PUEBLA, PUEBLA.- En el gobierno de Miguel Barbosa Huerta, se presentaron un total de 166 denuncias por fraudes superiores a los doscientos millones, abrieron decenas de carpetas de investigaciones y vincularon a proceso a personajes allegados al exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas y José Antonio Gali Fayad, al exhibirlos como los grandes “estafadores” que construyeron millonarios desfalcos.
Los periódicos de Grupo Sol y su periódico nacional, La Opinión de México, dieron a conocer en exclusiva los hechos en su momento.
Desde el descubrimiento de la “Estructura Maya”, el fraude con las tres líneas del RUTA, hasta la revocación de 21 sellos notariales otorgados por Moreno Valle Rosas y Gali Fayad a sus colaboradores más cercanos, durante el 2020, Barbosa logró borrar las huellas morenovallistas en Puebla.
En el 2020, además de dedicar sus días a enfrentar la furia de la pandemia, el gobernador Miguel Barbosa “pisó el acelerador” para desterrar los vestigios corruptos del morenovallismo al exhibir los negocios millonarios que orquestaron a costa del erario, como el “megafraude” de RUTA, la Estructura Maya, la entrega ilegal de notarías, además de que cayó el hombre más poderoso, luego de Rafael Moreno Valle en su momento, como lo fue su operador político-financiero Eukid Castañón.
Los resultados reflejados de la administración de Barbosa, como las veintiún notarías recuperadas, la evidencia de los títulos “patito”, la exhibición del “jugoso” fraude que se realizó con la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), auditorías a las dependencias estatales, obras pagadas por el gobierno del Estado que nunca se construyeron, unidades de transporte público con permisos irregulares y adquisiciones a precios inflados, son pruebas de su trabajo.
Eukid Castañón Herrera, ex diputado federal panista y uno de los indispensables de Rafael Moreno Valle Rosas, si bien su caída comenzó por un “lío de faldas”, a raíz de su detención y vinculación por el delito de amenaza, comenzó la revisión de todas las “maldades” que este personaje cometió cuando el PAN estaba al frente del estado, tanto así que se han acumulado ya cinco delitos en su contra.
Extorsión, “lavado” de dinero, falsificación en comprobantes fiscales y enriquecimiento ilícito son los delitos que se le imputan al operador blanquiazul, quien de ser uno de los hombres más poderosos en el estado pasó a ser un residente más de los penales de San Miguel y posteriormente de Tepexi de Rodríguez.
No sólo eso, derivado de que cambio exhibió la Estructura Maya que comandaba el expanista, sucedió la caída de Lorena Jaimes, tesorera de la agrupación, cuyo objetivo era desviar millones de recursos de obras para apoyar campañas electorales, una de ellas la de 2018, en los cuales salieron involucrados actores como Genoveva Huerta y Jesús Giles Carmona.
El panorama para Eukid Castañón en 2021 fue sombrío, pues el que alguna vez fuera su chofer entregó el vehículo de colección Roll Royce, el cual Barbosa aseguró que “transportaba a los hombres del poder”, además de que ofreció una amplia colaboración a las autoridades, por lo que, en palabras de Barbosa Huerta, “se irán conociendo todas sus maldades”.
El RUTA, uno de los más grandes fraudes que el gobierno panista hizo en su momento, el cual no fue una obra “faraónica” contratada con un APP o un PPS, sino un servicio que se mantuvo activo y que se desconocía lo que había detrás, todo presidido por una avería en las máquinas de cobro que llevó a un análisis a profundidad del sistema, encontrando uno de los mayores desfalcos que hicieron los “hombres del poder” en 2013, y es que RUTA tenía detrás una red de corrupción enorme.
Comenzaron por revelar el precio real por viaje, que era de 19.50 pesos; sin embargo, el acuerdo fue que el gobierno pagaría doce pesos, subsidio excesivo tomando en cuenta la gran afluencia que ha tenido este sistema en sus tres líneas; todo surgió con la entrada de la troncal Chachapa-Tlaxcalancingo, de la que hubo retiro de rutas, obras a sobrecosto en los paraderos, máquinas a costos inflados hasta 300 veces su precio y pagos increíbles a las empresas concesionarias.
