MÉRIDA- Las autoridades de Estados Unidos están poniendo atención en Yucatán por varios motivos, específicamente la DEA, Drug Enforcement Administration por sus siglas en inglés, pues tiene bajo investigación una serie de propiedades de funcionarios de Yucatán, incluidos policiacos, que poseen en los Estados Unidos.
Para las agencias estadounidenses, Yucatán está en la mira por el lavado de dinero y el tráfico imparable de droga, todo bajo la impunidad de las autoridades.
De acuerdo con Grupo Sol Corporativo, las agencias de seguridad investigan las actividades de los laboratorios de fentanilo que ya operan en Yucatán, el trasiego vía marítima a la Unión Americana, como el escándalo de los tiburones rellenos de cocaína en marzo del 2020 en el puerto de Progreso, Yucatán, además la pesca del tiburón, así como el tráfico de pepino de mar, ¿adivinen en manos de quienes están?
El servicio de investigación del Congreso de los Estados Unidos tiene conocimiento de todos los carteles que operan en Yucatán, de cómo cohabitan y de cómo distribuyen sus actividades delictivas y sus territorios, sin embargo, la preocupación es con el CJNG y el de Sinaloa, que ya comenzaron a pelear la plaza.
Las conexiones del crimen organizado, en especial del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, no solo alcanzaron a la Comisión Federal de Electricidad, sino también al Gobierno del Estado de Yucatán, a su gobernador y sus mandos policiacos.
En el documento reconocen que hay carteles en Yucatán y que hay una carpeta de investigación en contra de Mauricio Vila Dosal y Layda Sansores, así como otros personajes de la política en la Península.
Es iluso pensar que no saben de la presencia y las actividades de los barones de la droga en el estado de Yucatán, así como será doblemente iluso imaginar que ni Mauricio Vila, ni Renán Barrera saben de las actividades del Secretario de Seguridad Pública en la entidad, Luis Felipe Saidén Ojeda.
ATLAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA
El Atlas de Seguridad y Defensa por México que presentó el especialista en tema de drogas, Eduardo Guerrero, deja en evidencia lo que siempre han negado desde el interior de palacio de gobierno y que le cuesta millones de pesos a los yucatecos, porque para que la sociedad no se entere de la realidad ni de las actividades del crimen organizado en Yucatán, hacen un cerco informativo con muchos medios de comunicación, para que nada de esto salga a la luz y todos tengan esa falsa sensación y perspectiva de seguridad.
El mencionado Atlas de Seguridad, deja ver claramente que en Yucatán cohabitan un remanente del Cártel del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, más un par de organizaciones locales comandadas por la familia Epitacio, originaria de Oaxaca y con amplio historial delictivo en Yucatán.
Aunado a esto, el servicio de investigación del Congreso de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés, Congress Research Service – CRS, difundió que tienen conocimiento de todos los carteles que operan en Yucatán, de cómo cohabitan y de cómo distribuyen sus actividades delictivas y sus territorios, sin embargo, la preocupación es con el CJNG y el de Sinaloa, que ya comenzaron a pelear la plaza.
En ese sentido, el servicio de investigación del Congreso estadounidense, menciona que no hay un líder en específico, que se están peleando Yucatán porque es clave para mantener el dominio en toda la Península.
En un apartado que fue mostrado a los congresistas estadounidenses por el Observatorio Interamericano sobre Drogas – Cicad por sus siglas en inglés-, y el cual es un mecanismo de evaluación multilateral de la Organización de Estados Americanos a la cual pertenece México, denuncia que nada de los escenarios delictivos en todo el territorio nacional sucedería si no fuera con la venia de las autoridades encargadas de procuración de justicia y de la prevención, quienes tienen documentado cómo se correlacionan y cómo se vinculan con los jefes de los carteles en todo el territorio mexicano.
