realizado por las organizaciones Data Cívica e Intersecta.
El informe A(r)madas y letales, segunda parte del proyecto Con Copia Oculta, exhibe y compara el abuso de la fuerza de las fuerzas de seguridad castrenses y civiles, para cuestionar con evidencia que los militares sean mejores para encargarse de la seguridad pública y por eso tengan mejor aceptación en la sociedad, argumentos utilizados en la más reciente iniciativa de reforma para militarizar definitivamente a la Guardia Nacional y la seguridad pública.
En general, en enfrentamientos con autoridades el número de personas civiles fallecidas es mayor que el de heridas, lo cual refleja que su uso de la fuerza no es conforme lo que dice la ley, que establece que debería ser el último recurso cuando enfrentan a presuntos delincuentes. Es decir, que más bien tiran a matar.
En los arrestos la violencia sexual en personas privadas de su libertad se observó que la incidencia en arrestos realizados por las fuerzas armadas es mayor que la de las autoridades civiles: cinco de cada diez personas privadas de la libertad que fueron arrestadas por las fuerzas armadas sufrieron violencia sexual durante su detención, en comparación con poco más de 3 de cada 10 de las detenidas por autoridades civiles.
El análisis arroja que durante la actual presidencia de Andrés Manuel López Obrador las fuerzas armadas participan menos en enfrentamientos violentos que cuando gobernaba Felipe Calderón, iniciador de la llamada “Guerra contra el narco”, y ahora las policías estatales son las que se ven más involucradas en estos hechos. Sin embargo, la letalidad de los militares sigue siendo mayor.
“Si un civil fue afectado en un enfrentamiento donde estuvo presente la policía estatal, tiene tres veces más probabilidades de haber fallecido que de haber sido lesionado. El ejército, por el contrario, está presente en menos enfrentamientos que en sexenios anteriores. No obstante, si una persona fue afectada en los enfrentamientos donde el ejército está presente, la probabilidad de que haya fallecido es cuatro veces mayor a que se haya lesionado”, señala el informe.
Su letalidad es también mayor si se comparan las cifras de detenidos, sobre todo si actúan solas y no en conjunto con una corporación policiaca civil: en los enfrentamientos del Ejército la letalidad es de 1.5 fallecidos por detenido, frente a menos de 0.4 cuando en ese evento estuvo presente también otra corporación.
Cabe resaltar que estos resultados se calcularon a partir de datos oficiales que el gobierno mexicano ha integrado con registros de hechos de violencia que atribuye al crimen organizado y su combate. La primera versión la hizo pública la presidencia en 2011 pero luego la eliminó, y dos versiones posteriores han sido filtraciones al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y a finales de 2022 tras el hackeo del colectivo Guacamaya a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El nuevo informe compara además la violencia e irregularidades cometidas por distintas corporaciones al momento de arrestar personas, a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2021. Nuevamente, aunque las fuerzas militares participan en menos detenciones, cuando lo hacen, cometen más abusos.
Una primera diferencia es que las autoridades civiles arrestan con una orden judicial el 19.7% de las veces, mientras que las fuerzas armadas sólo tienen una orden en 6% de los casos y la mayoría de sus detenciones son en flagrancia o después de una inspección.
Las fuerzas armadas ejercen violencia psicológica contra las personas que arrestan el 79.5% de las veces, frente al 66.4% de cuando la detención la hacen autoridades civiles, y aplican violencia física el 67.7%, mientras que las fuerzas civiles lo hacen el 50.6% de veces. Otro abuso notorio es que las fuerzas armadas cometen violencia sexual contra la mitad de las personas que arrestan (49.6%), mientras las civiles lo hacen con una de cada tres (34.3%).
Dado que los datos muestran que las fuerzas armadas siguen siendo más letales y violentas, el informe sugiere que es necesario que mejoren sus mecanismos de rendición de cuentas —como los informes públicos anuales que por ley están obligadas a elaborar— y volver a apostar por el modelo de seguridad con instituciones civiles y no militares, como está establecido actualmente en la Constitución.
Resumen ejecutivo, parte el análisis de la iniciativa presidencial
El 5 de febrero de 2024, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un paquete de iniciativas de reforma que incluye una referente a las fuerzas armadas. De aprobarse esta iniciativa, no solo la Guardia Nacional pasaría a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Fuerza Armada Permanente, sino que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada contarían con la autorización para desempeñar, de manera indefinida, funciones de seguridad pública.
En la exposición de motivos de la iniciativa se esgrimen distintos argumentos para justificar la reforma. Entre ellos, el de la confianza que gozan las fuerzas armadas entre la ciudadanía, particularmente cuando se les contrasta con la policía. Y sí: el Ejército y la Marina son las instituciones de seguridad con mayor “percepción de efectividad”, mayor “percepción de confianza” y menor “percepción de corrupción”. En otras palabras, entre las fuerzas armadas y la policía, la gente prefiere a las fuerzas armadas.
