Sara Lovera
CIUDAD DE MÉXICO / SemMéxico.- Del Presidente de la República al funcionario de ventanilla, cuando vulneren los derechos humanos de las mujeres, la falta no será grave, según reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas LGRA para la Administración Pública Federal APF.
La idea original de estas reformas, cuya minuta atiende a la enviada por el Senado de la República, fue sancionar a servidores públicos que vulneren los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia.
Avalada por diputados y diputadas, de todos los partidos políticos, no examinaron el dato que señala que, de 2016 a diciembre de 2021, se presentaron mil 511 denuncias por hostigamiento y acoso sexual en instituciones gubernamentales, es decir, un promedio de cinco por semana. Según el informe más reciente del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Y no obstante que la mayoría de esas denuncias terminaron con una sanción mínima, por no considerarse graves antes, ratificado hoy por la Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Las denuncias ante los Comités de Ética, de las dependencias oficiales, donde rige la LGRA significa un incremento de 26 por ciento respecto a las registradas en 2020 y son las más altas en relación con cifras de los gobiernos de años anteriores.
Sin estos datos la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, aprobó el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la LGRA precisamente en materia de supervisión, denuncia y sanción para servidores públicos que vulneren derechos humanos de mujeres víctimas de violencia.
Con 30 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones se aprobaron las modificaciones sobre un documento enviado por la Cámara de Senadores, y a pesar de que las faltas administrativas por violencia de género no serán graves, agregaron en el artículo 15 reglamentar el diseño de las acciones de prevención. Esto es, que las y los servidores públicos deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos e incorporar la perspectiva de género, con especial énfasis en temas de violencia de género.
Esto daría respuesta al informe del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), del año 2021, donde se recibió un total de 321 denuncias presentadas ante Comités de Ética y 255 más ante el Órgano Interno de Control de 82 instituciones de la Administración Pública Federal (APF). Donde testimonios de las víctimas, señalan que generalmente no tienen respuesta.
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También informan que en el artículo 20 se incluye el principio de paridad de género, -que es un mandato Constitucional- y se agrega una fracción XII en el artículo 49 para establecer que incurrirá en falta administrativa no grave el servidor público que incumpla con sus atribuciones con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, con especial énfasis en temas de violencia de género e interseccionalidad; las y los diputados, señalan además, que estas faltas y su atención, requieren realizar procedimientos en el menor tiempo posible e impidiendo la revictimización.
En el artículo 124 se plantea que podrá ser decretada como medida cautelar la prohibición de establecer cualquier tipo de comunicación con la persona denunciante o quien haya sido perjudicada por la acción u omisión de la conducta denunciada, objeto de la presunta responsabilidad administrativa.
El artículo 131 estipula que las pruebas serán valoradas atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, bajo un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e interseccionalidad.
Avalar saber ni leer
La reforma no toma en cuenta que el 3 de enero de 2020 se publicó en el Diario Oficial el Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual que establece medidas específicas para prevenir conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual en las dependencias y entidades de la APF y promover una cultura institucional de igualdad de género y un clima laboral libre de violencia y un largo etcétera.
El protocolo tiene por objeto promover ámbitos laborales, en el sector público nacional, libres de violencias y discriminaciones por motivos de género. Prevé acciones de prevención, orientación, asesoramiento y abordaje integral de la violencia y del acoso laboral.
Al respecto, el presidente del órgano legislativo, diputado Juan Carlos Romero Hicks (PAN) explicó que dicho decreto busca establecer en la ley el tema de la paridad (SIC), al garantizar el acceso de las mujeres a puestos de mando, así como que las autoridades identifiquen la discriminación de mujeres y tomen en cuenta las desigualdades en los procesos.
Por su parte la diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortés (Morena) indicó la importancia de seguir legislando para garantizar una vida libre de violencia en los diferentes ámbitos y materias, por lo que señaló que la minuta abona a equilibrar la participación de las mujeres en la administración pública.
Para la diputada Blanca Alcalá Ruiz (PRI) las acciones contenidas en el proyecto contribuyen a erradicar la violencia contra las mujeres, fortalecen la legislación e impulsan políticas públicas para garantizar el acceso a una vida libre de violencia.
El diputado del PT, Ángel Benjamín Robles Montoya, apoyó el dictamen con sus modificaciones y celebró que esta Legislatura siga avanzando en materia de género y que las diputadas y los diputados aporten soluciones desde sus ámbitos de competencias para combatir la violencia contra las mujeres.
Enseguida, Olimpia Tamara Girón Hernández, diputada de Morena, afirmó que en el tema de violencia se ha avanzado mucho y un dictamen como éste, suma aún más a estos esfuerzos. “Es algo que debemos ver todas y todos desde cualquier función de gobierno o poder”.
Del PRD, la diputada Elizabeth Pérez Valdez manifestó su voto en pro del dictamen y celebró que la Legislatura apruebe reformas en favor de las mujeres y del ejercicio igualitario en la política y la vida diaria.
En tanto, la diputada Amalia Dolores García Medina (MC) señaló que esta reforma permitirá mejores condiciones de vida para las mujeres, porque pone el acento en que el servicio público debe ser un espacio ético y de responsabilidad, de compromiso y actuación respetuosa de sus derechos humanos e integridad.
De Morena, el diputado Juan Guadalupe Torres Navarro respaldó el dictamen y reconoció que falta mucho por hacer, aunque se han alcanzado logros para erradicar el abuso y la agresión política de género. “Es una cultura con mucha historia, pero tenemos que cambiar, hacer publicidad hacia los ciudadanos y ciudadanas para cambiar esa conciencia y costumbre por el bien general de todos y todas”.
El proyecto se envió a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su trámite legislativo.
AM.MX/fm
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