CIUDAD DE MÉXICO / SemMéxico.- La violencia sexual contra las mujeres en México es un problema grave, extendido y en aumento, en algunos casos las denuncias crecieron hasta 4 veces en un año.
Eso hace urgente poner en marcha políticas públicas de prevención y atención y colocar a las mujeres en el centro. Sin embargo éstas disminuyeron en recursos materiales e institucionales en la actual administración a pesar de que las violaciones sexuales se incrementaron 50 por ciento, del 2018 al 2022.
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De la misma manera está en veremos el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), Paimef, único programa de prevención que funcionó en todo el país, enviado a Gobernación, ahora sin funcionar.
César Alejandro Giles Navarro llega a esta conclusión en el estudio “El panorama de la violencia sexual contra las mujeres en México”, realizado para el Instituto Belisario Domínguez (IBD). Y aunque no toca la ausencia de la política de prevención, la insinúa al llamar urgentemente a retomarlas
Tan solo en el 2021 se cometieron 1.7 millones de delitos sexuales contra las mujeres que van desde el acoso hasta la violación. Cada día, en promedio son violadas 246 mujeres mayores de 18 años.
Durante el primer semestre de 2023, se denunciaron cada día en promedio 66 presuntos delitos de violación en las procuradurías y fiscalías de las entidades, la cifra negra es muy alta, ya que las víctimas no denuncian.
Actualmente el Congreso de la Unión analiza reformas como la eliminación de la prescripción del delito de violación, la Ley del No es No, y la castración química para violadores.
Alejandro Giles Navarro llama a la sociedad a una profunda reflexión porque no se debe tolerar ni normalizar la violencia sexual contra las mujeres que van desde los chiflidos y las miradas lascivas en la calle hasta el acoso laboral y las violaciones, la mayoría de las veces sin castigo.
Por más severos que sean los castigos, la violencia sexual contra las mujeres seguirá existiendo, ahora por cada 157 delitos sexuales que se cometen solo una persona pisa la cárcel.
Hasta el 2022, había un total de 35 mil 480 personas recluidas en las cárceles del país acusadas de delitos sexuales, el 76 por ciento por violación en sus diferentes modalidades
El 90 por ciento de las mujeres que han experimentado violencia física o sexual, asegura el investigador, no denuncian por miedo, vergüenza y desconfianza hacia las autoridades, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Por ello señala que es urgente colocar en el centro a las mujeres en las políticas públicas de prevención y atención de la violencia sexual, buscando crear un ambiente seguro y propicio para que las mujeres puedan denunciar sin temor a represalias y recibir el apoyo psicológico y legal para su recuperación integral, propone.
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El hecho que, de acuerdo a cifras oficiales, aproximadamente la mitad de las mujeres en el país hayan experimentado algún tipo de violencia sexual es una evidencia irrefutable de la urgencia de abordar esta problemática de manera integral y efectiva.
En los últimos años, el Congreso de la Unión ha aprobado algunas reformas para atender la violencia sexual contra las mujeres, como la prisión preventiva oficiosa para abusadores de menores de edad, la “Ley Olimpia” y la “3 de 3” contra la violencia de género.
Otras reformas, como la eliminación de la prescripción para el delito de violación y medidas más drásticas, como la castración química para violadores, todavía se analizan por las y los legisladores en el Congreso.
La Ley No es No se presentó el 27 de abril de 2022 como iniciativa de las y los senadores para reformar al Código Penal Federal con el objeto de centrar la definición del delito de violación en la falta de consentimiento de la víctima y no tanto en el término de la violencia, a fin de cubrir situaciones en los que existe coacción simbólica o bien se aprovecha de situaciones como los efectos del alcohol y otras sustancias.
Para la “Castración química a violadores” se han presentado dos iniciativas en el 2019. Diversos países han adoptado la castración química para violadores. En los Estados Unidos, Rusia, Corea del Sur e Indonesia, esta medida puede ser ordenada por los jueces en casos como pederastia o violadores reincidentes. En otros países como Reino Unido, Australia, España y Francia la castración química es una medida voluntaria.
Eliminación de la prescripción del delito de violación
El 29 de abril de 2021, el Pleno del Senado de la República avaló una reforma al Código Penal Federal para eliminar la prescripción de los delitos sexuales contra menores de 18 años y asegurar que estos ilícitos se puedan sancionar, con el fin de que los agresores puedan ser investigados, enjuiciados y, en su caso, condenados, sin importar que las víctimas emprendan acciones legales muchos después de haber sido violentadas. Esta reforma se encuentra pendiente en la Cámara de Diputados
En México, según el artículo 6, fracción V de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), la violencia sexual se define como “cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física”. Esta ley, además, considera a la violencia sexual contra las mujeres como “una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto” (Cámara de Diputados, 2007).