La percepción de la ciudadanía es un componente para considerar al momento de diseñar y evaluar políticas públicas. Sin embargo, dado que las fuerzas armadas no han brindado información suficiente para evaluar su desempeño, es imposible que la ciudadanía cuente con un análisis profundo que atienda las prácticas de estas instituciones. Si la decisión es entre las fuerzas armadas y las policías, ¿qué sabemos sobre cómo se desempeña cada una? ¿Qué sabemos sobre cómo operan efectivamente?
A partir del uso de fuentes oficiales, en este informe ofrecemos un análisis que permite contrastar el uso y abuso de la fuerza que hacen las policías y las fuerzas armadas. Considerando la desproporción que hay entre policías y fuerzas armadas en cuanto a la percepción ciudadana, esperaríamos que, en términos de uso y abuso de la fuerza, las policías fueran sistemáticamente peores que las fuerzas armadas. No obstante, con los indicadores que aquí utilizamos, no encontramos ese patrón. Por el contrario, descubrimos que el abuso de la fuerza, incluida la tortura y la fuerza letal, es igual o incluso más frecuente para los casos en los que se involucran elementos de las fuerzas armadas, comparados con aquellos en los que participan las policías. Más aún; esta tendencia es una constante en el tiempo, a pesar de los cambios de sexenio.
Persiste, incluso, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador: es más común que las fuerzas armadas abusen de la fuerza que las policías.
Nuestro análisis no significa que las policías sean perfectas. De hecho, confirma que también abusan de la fuerza. Es una realidad que tenemos un problema con las policías. Nuestro análisis sí muestra, sin embargo, que las fuerzas armadas tampoco son perfectas. Si se mira su uso y abuso de la fuerza, esa “ventaja comparativa” que se argumenta que tienen, no existe. Por lo tanto, el utilizar a las fuerzas armadas para labores de seguridad pública conlleva riesgos importantes para los derechos humanos. Y estos riesgos no deben obviarse en la discusión pública sobre la iniciativa presidencial. Si tomamos en cuenta que la supuesta superioridad de las fuerzas armadas sobre las policías no es tal y que son iguales o incluso peores en lo que al uso de la fuerza en funciones de seguridad pública se refiere, la elección entre unas y otras deja de ser obvia. Considerando lo anterior, la pregunta es: ¿por qué invertir más en las fuerzas armadas que en las instituciones civiles?, ¿por qué apostar por profundizar la militarización, en lugar de construir una ruta civil?
De manera concreta, en el informe utilizamos tres fuentes de datos de origen gubernamental: la Base CIDE-PPD, la Base Oculta y la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol 2021).
Los hallazgos más relevantes de la Base CIDE-PPD y la Base Oculta
En el informe analizamos la «Base Sexenal del Grupo de Contacto de Alto Nivel para la Atención de la Delincuencia Organizada (Grupo CANDADO)» y la “Base Presidencia”. La primera base forma parte de los correos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que fueron filtrados por el colectivo Guacamaya en septiembre de 2022. Data Cívica e Intersecta la nombramos como la Base Oculta y, después de un proceso de anonimización, la publicamos en el sitio web de Con Copia Oculta en mayo de 2023.2 La “Base Presidencia” fue la única publicación oficial de la “Base Sexenal…”, la cual se dio en respuesta a compromisos adquiridos por el entonces presidente Felipe Calderón durante los Diálogos por la Seguridad al inicio de su mandato. Esta base fue retirada del portal de Presidencia poco después de su publicación, debido a las críticas que recibió. Sin embargo, el Programa de Política de Drogas (PPD) del CIDE, al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, recibió de manera anónima tres bases de datos que incluían registros de eventos violentos ocurridos durante el sexenio de Calderón. Estas bases, validadas por investigadores del CIDE-PPD, se identificaron como actualizaciones de la «Base Presidencia”, ya que compartían objetivos y presentaban similitudes en el lenguaje y las variables utilizadas. En 2016 fueron publicadas con el nombre de la Base CIDE-PPD.3
Tanto la Base CIDE-PPD como la Base Oculta incluyen información sobre eventos que el gobierno relaciona con la presunta delincuencia organizada en los que participaron distintas fuerzas de seguridad, incluidas las policías y las fuerzas armadas. La Base CIDE-PPD abarca el periodo 2007-2011, mientras que la Base Oculta abarca el periodo entre 2017 y 2020. Para los eventos que registran, existe información sobre los civiles que fueron detenidos, lastimados y fallecidos, así como las autoridades que resultaron lastimadas y fallecidas. Con estos datos es posible construir indicadores sobre el posible abuso de la fuerza, incluido el indicador de letalidad. Por ejemplo: ¿en estos eventos es más común que los civiles resulten lastimados o, más bien, que fallezcan?; ¿es más común que los civiles terminen detenidos o fallecidos?; ¿es más común que los civiles mueran o que las autoridades mueran?
¿Qué encontró el informe en relación con la Base CIDE-PPD y la Base Oculta?
