CDMX.- Luego de que el presidente López Obrador anunció que enviará una iniciativa para eliminar varios órganos autónomos, pues a él no le sirven para nada, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera, dijo que el Senado de la República estará listo para discutir -en un debate público, amplio y de altura-, las reformas sobre los órganos autónomos y al Poder Judicial.
En entrevista, la senadora enfatizó que lo más sano para nuestra nación es escuchar, dialogar y, hasta donde sea posible, construir el consenso sobre las reformas que anunció el presidente.
Ana Lilia Rivera afirmó que lo peor que puede pasar es no dialogar, hablar y opinar, pues todos los temas se pueden discutir, ya que “todo es cambiante”, incluso las instituciones.
“Lo que debemos hacer en este momento”, acotó la legisladora, es propiciar un debate responsable, porque se trata de reformas a la Constitución o a nuestras instituciones, donde se puedan expresar todas las visiones de este país, de los Grupos Parlamentarios, de las organizaciones y de la sociedad entera.
Insistió en que es necesario conocer el contenido de las iniciativas, para que las y los legisladores puedan definir “el camino” que seguirán para desahogarlas, así como evitar “ser imprudentes” sobre afirmar o negar las propuestas hasta no conocer el sentido de ellas.
Por eso, agregó, se requiere hacer un llamado a la prudencia, a la mesura, para esperar y conocer los alcances de los proyectos.
“Lo que debemos hacer en este momento es un debate responsable, porque estamos hablando de reformas a la Constitución, a nuestras instituciones; en este momento lo peor que pudiera pasar es no dialogarlo, no hablarlo, no abrirnos a opinar todos y todo, desde los que se cargan más a la izquierda como los que se cargan más a la derecha”.
Cabe recordar que los órganos autónomos, establecidos con base en la ley son: el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; Instituto Nacional Electoral; Tribunal Electoral federal y de la CDMX; Junta Local de Conciliación y Arbitraje; Comisión de Derechos Humanos, el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Cofetel, la Cofeco y la Comisión Reguladora de Energía, entres otros.
Son organismos que no son manejados por el Gobierno Federal, que cuentan autonomía funcional, presupuestal, de gestión y decisoria plena en la materia que les corresponda, los cuales no se encuentran subordinados a ninguno de los tres órganos de gobierno.
En el caso del INAI, al gobierno de la 4T le incomoda el organismo derivado de que rechaza dar cuentas de sus actividades, información de las operaciones de gobierno, datos de las concesiones que ha otorgado y de los gastos que ha ejercido en megaobras sin concluir; en suma se trata de la transparencia en los actos gubernamentales.
En tanto que varios órganos desconcentrados fueron creados a partir de las reformas constitucionales de 1983 y posteriores a efecto de crear las instancias de vigilancia y supervisión.
Es el caso de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), ente público de la Secretaria de Economía encargado de vigilar que haya una sana competencia y prácticas honestas de mercado. La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), a quien se le dio el mandato de promover el desarrollo del área prioritaria de las telecomunicaciones y de la radiodifusión). La Comisión Reguladora de Energía (CRE) encargada de regular y vigilar un adecuado desarrollo de los mercados de la energía que no están sujetos a las restricciones constitucionales establecidas en los artículo 27 y 28 (electricidad, gas LP, gas natural y transporte y almacenamiento de los mismos). La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) que se creó para regular y normar la explotación del patrimonio petrolero nacional.
VCR/BH
