Por Gerardo Flores Ledesma
CDMX.- NO HAY ninguna duda que la nueva ley minera, con base en los cambios que realizaron los senadores la semana pasada por la vía del “fast track”, provocará demandas por un monto equivalente a los 9 mil millones de dólares.
Hasta este momento, ese es el recuento de los daños calculados por 40 empresas de Estados Unidos y Canadá y sus 23 proyectos de inversión ya autorizados y avalados por las autoridades mexicanas, mismos que se desarrollarían entre 2023 y 2028.
La afectación por las modificaciones de los senadores de Morena y su nueva Ley Minera también se llevará entre las patas o comprometerá los resultados de al menos 70 sectores industriales, principalmente el automotriz, farmacéutico y tecnológico.
Aunque la nueva Ley de Minería de México aún no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, la incertidumbre está redoblada, la molestia exacerbada, la confianza lacerada y los recursos legales en marcha, gracias a la 4T y sus legisladores, cuyo argumento fue recuperar la rectoría del Estado, pero en realidad sólo tendremos otro monopolio estatal, ahora en la exploración de minerales, lo que podría paralizar el sector.