Lo cual deja en evidencia que en Yucatán hay esa correlación sobre todo de la policía estatal y del Gobernador del Estado Mauricio Vila Dosal, si hay dos personas que detentan todo el poder en la entidad, estos son el Gobernador y el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Luis Felipe Saidén Ojeda, en ellos está el destino de los Yucatecos.
Este medio informativo tiene una entrevista que se le realizó a la líder de una célula del crimen organizado, donde señala que mandos medios los ayudan a proteger las cocinas de fentanilo y qué funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad están involucrados en el tema, así como quién fue el enlace para iniciar este lucrativo negocio, que ahora ya toma otras dimensiones y genera mucho más ganancias que la cocaína.
FENTANILO
Pero con la llegada del Tren Maya se abrieron nuevos paradigmas y retos en el ámbito de la seguridad y la criminalidad, el mercado del fentanilo que es base de la nueva economía de las drogas, tanto en México como en los Estados Unidos, ha venido a dejar en la mejor desagradable posición al estado de Yucatán, que tiene todas las condiciones para que esta droga se fabrique, procese, se consuma, distribuya y se exporte a Estados Unidos.
A ese respecto podemos señalar, como publicamos en una entrega anterior de Sol Yucatán, esta droga sintética ya se fabrica en tierras yucatecas y corren desde hace ya año y medio en todo el Estado y se distribuyen hacia Cancún, Chetumal, Playa del Carmen, Campeche, todo esto teniendo como epicentro Yucatán.
Estos negocios que se hacen con la venia y al amparo del poder, son los que hacen que nuestros jóvenes yucatecos, sobre todo los de las zonas populosas vivan sumergidos en la pobreza y las drogas, muchos de ellos trabajando como tiradores para el crimen organizado.
EL CARTEL DE LA POLICÍA
Para explicar mejor el contexto anterior, en Yucatán manda el cartel de la policía estatal, dicho aparato de seguridad que más que para mantener la seguridad en la sociedad yucateca, está diseñado para reprimir cualquier situación de índole social, para vigilar las actividades de empresarios que son acosados, quienes les solicitan sumas de dinero para no multarlos o suspender sus negocios.
Es decir, el Gobierno del Estado y la Policía Estatal, fungen o hacen la tarea de cobro de piso, lo que les prohíben a los carteles de la droga lo hacen ellos.
EXTORSIONADORES
Podemos citar como ejemplo que entre otras actividades se dedican a extorsionar a ciudadanos con la amenaza de un operativo antidrogas, en conjunto con licenciados de los juzgados, trabajan psicológicamente aterrorizando a la ciudadanía para que le entren con la extorsión, testimonios hay muchos, pero citaremos un par, donde quedan en evidencia tanto los ilícitos que cometen como los montos de dinero que piden a los ciudadanos a los que se supone deberían proteger.
Los hechos ocurrieron en un predio ubicado en la calle 23 con 20, la mañana del 13 de agosto del 2022, al lugar hasta donde llegaron decenas de agentes fuertemente armados.
La mujer denunció públicamente que días atrás había recibido una llamada por parte de una licenciada que fue identificada como Lilia Canché, quien trabaja presuntamente en un juzgado, quien intentó extorsionar a la mujer y en caso de no acceder, atentaría contra la integridad de su familia.
La quejosa indicó que le pidieron 50 mil pesos, amenazando con un operativo antidrogas si no accedía a dar el dinero, a lo que la mujer le indicó que ellos no venden drogas y amenazaron con ‘sembrar’ droga en su casa.
De igual forma el 20 de noviembre del 2021, en plena pandemia, los efectivos de la PEI fueron acusados por una familia de empresarios originarios de Tabasco por una detención ilegal, al detenerlos por querer cambiar dólares en una casa de cambio, los privaron de su libertad, les robaron tarjetas de crédito, los obligaron a darles las contraseñas de las tarjetas de débito y les robaron celulares, relojes y joyas que traían consigo, esto documentado y asentado incluso públicamente en varios medios de comunicación.
AM.MX/fm
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