Roberto Vizcaíno
Vivimos un cierre espeluznante de año… y sexenio
Masacres y ejecuciones sin freno por todo el país. Especialmente de jóvenes universitarios, clasemedieros, notoriamente ajenos al crimen organizado o al narco, por más que el presidente Andrés Manuel López Obrador intente vincularlos y justificar sus muertes en eso.
El momento llama a una reflexión masiva, nacional, y a acciones ciudadanas y de sus liderazgos para exigirle a las autoridades responsables de garantizar seguridad y castigo, a dar una respuesta al nivel de estas circunstancias.
No podemos tolerar más lo que hoy ocurre.
No debemos continuar en el azoro y la enajenación.
¿Cuántas masacres más como las de los 12 de Salvatierra, los 6 de Celaya, los 5 de Lagos de Moreno o los hechos de violencia de los pobladores de Texcaltitlán, Estado de México contra los delincuentes de la Familia Michoacana tenemos q tolerar para movilizarnos como sociedad? ¿Cuántas muertes más para q las reuniones de las 6 de la mañana del presidente y su gabinete de seguridad nos comiencen a decir qué hay detrás de esta matazón? Para pasar de supuestos a certezas, y empezar a saber por qué y quienes generan toda esta situación de violencia e inseguridad.
Para ver que se actúa no con abrazos, sino con determinación, inteligencia y eficacia en contra de ellos.
Hasta dónde tendremos que llegar para ver que, quienes impulsaron las movilizaciones masivas en noviembre de 2022 en defensa del INE y en mayo del 2023 en defensa de la ministra Norma Piña y de la Suprema Corte ahora lo hacen por la recuperación de la paz, la seguridad y la gobernabilidad de México.
¿Dónde esta toda esa ola de cientos de miles de mexicanos indignados ahora que la indolencia -¿o abierta complicidad?- del gobierno de AMLO ante el crimen y el narco nos degrada como sociedad?
Vamos a continuar aceptando que ante una masacre como la de los jóvenes de Salvatierra continue López Obrador diciendo cosas como la de que,  a pesar de que “todavía no tenemos toda la información… se investiga la relación del consumo de drogas con la masacre en una posada en Salvatierra, Guanajuato.
Y justificando que “hay regiones donde como existe más consumo de droga, hay más violencia y más homicidios y hay que ver por qué en Guanajuato aumentó el consumo, que no es lo mismo que en Jalisco, ya ni hablemos de Oaxaca o de Yucatán”.
Dando una explicación que sólo repite lo que se indica en algunos medios informativos.
Que los jóvenes agredidos “estaban en una posada y llegaron a asesinarlos, esto es lo que se conoce hasta ahora y aquí vamos a dar más información, ya hay algunas hipótesis pero no podemos adelantar nada, todavía”, agrego.
O sea, nada.
Trascendidos indican que una línea de investigación es que uno de los jóvenes asistentes a la fiesta podría haber estado vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación y que por ello fueron atacados por el Cártel de Santa Rosa de Lima.
Puros supuestos.
¿De que sirven entonces las reuniones madrugadoras de AMLO y su gabinete de seguridad si nada impiden y nada hacen en contra de quienes hunden a México en la muerte y la violencia?
¿Y hasta cuando nosotros los ciudadanos estaremos sólo viendo pasar todo esto sin movilizarnos para exigir que esto termine?
EN EL SENADO ALGO SE MUEVE
Proyectos de reformas para garantizar derechos de policías avanzan en Comisiones del Senado en busca de dignificar el trabajo de éste sector, brindarles condiciones óptimas para su labor y seguridad en el desempeño de sus funciones.
Las propuestas analizadas por la Comisión de Estudios Legislativos Primera, que preside la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, incluyen garantizar los derechos humanos y laborales de los elementos de las instituciones policiacas, según un dictamen que tiene el objetivo de otorgarles seguridad social digna y justa.
En su reunión del pasado 14 de diciembre, integrantes de este órgano legislativo aprobaron, por unanimidad, este proyecto que reforma la denominación del Capítulo I del Título Tercero y adiciona diversos artículos a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Se trata, explicaron en el documento, de dignificar el trabajo de los elementos policiacos, brindarles condiciones óptimas para su labor y seguridad durante el desempeño de sus funciones.
El dictamen establece que estos trabajadores deben recibir un trato digno y respetuoso de sus superiores jerárquicos, iguales o subalternos, así como el respeto de la comunidad a la que sirven.
También dispone que tienen que asistir y participar en cursos de capacitación, actualización, profesionalización y especialización, así como en aquellos que se acuerden con otras instituciones académicas nacionales y del extranjero, que tengan relación con sus funciones, conforme a la disponibilidad presupuestal y las necesidades del servicio.
Además de “percibir una remuneración, de acuerdo con las funciones que desempeña, que determine el Presupuesto de Egresos correspondiente, así como las demás prestaciones de carácter laboral y económico que se destinen a su favor”, consideraron los senadores.
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