Los hallazgos confirman una tendencia preocupante: las fuerzas armadas no se limitan a usar la fuerza como la última alternativa, y cuando la usan, lo hacen de manera desproporcionada. Más aún, la presencia de las fuerzas armadas en enfrentamientos resulta en una mayor letalidad para civiles que la presencia de fuerzas de seguridad civil, patrón que se ha mantenido desde 2007. Sustentamos lo anterior a través de tres indicadores principales.
Primero, calculamos la proporción de civiles fallecidos por civiles detenidos en los enfrentamientos donde participó cada autoridad. Si el indicador es mayor a uno, quiere decir que para los enfrentamientos en los que una autoridad participó, el número de civiles fallecidos supera al número de personas detenidas. Así, esperamos que en el peor de los casos el número de personas fallecidas sea igual que el número de personas detenidas. Esto proporciona un marco de referencia para evaluar la severidad del impacto del uso de la fuerza por parte de las distintas autoridades y resaltar posibles casos de abuso de poder. Al respecto, encontramos:
La Base Oculta muestra que, si se analiza cuántos civiles fallecen por cada civil que es detenido, en los enfrentamientos donde participan las autoridades civiles se detiene a más civiles de los que fallecen (0.88 fallecidos por cada detenido en 2017-2020), mientras que en enfrentamientos con fuerzas armadas pasa lo contrario: el número de civiles fallecidos es mayor que el de personas detenidas (1.21). O sea: en los enfrentamientos en los que participan las fuerzas armadas, es más común que fallezcan personas a que sean detenidas.
Comparando las cifras del indicador entre sexenios, lo que observamos es que, a diferencia de lo que sostiene la iniciativa de reforma constitucional, la proporción de fallecidos por detenidos en enfrentamientos de las fuerzas armadas son muy similares en este sexenio a los anteriores (una proporción de 1 para el sexenio de Calderón, 1.5 con la administración de Peña Nieto y 1 en la actual administración).
En segundo lugar, calculamos la proporción de civiles fallecidos por civiles heridos en los enfrentamientos donde participó cada autoridad. Al igual que el indicador pasado, este nos proporciona un marco de referencia para medir la severidad con la que las autoridades actúan en los enfrentamientos, y esperaríamos que el valor fuese menor a uno.
En el saldo de enfrentamientos tanto de autoridades civiles como militares, se observa que hay más personas fallecidas que heridas. No obstante, al comparar el uso de la fuerza entre autoridades civiles y las fuerzas armadas, encontramos que en eventos donde las fuerzas armadas hacen uso de la fuerza, es más probable que las personas afectadas pierdan la vida en lugar de resultar heridas.
En el período de 2017-2020 se registraron 3.32 fallecidos por cada herido en enfrentamientos con autoridades militares, mientras que para las fuerzas de seguridad civil esta cifra fue de 2.59 fallecidos.
Al comparar entre sexenios, lo que observamos es que los saldos de las fuerzas armadas son más letales en este sexenio que en los anteriores: la proporción es de 4.4 civiles fallecidos por cada civil herido en esta administración, mientras que en el sexenio de Calderón se registró una proporción de 3.9 y con Peña Nieto de 3.3. Más aún, la brecha de letalidad entre las fuerzas de seguridad castrense y civil aumentó para el periodo 2019-2020: pasó de ser 0.7 a 2.1, entre 2017 y 2020. En otras palabras, este indicador sugiere que no solo las fuerzas armadas han sido consistentemente más letales que las civiles, sino que su letalidad adicional ha aumentado durante el sexenio de AMLO.
Por último, realizamos el cálculo de la proporción de civiles fallecidos por agentes fallecidos en los enfrentamientos donde participó cada autoridad. Si el uso de la fuerza por parte de las autoridades en los encuentros con “presuntos agresores” o civiles fuera en defensa propia y que, como lo estipula la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, el nivel de fuerza utilizado fuera acorde con el nivel de resistencia ofrecido por el agresor, esperaríamos que hubiera un balance entre las personas civiles afectadas (heridas o fallecidas) y las autoridades afectadas (heridas o fallecidas).
Si se compara la distribución de las personas fallecidas entre civiles y autoridades, sin embargo, se observa que en los enfrentamientos del Ejército y la Marina casi todas las personas fallecidas son civiles. Entre 2017-2020, el 95% de quienes fallecieron en estos enfrentamientos eran civiles. Más aún: sin importar el sexenio, la presencia del Ejército está ligada a un incremento en el porcentaje de fallecidos que son civiles.
La proporción de civiles fallecidos por autoridad fallecida en enfrentamientos con fuerzas armadas también es más alta en esta administración comparando con las dos anteriores. En específico, mientras que en los sexenios de Calderón y de Peña Nieto por cada autoridad fallecida, se registraron 16.8 y 18.1 civiles fallecidos –respectivamente–, con AMLO la proporción creció a 18.9.
AM.MX/fm
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