CIUDAD DE MÉXICO.— La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña, insistió en señalar los efectos negativos que tendría un recorte en el presupuesto del Poder Judicial Federal (PJF), ahora al reunirse con el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria (GTDA).
Al reunirse con integrantes del GTDA, Piña Hernández denunció que en México, la justicia enfrenta retos relacionados con la efectiva garantía de la independencia judicial, particularmente, en lo relativo a la adecuada y suficiente asignación presupuestaria indispensable para atender el incremento continuo en la demanda de justicia federal que se ha registrado en los últimos cinco años.
“Una disminución presupuestal al Poder Judicial Federal, entre otras cuestiones, detendría la consolidación efectiva del sistema penal acusatorio e impediría al Instituto Federal de la Defensoría Pública seguir representando de manera gratuita a las personas más vulnerables, en un escenario en el cual la demanda ciudadana de defensores y asesores registra un crecimiento de 20 por ciento anual”, sentenció la ministra presidenta de la SCJN.
Resaltó que el valor indispensable de la independencia judicial debe reflejarse en condiciones políticas, jurídicas y materiales que garanticen la actuación imparcial y efectiva de la judicatura, sin riesgos a la seguridad personal, a la estabilidad laboral y financiera, ni la continua profesionalización de los integrantes del Poder Judicial Federal.
Durante el encuentro, informó la Corte, Piña Hernández refrendó las obligaciones y el compromiso, tanto de la Suprema Corte, como del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), con el combate a las detenciones arbitrarias, por lo que anunció la publicación de un protocolo para jueces y defensores públicos sobre la legalidad de las detenciones en el sistema penal acusatorio.
“Estamos comprometidos —no solo por obligación constitucional y convencional, sino por genuina e inquebrantable convicción— con la protección fundamental de la dignidad de las personas, el debido proceso y el acceso a la tutela efectiva que encuentra en el combate a las detenciones arbitrarias una de sus más altas expresiones y razón de ser”, afirmó.
Asimismo, la ministra aseguró que el Poder Judicial Federal ha tomado nota de las casi 50 opiniones que desde el 2002, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidos ha emitido al Estado mexicano, en casos puntuales sobre detenciones arbitrarias; y próximamente entregará un informe sobre los principales temas de interés para el GTDA.
Ante el Grupo de Trabajo de la #ONU sobre la Detención Arbitraria, el Poder Judicial de la Federación refrenda su obligación y compromiso para combatir esta práctica.
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— Suprema Corte (@SCJN) September 21, 2023
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AM.MX/dsc
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