CDMX.- Las y los legisladores de Morena respetan la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la primera parte de la reforma electoral, “pero no la compartimos”, porque se extralimitó y excedió, expresó el senador Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva del Senado.
En conferencia de prensa, dijo que la decisión para invalidar las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley de Responsabilidades Administrativas “tiene una implicación política, no una implicación legal”.
Alejandro Armenta subrayó que en los últimos meses se denota una actitud de rechazo, por parte de la Suprema Corte, hacia el trabajo de diputados y senadores, por lo que para los legisladores es un exceso el hecho de querer limitar las funciones que le competen al Poder Legislativo.
Recordó que tanto senadores como diputados son elegidos en las urnas, por lo que “esa voluntad ciudadana está siendo trastocada por una interpretación política” del Poder Judicial.
Alejandro Armenta planteó que la SCJN no tiene transparencia, pues la rendición de cuentas se hace a través del Consejo de la Judicatura Federal, pero ese órgano regulador, encargado de atender las posibles faltas o abusos de los ministros, tiene como titular a la propia presidencia de la Corte.
“Si la Judicatura es un regulador, ¿cómo va a regular la misma persona que es presidente o presidenta de la Corte en turno? ¿cómo vas a poder ejercer actos de transparencia, si cuándo existe nepotismo, abuso de poder, desvío de recursos o sentencias que benefician al interés privado extranjero, no hay un órgano que revise el actuar de los ministros”.
En ese contexto, Armenta recordó que en abril pasado presentó una reforma para separar la representación del Consejo de la Judicatura Federal de la SCJN; además, plantea que la elección de los ministros sea por la vía democrática.
Al preguntarle sobre el rechazo social hacia el Poder Judicial, por parte de la ciudadanía que se expresa a través de diferentes espacios, el legislador de Morena subrayó que esta percepción se debe a que las y los mexicanos saben que los ministros ganan hasta tres veces más que el Presidente de la República.
“Claro que hay indignación, cuando hay familias que no les alcanza, ni siquiera para tener sus tres alimentos al día. Claro que es un acto de dispendio público saber que, con el sueldo de un día, un ministro de la Corte se podría comprar una casa, que para un trabajador o un obrero le llevaría 15 años de su salario”.
Debemos entender, enfatizó, que los poderes públicos deben estar sujetos al escrutinio público; por lo que el Poder Judicial está alejado de la sociedad, su realidad es otra a la que viven las y los mexicanos.
Los fideicomisos, señaló, son cajas de la impunidad por la falta de transparencia y por el saqueo presupuestal, por lo que deben desaparecer, en este caso, el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“El Poder Judicial no le rinde cuentas a nadie. Por lo tanto, se constituye como un Poder Supremo, como un Poder que no está acotado al marco jurídico, y el hecho concreto son los fideicomisos públicos que tienen fondos por más de 20 mil millones de pesos y que hasta este momento no sabemos cuál es el uso ni el destino que se les da”.
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