CIUDAD DE MÉXICO / SemMéxico.- Recuperar el Estado de Derecho es indispensable para la erradicación de la violencia contra las mujeres expuso la doctora Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
La primera mujer en dirigir el Instituto y promotora de los derechos de la niñez expuso, cómo para lograr la paz social se tiene que contar con un Estado de Derecho y una cultura de la legalidad, los cuales en el país tienen años de ser deficientes.
Afirmó que el estado de derecho se ve amenazado cuando la corrupción determina e influye en las actividades del Estado, por lo que se requiere de instituciones sólidas, transparentes y equitativas que eliminen el riesgo que representa la corrupción y todas las formas de violencia, principalmente contra las mujeres.
La doctora en derecho impartió la conferencia magistral “Por una cultura de paz” en el “Seminario Nacional: La Violencia de Género y la Agenda Feminista 2030” organizada por la Federación de Universitarias Mexicanas (FEMU) y el Museo de la Mujer en el marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres.
La doctora Patricia Galeana Herrera, fundadora del Museo de la Mujer, historiadora, feminista, política, en la introducción del Seminario hizo un recuento histórico de los avances femeninos en las legislaciones internacionales y nacionales, sin embargo a pesar de haber logrado la paridad en México en el Congreso, en los municipios, dijo, sólo 525 de más de 2,400 están gobernador por mujeres.
También refirió que tenemos mujeres en los cargos, pero no en el poder y aseguró que no se puede cambiar esta realidad cuando la violencia creció exponencialmente después de la pandemia.
México tiene pendientes por resolver ante la Convención para la Eliminación contra todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), tenía que presentar el 10º Informe en 2022 y se va a presentar, dos años después.
González Contró por su parte, explicó que sólo se puede avanzar en la erradicación de la violencia si se hacen acciones paralelas, que detalló: conocer la legislación existente, que ésta sea de acuerdo a las convenciones internacionales ratificadas por México, y las políticas públicas con presupuesto para que sean efectivas.
Asimismo, detalló que la violencia de género constituye una forma de discriminación y violencia directa que se tiene que atender al mismo tiempo que la violencia estructural, constituida por la pobreza, el no acceso a la educación y a los servicios de salud, y la violencia cultural que es la ideológica, de prejuicios y estereotipos.
Respecto a la pobreza dijo que esta no existe por falta de recursos sino por ausencia de voluntad política para erradicarla. Tiene que ser enfrentada con cambios sustanciales en las políticas públicas.
Aproximadamente 28.5 millones de niños y niñas en edad escolar primaria no asisten a la escuela, muchos viven en zonas afectadas por conflictos.
La corrupción, el soborno y el robo y la evasión impositiva cuestan alrededor de 1,26 billones en los países en desarrollo.
Uno de los retos a los que se enfrentan muchas democracias en el mundo es cómo incorporar a las personas excluidas para que se conviertan en ciudadanas y ciudadanos activos.
La justicia social es un deber del estado de derecho, por ello debemos garantizar recursos mínimos para que todas las personas tengan una vida plena y digna, adoptando acciones afirmativas para erradicar la discriminación, la desigualdad y la pobreza.
En México hemos incorporado a la paridad, pero fue necesario obligar a los partidos políticos a postular mujeres con todas las evasiones; esto lo vimos entre las mujeres ante el Instituto Nacional Electoral (INE), así como el Tribunal Electoral para que resolvieran, tras luchas, tanto como la igualdad electoral.
Las injusticias estructurales, las desigualdades y los desafíos en materia de derechos humanos impiden el desarrollo de una sociedad pacífica e inclusiva.
Las instituciones, sentenció, deben funcionar conforme a la ley, porque si no lo hacen son propensas al abuso de poder y no sirven a la comunidad.
La exclusión y discriminación de las instituciones viola los derechos humanos y provocan actos de violencia, por lo que la creación de instituciones sólidas o su reforzamiento es un punto clave.
AM.MX/fm
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