Pablo Cabañas Díaz.
En los últimos meses, ex funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto ahora bajo el disfraz de posiciones seudo académicas en universidades privadas , aspiran presentarse a sí mismos como acérrimos defensores de los derechos humanos. Se les olvida que el 7 de noviembre de 2018, México se sometió al escrutinio internacional en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos que se llevó evento al que fue una dispendio de falsedades , promesas y gastos excesivos . La delegación de 53 personas con todos los gastos pagados fue a la sede de la ONU en Ginebra, Suiza. El Consejo de Derechos Humanos, máximo órgano de la ONU que vela por la defensa y promoción de los derechos humanos, cuenta con el Examen Periódico Universal (EPU), el único mecanismo en el que se revisa la situación y los avances en la materia de los 193 estados miembros cada 5 años. Para la sesión se presentaron tres informes, uno realizado por el gobierno, otro por la ONU y otro por la sociedad civil. En esa ocasión el informe del gobierno, fue un listado de las reformas adoptadas entre 2012 y 2017. La delegación mexicana estuvo liderada por la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.El gobierno de Enrique Peña presumió avances y la ONU lo confrontó. Entre los principales avances normativos e institucionales, los funcionarios priiistas destacaron la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (2016) ; la Reforma a la Ley General de Víctimas (2017); la Reforma Laboral (2017); la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura (2017), y la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (2017).
Se defendió la Ley de Seguridad Interior (2017) que “regulaga y dotaba de certeza jurídica la actuación de las Fuerzas Armadas Mexicanas durante amenazas a la seguridad que rebasan las capacidades de las autoridades locales’’. La ONU reconoció los avances en materia legislativa, pero también puntualizó que en su mayoría esas las leyes no eran aplicadas, financiadas, ni implementadas a plenitud. Desde 2012 hasta junio 2018, el mecanismo recibió 695 solicitudes de incorporación, de las cuales 584 fueron admitidas. No obstante, tanto la ONU como la sociedad civil reclaman la insuficiencia e ineficacia del mecanismo, los bajos recursos de que dispone y que el gobierno no incluye ningún caso en donde se haya dictado sentencia a alguien por asesinato a periodistas o defensores.
El informe de la ONU sostienía que el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión señaló que las agresiones generalizadas a periodistas y al periodismo “constituían la más inmediata y mayor amenaza a la libertad de expresión en México”. Observó también que los medios de comunicación despedían a periodistas críticos a petición de las autoridades y que no había pluralidad en la propiedad y las líneas editoriales de los medios de comunicación. Tanto el Comité contra la Desaparición Forzada, el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y el Relator Especial sobre la libertad de opinión y de expresión instaron a México a redoblar los esfuerzos realizados para proteger a los periodistas. El informe presentado por el gobierno de Peña Nieto, no reflejó de manera abierta la situación compleja y dificil que vivimos desde esos años en materia de derechos humanos.
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