Pablo Cabañas Díaz
El 12 de febrero de 1959, el presidente Adolfo López Mateos creó, por decreto, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) para encargarse de “fijar, con apego a la metodología y a los programas respectivos, las características de los libros de texto destinados a la educación primaria”.
Esta iniciativa tenía como fundamento el mandato constitucional de proporcionar a los mexicanos una educación obligatoria y gratuita. La gratuidad sólo sería plena cuando los alumnos de las escuelas primarias recibieran, sin costo, los libros indispensables para sus estudios y tareas.
Entregar una obra escolar gratuita a los alumnos de primaria no constituía ninguna novedad en México. Desde los gobiernos de Álvaro Obregón, Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho se realizaron esfuerzos para proveer de materiales de lectura y cartillas de alfabetización a las escuelas del país . La originalidad, y punto de discordia de la iniciativa, se localiza en la tríada gratuito-único-obligatorio que caracteriza hasta hoy a los Libros de Texto Gratuito .
De este modo, el gobierno de López Mateos, señalaban sus críticos, no sólo unificaba contenidos, sino que se atribuía funciones de autor, editor, impresor y distribuidor e ingresaba a un mercado como un contrincante formidable, capaz de producir tirajes impresionantes, difíciles de igualar por otras editoriales, y de llevar los libros a los rincones de un territorio vasto y, en muchos casos, de difícil acceso. Una proeza que hasta ese momento, ninguna empresa había logrado.
Las reacciones no esperaron: las primeras voces se concentraron en denunciar, a través de la prensa, que prescribir los textos gratuitos como obligatorios y únicos era una disposición autoritaria, inconstitucional y contraria a los fines educativos y culturales del Estado mexicano y significaba, además, establecer un monopolio editorial. Estas críticas, en un ambiente anticomunista avivado por el triunfo de la Revolución Cubana, se reorientaron para denunciar que, a través de esos libros, el Estado extendía considerablemente su intervención en los asuntos educativos y sociales del país.
Una reacción particularmente fuerte fue la de un sector editorial cuyas ganancias provenían del mercado de libros escolares. En febrero de 1960, el profesor Valentín Zamora, autor mexicano de este tipo de obras, publicó una carta abierta al presidente Adolfo López Mateos en la que advertía que autorizar libros comerciales sólo para 5° y 6° grados4 lesionaba “intereses de los autores e industriales de las artes gráficas”, discriminaba a prestigiados maestros mexicanos como Daniel Delgadillo, María Enriqueta Camarillo, Luis Chávez Orozco, Rosaura Lechuga y afectaba a empresas papeleras mexicanas .
Razones no le faltaban al profesor Valentín, pues muchos autores contaban con trayectorias de casi veinte años en la escritura de libros escolares y permanencias de más de una década en las listas de textos aprobados por la SEP para escuelas primarias. Sin duda, perjudicaron sus intereses educativos y económicos.
El sector editorial privado no fue ajeno a las consecuencias de la creación y distribución del libro de texto gratuito. Sin embargo, su estudio es un pendiente de historiadores del libro y de la educación.
