Por Mouris Salloum George
La transparencia y rendición de cuentas no debieran ser una opción de todo funcionario público, sino una obligación en un sistema democrático. Para hacer efectiva esa garantía se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (DOF, 11 de junio de 2002), que dio nacimiento al IFAI, el cual entró en vigor al año siguiente.
En 2014 adquirió su actual denominación de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).
En su verdadera trascendencia, este organismo surgió como una poderosa arma ciudadana contra la corrupción, el mayor cáncer de México de acuerdo con palabras del actual mandatario.
En el año 2022, según Transparencia Internacional, México se ubicó en el sitio 126 de las naciones más corruptas, de un total de 180 evaluadas.
La evolución del INAI no ha estado libre de escollos. La transparencia y rendición de cuentas no son algo natural a las autoridades. Desde su nacimiento el Instituto fue acotado en sus funciones de hacer efectivo el derecho a la información que garantiza el Artículo 6º. Constitucional, al permitir a los funcionarios reservar cierta información por motivos de “seguridad nacional”.
Al mismo tiempo el organismo se encontró limitado en su desempeño ante la simple negativa de los funcionarios mediante el recurso de “Inexistente”. Otro inconveniente para hacer efectivo el derecho mencionado fue la “burocratización” del proceso.
Como sea, no dejó de ser un avance importante. Con posteriores reformas, el Instituto quedó conformado como un ente autónomo, garante del cumplimiento de leyes tan importantes como la de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, y de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, así como de la relativa a los sujetos obligados (físicos o morales, aquellos que manejan fondos públicos).
Hasta diciembre de 2020 –desde su creación en 2003- el Instituto dio cauce a dos millones 236 mil solicitudes de información. Una de estas planteada por el actual mandatario, en 2017, para conocer lo relativo a las pensiones de los expresidentes a partir de lo cual determinó eliminarlas.
“La información es para conocer asuntos y tomar decisiones”, sostiene la Comisionada del INAI, Julieta del Río.
Hoy el INAI enfrenta el mayor embate en su corta vida. El presidente AMLO quiere desaparecerlo: “No sirve para nada”. La comisionada presidenta del Instituto, Blanca Lilia Ibarra, responde: “El ataque al INAI es un ataque a la democracia”.
La jueza Celia Quintero ordenó al Senado nombrar a los comisionados faltantes y le dio un plazo fulminante de 48 horas.
Sea como fuere, el INAI llegó para quedarse; si bien es perfectible, en la coyuntura actual de México no solo es necesario, sino indispensable.
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