TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.- Con el propósito de racionalizar la estructura orgánica de la Administración Pública Estatal, a fin de eficientar los recursos públicos y agilizar la actuación oportuna de sus órganos administrativos, la diputada de Morena Azucena Cisneros Coss propone suprimir el organismo descentralizado denominado Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, dada su notoria inoperancia, para encomendar sus funciones a la Secretaría de la Contraloría, sin crear nuevas estructuras burocráticas innecesarias.
Frente a las y los integrantes de la LXI Legislatura, la representante del pueblo, presentó la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios y se reforma el artículo 47 fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, en relación al Sistema Estatal Anticorrupción.
Durante la exposición de motivos, estableció que la racionalidad, austeridad y no duplicidad de funciones, así como la mejora y modernización de la gestión pública, son principios de la Cuarta Transformación, que tienen como objeto eliminar el burocratismo, la ineficiencia y la corrupción, garantizando el derecho de los ciudadanos a contar con una buena administración pública, transparente, profesional, responsable y eficaz que procure el interés general y combata la corrupción.
A casi 7 años de la entrada en vigor del Sistema Estatal Anticorrupción, afirmó, no existe evidencia sólida a partir de la cual pueda afirmarse que existe un combate a la corrupción más eficiente y efectivo; por el contrario, a pesar de que es claro que el tema central del Sistema Estatal es la corrupción, en el Estado los temas más relevantes en materia de corrupción como el presunto saqueo al ISSEMyM, el desvió multimillonario de recursos públicos, conocido como la Estafa Maestra, las obras inconclusas, entre otros temas, sigan pendientes.
Cisneros Coss, recordó que, de acuerdo con el último informe del Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por la organización Transparencia Internacional, por tercer año consecutivo, México obtuvo 31 puntos, donde 100 sería la mejor calificación posible y cero la peor, siendo el país peor evaluado entre los países que integran la OCDE y es el segundo peor evaluado en el G20 (Grupo de los 20). Por ello, añadió es que se vuelve fundamental examinar los instrumentos legales y organizacionales que se emplean.
Manifestó, que si bien es cierto que nuestra legislación en materia anticorrupción se encuentra homologada a los ordenamientos generales, cabe señalar que, la creación de la Secretaría Ejecutiva carece de sustento constitucional, además de que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México establece en su artículo 47, fracciones XV, XVI y XXV, otorgar facultades a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, para participar, colaborar e implementar acciones que acuerde el sistema e informar al Comité Coordinador.
Por ello, considera que existe duplicidad de funciones entre la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría de la Contraloría para brindar asistencia técnica al Sistema Estatal Anticorrupción.
Razón, por la que propone, suprimir el organismo descentralizado denominado Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, para dejar las funciones de apoyo del Comité Coordinador a la Secretaría de la Contraloría, quien puede asumir dichas funciones, dadas sus atribuciones, además cuenta con personal profesional en materia de combate a la corrupción, y la infraestructura e información necesarias para el cumplimiento de sus objetivos, lo que ayudaría a eficientar el objeto del Sistema Estatal Anticorrupción.
Por lo que no se modifica ni la naturaleza, ni las facultades del Sistema Estatal Anticorrupción, antes bien, se busca el funcionamiento administrativo adecuado, procurando evitar duplicidad de funciones y la creación de estructuras burocráticas injustificadas y opacas, dijo.
Y subrayó que la iniciativa es que el organismo descentralizado denominado Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, se extinga y que sus funciones, el presupuesto y el personal se transfiera como una Unidad Administrativa de la Secretaría de la Contraloría.
Por lo que puso a consideración de la Honorable LXI Legislatura la presente iniciativa, que fue remitida a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Trasparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para su estudio y dictamen.
AM.MX/fm
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