Una de esas fue Conduent Solutions, encargada del recaudo, y que se quedaba aproximadamente 70 por ciento de las ganancias. Además, dejaba de reportar cerca de 40 millones mensuales, y estaba afectando las finanzas del estado que lo llevaría al colapso en unos años de no tomar acciones, por ello se comenzó el proceso de revocación de concesión y un proceso penal en su contra por el ventajoso contrato que firmaron.
No sólo la empresa sería denunciada, sino también los secretarios del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas que permitieron esto, tales como Fernando Manzanilla Prieto (SGG); Antonio Gali Fayad (Infraestructura), José Cabalán Macari (Administración), Roberto Moyá Clemente (Finanzas) y Bernardo Huerta Coutollenc (Transporte), además de los extitulares de Carreteras de Cuota como Mariana Navarrete.
De los escándalos más grandes exhibidos a su llegada al poder en 2019, fueron los títulos “patito” que expidieron en el IEDEP a los allegados del exgobernador panista, veinticinco eran los perfiles involucrados en este, uno de ellos, el exdirigente del CEN del PAN, Jesús Christian Giles Carmona, quien en 2020 vio a la justicia tocar a su puerta.
El motivo, la falsificación de documentación oficial para la obtención de un título en Derecho por parte del OPD mencionado, derivado de las denuncias que interpuso la Consejería Jurídica por cohecho, tráfico de influencias y uso indebido de atribuciones.
Un total de veintiún morenovallistas, destacando a Patricia Leal Islas, Manuel Pozos Cruz, Roberto Moya Clemente, a través de su esposa Alejandra Maupomé Cagigal, entre otros, perdieron su patente notarial pues la entregaron de manera voluntaria a fin de estar exentos de un proceso penal.
Detenida en Yucatán, Karlota Hernández Ramos fue uno de los perfiles involucrados en este tema, pues era la titular de la Notaría 11 de Tehuacán. En este caso, la Fiscalía General del Estado fue la encargada de vincularla a proceso por el delito de falsificación de documentos para obtener su patente, la cual fue revocada y cancelada.
Con la salida de Fernando Manzanilla de la Segob, a principios del 2020, comenzó un proceso de revisión a la dependencia –antes llamada Secretaría General de Gobierno (SGG)–, esto a petición del actual titular David Méndez Márquez, proceso que se mantiene vigente en la Función Pública, posteriormente se dio cuenta de la existencia de una “Partida Secreta” en esta dependencia y en la SSP, del cual se desconocía su destino.
Los implicados en esta revisión e investigación son el propio diputado federal Manzanilla Prieto en su proceso de 2013 y 2019 con Rafael Moreno Valle, y Guillermo Pacheco Pulido, quien también, de acuerdo con el gobernador Barbosa, pudo haber extraído documentos oficiales de la dependencia; la lista la completan Diódoro Carrasco Altamirano, Luis Maldonado Venegas, Jesús Rodríguez Almeida y Jorge Benito Cruz Bermúdez.
El Comité Administrador para la Construcción de Espacios Educativos, OPD del Ejecutivo que en ese año se vio envuelto en señalamientos de desvío de recursos por 204 millones de pesos, 27 obras “fantasma” y una afectación a 928 instituciones educativas en todo Puebla, en donde el principal señalado de constituir esto es el magistrado del TSJ y extitular de la SGG, Jorge Benito Cruz, además de otros exdirectores como Diego Cremean Corona y Gustavo Guzmán Fernández.
Otros perfiles asociados con investigaciones por parte del Ejecutivo son Óscar Parra Tay y Rodrigo Riestra, extitular de la Medio Ambiente por la entrega de permisos para colocación de espectaculares; Pedro Adalberto Gómez, extitular de Desarrollo Rural por la compra a sobrecosto de mototractores; Facundo Rosas Rosas, exsecretario de Seguridad; y Víctor Carrancá Bourget, exfiscal por el caso Chalchihuapan; Xavier Albizuri Morett y Martha Vélez Xaxalpa, por la entrega irregular de concesiones de transporte público por parte de Movilidad y Transporte.
Dentro de su segundo informe de labores, exhibió que se encontraron los contratos de diferentes obras “faraónicas”, tales como la Estrella de Puebla, el Teleférico, Tren Turístico, Museo Internacional del Barroco, Centro Integral de Servicios y Ciudad Modelo, de los cuales derivaron en 2021 procesos penales contra morenovallistas.
AM.MX/fm
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