Por Araceli García
A partir del anuncio de la presencia de la Guardia Nacional en espacios tan democráticos como el Sistema Colectivo de Transporte Metro, vienen a mi mente ciertas reflexiones en torno a la creación de una Policía Nacional que cumpla con las atribuciones de vigilancia y seguridad, no la disruptiva e intimidante presencia de un cuerpo de seguridad cuyas funciones constitucionales son otras de gran relevancia.
Es fundamental definir algunos aspectos antes de intentar argumentar la tesis básica de este artículo.
El primero de ellos es hacer una distinción entre seguridad nacional, defensa nacional, seguridad interior, seguridad pública y protección civil.
Los Estados Nacionales, entre ellos México, están constituidos básicamente por un territorio, una población, una administración (algunas definiciones lo denominan gobierno; en lo particular prefiero utilizar el término administración por sus implicaciones pragmáticas y democráticas) y finalmente, un marco jurídico, es decir, un conjunto de leyes y normas definido democráticamente.
La función básica de un sistema vivo es, en primer término, la supervivencia y en segundo, el equilibrio (estabilidad nacional). En este sentido, también lo es la supervivencia del Estado Nacional Mexicano, lo que se traduce en seguridad nacional.
La seguridad nacional se define como las acciones tendientes a garantizar la supervivencia, la integridad y la soberanía del Estado Mexicano, condiciones necesarias para privilegiar el desarrollo nacional y que tiene un efecto directo sobre la población, el territorio y el orden establecido por las leyes y normas.
La defensa nacional es parte importante de la seguridad nacional y tiene por finalidad garantizar la independencia y soberanía del Estado Mexicano contra las agresiones exteriores que puedan existir. Incluye el establecimiento de las Fuerzas Armadas para repeler cualquier intento exógeno de socavar la autonomía nacional. La Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea son responsables de planificar y materializar todo el esfuerzo para preservar la soberanía de México, contando con el apoyo de la Guardia Nacional para fortalecer sus misiones en el ámbito interior.
La seguridad interior es el conjunto de medidas que tienen por finalidad preservar el orden interno de amenazas endógenas, tales como el terrorismo, los grupos subversivos, el narcotráfico y la delincuencia organizada, cuyo objetivo es influir, transgredir y dañar a las instituciones del Estado Mexicano, a través de la corrupción y la usurpación de las funciones públicas que la sociedad les confirió. Este nivel está a cargo de organismos como la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República y puede recibir el apoyo de instituciones policiales.
La seguridad pública es un nivel de seguridad indispensable para el desarrollo nacional debido a sus implicaciones y al impacto que ejerce en la sociedad, así como en el establecimiento de un orden público óptimo para que la sociedad se desenvuelva en un entorno pacífico y desarrollado. En este nivel se encuentra la proximidad ciudadana, la prevención de delitos y la procuración de justicia, por lo tanto, protege directamente a la sociedad; de ahí su importancia. Están en este nivel, la Policía Nacional, que no ya existe, las Policías Estatales, las Policías Municipales, la Fiscalía General de la República, las Fiscalías Estatales y los Ministerios Públicos.
La Protección Civil es un nivel complementario e inseparable de la Seguridad Pública, protege a la sociedad de desastres naturales y/o antropogénicos, tales como huracanes, sismos, accidentes, etc. Este estrato de la seguridad es tradicionalmente uno de los más descuidados y está a cargo de lo que se conoce como “Protección Civil”.
La Seguridad Pública está delineada en función de los delitos del orden civil contenidos en el Código Penal Federal y los Códigos Penales Estatales y en mi opinión están limitados a los delitos comunes. En el momento en que la delincuencia se organiza y comienza a desafiar las capacidades del Estado Mexicano, las policías civiles tienen la obligación hacer lo necesario para prevenir un delito mayor o grave. Aquí radica la complejidad del asunto. A la fecha, pocas veces hemos visto un nivel de coordinación policial, tal que las corporaciones municipales, estatales y en su momento, la federal pudieran enfrentar con éxito las amenazas que representa la delincuencia organizada.
Es deseable contar con una Policía Nacional que tutele la prevención, contención e investigación de delitos y establezca bases para coordinar y liderar los esfuerzos policiales al nivel estatal y municipal.
Hoy en día esa figura no existe, de hecho se perdió con la disolución de la Policía Federal, sin embargo, el Estado Mexicano tiene la oportunidad de retomar ese modelo en el siguiente sexenio de la mano de una figura que hoy en día hace sus funciones: la Guardia Nacional.
La Guardia Nacional es una Fuerza Armada que tiene características muy específicas. Históricamente es una fuerza que contribuye en la Defensa Nacional, organizando a las reservas y conscriptos, por lo que su naturaleza es un tanto diferente de las Fuerzas Armadas regulares. Esta fuerza a su vez, tiene la capacidad de auxiliar a una “Policía Nacional o Federal” cuando sus capacidades de fuego y organización se vean rebasadas por el poder de los grupos de la delincuencia organizada.
Esto pone a la Guardia Nacional en un estado intermedio entre la seguridad pública y la defensa nacional, que tradicionalmente hemos denominado seguridad interior.
Esta posición intermedia le proporciona la oportunidad a la Guardia Nacional de convertirse en una referencia moderada para el diseño y construcción de una Policía Nacional de carácter civil debido a su naturaleza híbrida.
No es un secreto que muchas corporaciones policiales en el mundo tienen como origen a las Fuerzas Armadas, pero sería más laxo utilizar como modelo a una Fuerza Armada orientada a las funciones de seguridad interior, que a las de defensa nacional.
Otra ventaja sería que el personal militar de la Guardia Nacional, al retirarse, podría formar parte de la Policía Nacional, proporcionando su experiencia y conocimientos al servicio del Estado Mexicano, sin que éste se desperdicie.
Contar con una Policía Nacional no resolvería el problema de la seguridad pública, sin embargo, sentaría un precedente de robustez institucional, pocas veces visto en la historia del país. En este contexto sería fundamental incluirla en la Constitución Política y que su estructura tenga como base el modelo profesional militar, así como el sistema de prestaciones sociales que se proporciona en el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana debería agrupar varios cuerpos de seguridad independientemente de la Policía Nacional. Habría que formar y madurar un Cuerpo de Protección Civil que respondiera a las necesidades de la sociedad en casos de desastres; una Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza que contribuya al desarrollo de los puntos de entrada y de salida del territorio nacional; un Cuerpo de Bomberos profesional y permanente y finalmente un Cuerpo de Protección de Áreas Históricas y Naturales con la autoridad suficiente para tener dominio y presencia en cada rincón de este vasto país.
Los retos son enormes, pero éstos son proporcionales a la oportunidad que tiene la siguiente administración para retomar con más moderación los planteamientos políticos establecidos por el actual presidente.
VCR/SEMMEXICO
