Teresa Gil

Debe ser terrible para Emmanuel Macron, en Francia, que frente a los muchos problemas que tiene su país, todavía sea el responsable del presunto crimen de la muerte de Napoleón Bonaparte. No es una broma, porque en la forma como se usa la responsabilidad del estado parece que no tiene caducidad, además de que la frase es tramposa, ya que la responsabilidad se le carga realmente al ejecutivo, no al estado. Buscar entre los sesudos juristas, es sumergirse en 300 o 400 páginas como las que usan esos señores para responder una pregunta que se resuelve en cinco minutos ¿Como se tasa la responsabilidad del estado de acuerdo a los términos de un gobierno?

Si se aplica la lógica jurídica, el Estado, en sus tres representaciones, es responsable de asuntos económicos, pensiones, adeudos, etcétera que se deben pagar por derechos adquiridos o deuda pública, entre otros asuntos similares. Pero tratándose de crímenes sin resolver de otros gobiernos, que por lo general se le adjudican al ejecutivo, éste solo es responsable si hay complicidad. Y ésta puede ser cuando no sigue adelante los procesos o los interfiere de mala fe. En ese sentido, los que gritan que la culpa de un asunto sin resolver es del estado, pueden estar cometiendo equivocación, si no analizan bien.

CUANDO NO SE RESUELVE UN CRIMEN, PESE A AYUDA, NO HAY RESPONSABILIDAD
En México hay crímenes que tienen un señalamiento directo, el del 68, el del 10 de junio, la guerra fría, el caso de Atenco, entre otros ordenados directamente por el gobierno. La muerte de Manuel Buendía ordenada por un alto funcionario de seguridad como José Antonio Zorrilla Pérez, se considera responsabilidad de estado por la inercia que expresó Miguel de la Madrid ante el crimen ¿Pero que pasa cuando un funcionario comete un crimen que tiene más ínfulas personales que oficiales? Ahí no se puede meter al estado. En el caso de Ayotzinapa el crimen de estado se establece con Enrique Peña Nieto que indudablemente estuvo enterado de los hechos por las muchas horas que duró el rejuego y la supervivencia de algunos estudiantes, ahora conocido, al día siguiente de los hechos. El dio las órdenes de seguir adelante con todas las consecuencias o los mismos jefes militares involucrados partieron de sus atribuciones para participar directamente. Es un caso de estado, de Peña Nieto, que está vigente porque los hechos siguen vivos y no se han resuelto en nueve años.

AMLO QUIERE REVERTIR LO QUE OCASIONÓ PEÑA NIETO
Después de tanto tiempo y con tantas investigaciones y personas en el caso, los avances que ofrece este gobierno son los procesos contra algunos culpables del crimen organizado y militares, entre ellos un alto jefe que también está en proceso.

La intervención judicial para dejar libres a varios de los involucrados y la fuga de uno de los más directamente involucrados como Tomás Zerón, han entorpecido muchas gestiones. El crimen de Estado proviene de otro sexenio pero lo grave es que los padres y sus abogados no entienden. No ha habido mala fe del gobierno desde la subsecretaría de Derechos Humanos con Alejandro Encinas conocido por su probidad, pero pese a ello, las víctimas los involucran en el crimen de estado de Peña Nieto, lo que no solo es injusto, es también ilegal.

Esto último lo es porque el estado tiene también sus límites y deberían confiarse en los esfuerzos y apoyar las gestiones. Hay muchos atrás que quieren evitar que la verdad se sepa. AMLO se ha comprometido a continuar en el caso hasta el final de su sexenio y el apoyo de familiares y del pueblo mismo debería ser la constante en este momento más que gritar desaforadamente como si los estudiantes hubieran desaparecido en este sexenio. Los que apoyamos esa lucha como periodistas y ciudadanos, así lo vemos.

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