CIUDAD DE MÉXICO.- . La violencia contra las mujeres y las niñas es un problema generalizado y persistente que afecta a 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo. En promedio, cinco mujeres o niñas son asesinadas cada hora por alguien de su propia familia; mientras que, en México, unas 10 mujeres son asesinadas al día y 7 de cada 10 han experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida.
A pesar de los avances globales y nacionales para reconocer esta grave problemática y desarrollar medidas para atenderla, a mitad de camino hacia los Objetivos para el Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030, no hemos logrado como humanidad poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Esta violencia es consecuencia de la desigualdad que siguen enfrentando millones de mujeres en el mundo, y está profundamente arraigada en las normas, actitudes y prácticas sociales y de género que definen relaciones desiguales en la sociedad entre personas, familias y comunidades.
Por ello, en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres y las niñas, así como de la Campaña Naranja y bajo el lema de este año ¡ÚNETE! Invertir para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas, el Sistema de las Naciones Unidas pone en el centro la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, y la necesidad de generar inversiones significativas en la materia para erradicar este flagelo y construir sociedades igualitarias que prevengan, atiendan y sancionen la violencia de género.
El impacto que conlleva la violencia contra las mujeres y las niñas en el desarrollo de las sociedades implica un costo económico estimado en aproximadamente $1.5 billones de dólares al año a nivel global. Aun así, solo el 0.2% de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) a nivel mundial se destina a la prevención de la violencia de género y dicha financiación suele ser a corto plazo y esporádica.
Bajo esta premisa, para poder generar acciones que impacten eficazmente, se deben poner en marcha intervenciones combinadas de empoderamiento económico y social desde el respeto por la diversidad cultural, y de atención a la violencia de género que enfrentan mujeres y niñas. El empoderamiento económico de las mujeres puede servir como factor de protección, mediante el acceso a bienes como la tenencia de tierra y un empleo digno que les permita prevenir y escapar de relaciones abusivas y situaciones de explotación.
Además, debemos promover el activismo comunitario para cambiar las normas sociales dañinas y transformar masculinidades; promover el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos para prevenir los embarazos adolescentes; fomentar el apoyo a las víctimas y sobrevivientes en toda su diversidad, como las madres buscadoras y las mujeres y niñas migrantes y refugiadas afectadas por el tráfico ilícito y la trata, y poner en marcha iniciativas escolares diseñadas para deconstruir estereotipos y normas de género, y contrarrestar relaciones desiguales y violentas.
Finalmente, es fundamental apoyar e invertir en organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres y las niñas en toda su diversidad. La presencia de un sólido y autónomo movimiento feminista es el factor más determinante para impulsar cambios en las políticas para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Aun así, a nivel global, apenas el 1% de la asistencia pública enfocada a las cuestiones de género está dirigida a estas organizaciones.
Enfocarnos en la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas es fundamental. Por estas razones, desde el Sistema de Naciones Unidas y la campaña ÚNETE, hacemos un llamado a los gobiernos, incluyendo a poderes judiciales y legislativos, al sector privado, a las universidades, a los medios de comunicación y a la sociedad civil a:
Convertirse en activistas en la prevención de la violencia contra mujeres y niñas y adoptar una postura pública en contra de ésta en sus comunidades.
Amplificar las voces de los movimientos feministas, de activistas y sobrevivientes, así como de periodistas, comunicadoras y defensoras de derechos humanos que trabajan para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. Con especial énfasis en mujeres indígenas y afromexicanas.
Aumentar la inversión, de manera sostenible, durante los próximos años en intervenciones de prevención de la violencia contra mujeres y niñas que logren erradicar las causas que la originan, incluido el componente cultural.
Adoptar e implementar leyes y políticas que aborden la discriminación y las desigualdades para garantizar que se genere un entorno propicio para el cambio.
Implementar estrategias y actividades integrales de prevención en los lugares de trabajo que garanticen acciones con perspectiva de género, que contribuyan a entornos de trabajo positivos y respetuosos, y que alienten a cambiar las culturas institucionales, de modo que los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación estén integrados en las estructuras y la práctica.
Involucrar al profesorado, alumnado, padres y madres y personas de la comunidad, para fomentar relaciones respetuosas y escuelas seguras, diversas y libres de violencia y discriminación.
Establecer alianzas con organizaciones de personas empleadoras y de personas trabajadoras para abordar la igualdad de género en el lugar de trabajo, donde a menudo hay casos de violencia contra las mujeres.
AM.MX/fm
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