Teresa Gil
laislaquebrillaba@yahoo.com.mx
La verdad os hará libres, dijo aquel personaje. Pero la verdad tiene muchas vertientes y variantes y se usa indiscriminadamente para justificar hechos. El caso de la llamada verdad histórica lo evidencia, por ejemplo. Cuando la hijita de Luis Martín Sánchez Íñiguez, el corresponsal de La Jormada asesinado el 5 de julio, señala que la verdad no hizo libre a su padre, puede ser su dolorosa concepción. Pero pudo suceder también, que el reportero de Nayarit utilizara la verdad no para si mismo, sino para ilustrar y advertir a los demás de lo que estaba sucediendo. Es lo que pasa con los defensores de derechos humanos que exponen sus vidas por un anhelo y son víctimas personales de esas luchas. El periodismo mexicano carece de muchas cosas, pero una de ellas es la organización. Modestamente de este espacio muy a menudo hago el señalamiento de la falta de esa organización. La defensa solo puede tener la fuerza de sectores organizados. La muerte salvaje, la persecución inicua, el odio indiscriminado, solo pueden enfrentarse con la organización. Un periodismo individualizado, que espera todo del poder y que se agazapa para promover sus miserias, va a ser cómplice permanente de los que están asesinando a quienes se oponen a sus proyectos. No sabemos a ciencia cierta cuántos periodistas hay en México; a fines de los noventa del siglo pasado se hablaba de 30 mil, pero con más de 500 escuelas de periodismo e instituciones que cuentan con la carrera de ciencias de la comunicación, es difícil hacer el cálculo aunque a veces se habla de 40 mil. Hay que tomar en cuenta, además, que muchos egresados no se dedicaron al periodismo, sino a otras actividades ligadas a esa carrera. Con el número de sindicatos, colegios y otro tipo de asociaciones pasa lo mismo. No hay un dato concreto, si bien la organización repunta y se manifiesta cuando pasa algo tan terrible como lo que acaba de pasar con Luis Martín Sánchez Ïñiguez en Nayarit y en su momento lo sufrimos con Rubén Espinosa Becerril y las cuatro jóvenes que lo acompañaban, entre muchos casos en los que México no es la excepción. Porque luego aparece el que repite la cantinela de que nuestro país es el más peligroso para el ejercicio periodístico y nos ponen a nivel de Ucrania. Esas insensateces deben de ser suprimidas.
DIVERSAS ESTRUCTURAS LEGALES, IMPIDEN UN GRAN SINDICATO NACIONAL
La atención por un crimen de periodista levanta ámpula, pero que cuando las aguas se aplacan la impunidad se instala y la calma vuelve a surgir. Y así ha sido por décadas. En un tiempo las agresiones vinieron de Morelos, otras de Tamaulipas, después de Guerrero, ahora de Nayarit y así en cadena. México, según Reporteros sin Fronteras, estaba hace cinco años, en el número 140 de 173 países en materia de seguridad para ejercer el periodismo. Y había pocos periodistas organizados. Hace más de 30 años, Brasil ya tenía un sindicato nacional con 25 mil miembros y por toda Sudamérica se podían contar multitud de colegios y sindicatos. Aquí, la ley lejos de favorecer la organización gremial la difuminó por décadas, aunque ahora se están haciendo cambios. Con estructuras legales diversas – empresas privadas, organismos públicos, instituciones centrales, etcétera- ha sido difícil , como sucede con los trabajadores universitarios, generar condiciones únicas para un gran sindicato nacional. Las mismas autoridades crearon las condiciones para impedirlo, con esta diversidad de patronazgos. No les convenía un periodismo organizado. Y por otro lado, la concentración de los medios en grandes empresas que monopolizan la información a las que no les interesan los conflictos laborales, ha frenado cualquier intento de aglutinarse. Cuando sucede, en buena medida los sindicatos tienden a ser blancos. Aparte de algunos sindicatos de empresas privadas y públicas, lo que hay son organismos gremiales, que se juntan con fines profesionales y de defensa, pero que no han podido rebasar el ámbito local. La compra de los medios – Prensa vendida , titula su libro Rafael Rodríguez Castañeda-, el embute, la dádiva, el chayote, que abundaban en los regímenes pasados y se ven todavía en algunos estados, era urgente a veces para periodistas mal pagados con frágil conciencia y motivo de la demora de cualquier intento de organizarse. Pero los tiempos se han venido encima y no aguantan demora. La urgencia de crear una organización nacional aunque no se apoye en leyes laborales, es inmediata. Si el clima de agresión lo promueve un entorno criminal, nadie se puede confiar. La desidia, la apatía, la inercia no caben en estos instantes. Cualquier periodista podría parodiar en su momento parte del poema de Brecht, ahora vienen por mi, pero ya es demasiado tarde.
HAY PREOCUPACIÓN EN EL OFICIO Y SE HA PROPUESTO LA ORGANIZACIÓN
Se ha escrito mucho sobre los problemas de los comunicadores, libros incluso. Y volveré a uno que puso el dedo en el problema en la palabra escrita de algunos de sus integrantes. Poco más de setenta personas entre periodistas, escritores, comentaristas, académicos, dirigentes sociales, etcétera, participaron en el libro, ¿Que legislación hace falta para los medios de comunicación en México?. Promovido por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMADI) y la Fundación Konrad Adenauer A.C. (2009), hemos tomado los puntos de vista de tres de ellos, la académica Claudia Benassini Félix, el periodista y dirigente en su momento Rogelio Hernández López y la reportera Sanjuana Martínez, directora del caso crucial de Notimex, agencia hoy desaparecida. Los tres se refieren a la inseguridad de los periodistas. Según Benassini, cuando se agrede a un periodista, la mayoría de “los discursos oficiales no atribuye estas agresiones directamente al ejercicio periodístico”. Aclaramos en este caso que esto ha cambiado en muchos sentidos y en el de Sánchez Iñiguez, las propias autoridades nayaritas suponen esta situación porque están investigando el trabajo del reportero en los últimos diez años. Por su parte, Hernández López con una gran trayectoria en la defensa del gremio e integrante en su momento de la UPD y de la Casa del Periodista en la CDMX. habla de una vinculación que debe darse entre instituciones públicas, el Congreso y la creación de un organismo rector -instituto, comisión, consejo- que tome realmente en sus manos el problema de los periodistas, apoyado por grupos de la sociedad civil. Un entreteje serio de aportes, para enfrentar los agravios y prevenirlos, con su respectiva norma. Y en ese contexto impulsar la creación de una gran coalición nacional. Parte de lo sugerido se ha estado aplicando en este sexenio desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. A su vez, SanJuana Martínez hizo una crítica a la actuación de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra Periodistas que no funcionaba porque los crímenes quedaban sin castigo. Rotundamente dice que esa fiscalía “resultó ser una cortina de humo”. Según el criterio con que se aplican las leyes a diferencia de otros sectores, “matar periodistas no tiene consecuencias”. El enfoque de ese criterio promueve la impunidad, señala. Martínez apunta que lo normal es que la instancia investigadora diga que no hay pruebas o que no está claro si son periodistas. La fiscalía actuó como en su momento el fiscal de la CDMX, que atribuyó la muerte de Espinosa Becerril a robo y homicidio. Por eso muchos de los crímenes quedaron impunes. A nuestro entender, debe ponerse énfasis en que la mayoría de los crímenes se producen en estados donde hay alta criminalidad y de entrada, como ahora en Nayarit, deben ser las autoridades locales las responsables del problema. Con el debido apoyo que se está dando desde la Subsecretaría de Gobernación .
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