CIUDAD DE MÉXICO / SemMéxico.- La creación de las defensorías públicas electorales, la armonización en los estados que faltan, de la legislación 3 de 3, y el cumplimiento de la misma para que ningún violentador, acosador o deudor alimenticio ocupe cargos de elección o en el servicio público, donde los partidos políticos respeten la paridad en las candidaturas y asignen presupuesto exige la Red de Formadoras y Defensoras de Derechos Políticos Electorales de las Mujeres (REFODEP).
De cara al proceso electoral 2023-2024 llaman a las autoridades del Estado mexicano, partidos políticos, medios de comunicación, instituciones de Educación Superior y ciudadanía en general, a ser garantes de la democracia, igualdad, justicia y paridad de género.
“Los derechos políticos electorales de las mujeres no es un asunto individual es un trabajo colectivo feminista y de interés general”, especifican las integrantes de la Red.
Todos los días y a todas horas, las formadoras y defensoras estamos protegiendo y defendiendo los derechos político-electorales de las mujeres, acompañando casos, difundiendo una cultura de igualdad, participando con las instituciones en los avances y vigilando retrocesos y, sobre todo, proponiendo día a día estrategias y actividades en la materia.
Señalan como urgente cumplir con la Ley 3 de3 para los nombramientos de servidores públicos en Zacatecas y Baja California.
Garantizar que las y los servidores públicos que sean designados para ejercer un cargo, no se encuentren en ninguno supuesto de la 3 de 3 contra la violencia.
Armonizar la Reforma Constitucional 3 de 3 en Campeche, Coahuila, Quintana Roo, Veracruz, CDMX, Morelos, Michoacán y Nuevo León.
Exhortar a las autoridades electorales a definir los criterios de paridad para la renovación de nueve gubernaturas en 2024.
Generar mecanismos para garantizar la reparación integral del daño a las mujeres que han sido víctimas de violencia política en razón de género.
Garantizar acciones afirmativas que promuevan la participación y ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres indígenas y afromexicanas.
Exhortar a los Institutos Electorales a que exijan una distribución paritaria de las candidaturas, según corresponda en sus municipios.
Impulsar la alternancia de género en los municipios, Estados, entidades académicas, organismos autónomos y cargos de designación que no han sido presididos por mujeres (paridad vertical y horizontal).
Fortalecer y armonizar la legislación para atender la violencia política de mujeres en cargos por designación.
Garantizar mecanismos para el cumplimiento de sentencias favorables a las mujeres que eviten conductas reincidentes y repetitivas
Garantizar la participación plena en la vida pública de las mujeres indígena y afromexicanas en los cargos comunitarios.
Acortar los tiempos de deliberación en casos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género para garantizar procesos expeditos.
Garantizar la efectiva aplicación de la normatividad interna y de los protocolos de actuación al interior de los partidos políticos.
Reformar la Ley General de Partidos Políticos para destinar un 3 por ciento del presupuesto para el trabajo con hombres en materia de erradicación de la violencia.
Fortalecer y actualizar los bancos de datos referentes a las denuncias, quejas y sentencias en materia de VPMRG.
Incorporar y reconocer a las Defensoras de Derechos Políticos de las Mujeres en el Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Que, en los programas de capacitación a precandidatas, candidatas y quienes son elegidas como autoridades, se incluyan obligatoriamente los temas de género, derechos humanos de las mujeres, liderazgo político, derechos político-electorales y prevención de la VPDMRG.
Exigir a las IES la armonización e implementación respecto al principio constitucional de la paridad, así como la reparación del daño por dilación en el acceso de las mujeres universitarias a puestos directivos.
Promover en las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas y privadas que se adopte la Reforma 3 de 3 y crear un Registro de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género.
Garantizar en los trabajos de los Observatorios de participación política en las 32 entidades, un impacto efectivo, tanto en la difusión de información como con acciones de protección y defensa de los derechos políticos electorales de las mujeres, con la participación de la sociedad civil y la academia.
Destinar al menos el 30 por ciento del recurso que recibe CONAHCYT a la investigación, programas educativos, observación, documentación y divulgación sobre la participación política de las mujeres, a través de las ONG feministas y de las defensoras de derechos políticos electorales, considerando el recurso de las multas que el INE aplica a partidos políticos.
Establecer lineamientos en el manejo de los datos de casos atendidos por todas las instituciones encargadas y aquellas que son vinculantes en la atención de casos de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG).
Fortalecer las acciones en la prevención, atención, sanción y erradicación de los derechos políticos electorales de las mujeres, con enfoques de interculturalidad e interseccionalidad, así como en los procesos de formación y capacitación de las mujeres indígenas y afromexicanas.
Implementar en las IES planes y programas de estudio para dar a conocer los desafíos y avances del feminismo, de la ciudadanía con perspectiva de género, la democracia y los derechos políticos electorales de las mujeres, así como prevenir la violencia política y favorecer la igualdad sustantiva en su labor de formación de profesionistas del mañana.
Establecer Seminarios de reflexión y debate con personas expertas sobre los temas de acceso a la justicia de las mujeres y reparación integral del daño, y en materia de derechos políticos electorales.
El pronunciamiento se da en el marco del V Encuentro de la Red Nacional de Formadoras y Defensoras de Derechos Políticos Electorales de las Mujeres, (REFODEP) convocado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en colaboración de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM (CUDH-UNAM).
AM.MX/fm
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