Por Gerardo Flores Ledesma
EL PAQUETE económico 2024 vaticinaba tersura en su diseño por parte de la Secretaría de Hacienda y fácil aprobación del lado de los diputados. El dictado del Ejecutivo, desde hace 5 años, sentenciaba que no se debía ni se podía hacer ninguna modificación a los textos, ni siquiera alterar un punto o una coma.
Pero llegó el huracán Otis y empezaron las presiones para que los diputados reasignaran recursos o crearan una partida presupuestal especial para atender a los acapulqueños, en particular, y los guerrerenses, en general.
El gobierno ya determinó que sólo fueron dos municipios los que merecen el “estado de emergencia”. Ya se decidió concluir el puente aéreo humanitario del aeropuerto internacional de Acapulco, e incluso ya se decretó que debe operar con normalidad para la aviación comercial.
Los empresarios de Mundo Imperial ya anunciaron que estarán listos en las próximas semanas para atender a los turistas. Sin embargo, vale decir que dicho complejo hotelero no es Acapulco.
No hay eventos cancelados. Incluso se apuesta a que la Arena GNP estará lista para el Abierto Mexicano de Tenis en febrero de 2024, que en 2022 rompió récord de asistencia con más de 90 mil personas en la estadística. Ojalá haya alojamiento y reservaciones sin restricción para esas fechas.
En fin, para el gobierno Otis sólo fue un mal sueño, los damnificados no merecen más ayuda de la que ya reciben y ya no importa si son 61 mil 313 millones de pesos o casi 300 mil millones de pesos lo que costaría la reconstrucción y rehabilitación de la obra pública y el patrimonio privado dañado.
Lo que sí quedará en la memoria histórica es que los diputados de la LXV Legislatura, en especial los de Morena y sus aliados del PT y el PVEM, quedarán dañados en su imagen porque no movieron ni un punto ni una coma para crear una partida especial o fondo de emergencia para atender el desastre y devastación que dejó Otis en el puerto de Acapulco y decenas de colonias y municipios del estado de Guerrero.
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EL CENTRO de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), que cumplió 60 años de vida, insistió en que la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 responde a criterios políticos y advierte que el endeudamiento público es muy abultado, supera a la inversión, por lo que es anticonstitucional y raya en la irresponsabilidad.
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CON EL presupuesto aprobado y asignado para 2024, el espacio fiscal sería de 0.9% del PIB, 60% menor al de 2023. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) anticipa que el próximo año habrá menos recursos para hacer política pública de coyuntura y proveer de bienes y servicios, lo cual impactará en el bienestar de la población en el mediano y largo plazo. Además, nos recuerda y advierte que el presupuesto implica un endeudamiento sin precedentes de 5.4% del PIB, por lo que habrá grandes jorobas con débitos y obligaciones para la siguiente administración y generaciones futuras.
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