Los delitos contra la libertad y seguridad sexual son la violación, abuso sexual. acoso u hostigamiento sexual, estupro y violencia digital o delitos contra la intimidad sexual.
En los últimos años el Congreso de la Unión ha aprobado las siguientes reformas para atender el problema de la violencia sexual contra las mujeres:
1. Prisión preventiva a abusadores sexuales de menores. El 12 de abril de 2019 se publicó la reforma constitucional que incorporó la prisión preventiva oficiosa para el abuso o violencia sexual contra menores, entre otros delitos (DOF, 12/04/2019).
2. Ley Olimpia. En abril de 2021 el Congreso aprobó diversas reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal, mediante las cuales se reconoció a la violencia digital y se establecieron disposiciones para sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciber violencia o violencia digital. A estas reformas se les denominó “ley Olimpia”, en honor a su impulsora, la activista Olimpia Corral Melo quien, luego de ser víctima de la difusión de un video íntimo sin su consentimiento, se ha dedicado a concientizar sobre este fenómeno (Gobierno de México, 2021).
3. “3 de 3” contra la violencia de género. En abril de 2023, se aprobó una reforma constitucional que prohíbe ocupar cargos públicos y de elección de popular a las personas sentenciadas por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos (DOF, 2023).
La violencia en cifras
Las violaciones se han incrementado en un 50 por ciento, del 2018 al 2022 pasando de 15 mil 322 a 23 mil 100 denuncias o presuntos delitos.
En cuanto al abuso sexual, las llamadas de emergencia al 911 para reportar estos casos también han crecido casi al doble entre 2016 y 2022. En el 2022 se reportaron 6 mil 977 incidentes de abuso sexual contra mujeres mientras que en el 2016 fueron 3 mil925.
En lo que va del 2023 se han denunciado vía telefónica 4 mil 164 casos de abuso sexual. En el hostigamiento sexual, el número de llamadas para reportar este delito casi se ha multiplicado cuatro veces, pasando de 3 mil 179 en 2016 a 11mil 323 en 2022, mientras que en lo que va del 2023 se han reportado 5 mil 919 casos al número de emergencia.
Estos números reflejan una situación inaceptable, así como la urgente necesidad de tomar acciones inmediatas para garantizar la seguridad y protección de las mujeres, considera el estudio.
Las conductas de violencia sexual contra las mujeres involucran elementos de violencia simbólica, psicológica y física que producen daños transversales en las mujeres a nivel corporal, pero también moral, emocional y social. Por ello, en los últimos años, una de las principales demandas de las mujeres se ha centrado en la denuncia, el rechazo y la protesta en contra del fenómeno de la violencia sexual que se registra cotidianamente en el entorno familiar, laboral, escolar y comunitario.
El dato aún más impactante de que cada día, en promedio, 243 mujeres mayores de 18 años son violadas en nuestro país, refleja una situación inaceptable, así como la urgente necesidad de tomar acciones inmediatas para garantizar la seguridad y protección de las mujeres.
Es imperativo revisar las políticas públicas de prevención y atención de la violencia sexual, así como actualizar las normas jurídicas colocando en el centro los derechos de las mujeres. Particularmente, es fundamental que se cree un ambiente seguro y propicio para que las mujeres puedan denunciar los casos de violencia sexual sin temor a represalias, y que reciban el apoyo necesario tanto psicológico como legal para su recuperación integral.
Es verdad que el fenómeno de la violencia sexual contra las mujeres tiene profundas. Por más severos que sean los castigos, la violencia sexual contra las mujeres seguirá existiendo si por cada 157 delitos sexuales que se cometen solo una persona pisa la cárcel.
Como sociedad debemos hacer un examen de consciencia sobre nuestros niveles de tolerancia a todas las formas de violencia sexual, especialmente, sexual de las mujeres, que van desde los chiflidos y las miradas lascivas en la calle, pasando por los comentarios inapropiados en el trabajo y el hostigamiento sexual, hasta las violaciones que, como vimos, ocurren en el entorno cercano de las víctimas, la mayoría de las veces sin castigo, en casos agravados por la revictimización en las familias y en las instituciones. Desde el punto de vista institucional.