Roberto Fuentes Vivar
Tragedia de Juárez: las dos leyes foxistas
Por cada agente de la GN hay 10 privados
Delfina, Oxxo, Bimbo, T`-MEC, NL, SLP
La tragedia del albergue para migrantes en Ciudad Juárez es una especie de ultimátum a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, para poner orden en el Instituto Nacional de Migración y en las empresas de seguridad privada.
Lamentablemente, en los dos casos, el marco jurídico es obsoleto y representa una herencia de sexenios anteriores. El Instituto Nacional de Migración fue creado por Carlos Salinas y sus operaciones fueron modificadas en el sexenio de Vicente Fox, pero nunca se abordó a fondo la importancia del respeto a los derechos humanos de las personas que cruzan nuestro país tratar de vivir el “american way of life”.
Mucho menos se incluyeron las presiones de Estados Unidos, cada día más fuertes, para tratar de convertir a México en “tercer país seguro”, opción a la que el gobierno actual se niega. Quizá por eso es importante el anuncio el presidente Andrés Manuel López Obrador de crear un grupo para modificar (o de plano eliminar) al Instituto Nacional de Migración, incluyendo a personajes como el padre Alejandro Solalinde.
En el caso de la seguridad privada, que, de acuerdo con conferencia de prensa de la Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, parte de la responsabilidad de la tragedia de Ciudad Juárez recaer en la empresa de seguridad privada que custodiaba el albergue,
Por eso, este caso debe de ser una lección para ir más allá, pues la actual ley data de 2006 y desde hace más de un año se realizaron las modificaciones constitucionales y debería de haberse elaborado la nueva ley en la materia, pero el poder legislativo no ha avanzado en el asunto,
De hecho en México existen dos organismos de empresas de empresas de seguridad: el Consejo Mexicano de Seguridad Privada y la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada y ambos han exigido una nueva ley que permita poner fin a la clandestinidad, pues se calcula entre 30 y el 50 por ciento de las compañías se dedican a brindar este servicio operan con irregularidades.
Nada más como ejemplo, el pasado lunes, unas horas antes de los hechos de ciudad Juárez, la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada presentó un estudio sobre este sector en América Latina.
En esa investigación se indica que México cuenta con la mayor industria de seguridad privada de América Latina, con un vertiginoso crecimiento desde el gobierno de Vicente Fox. Entre oros datos menciona que en México hay más de cuatro mil 300 empresas de las cuales solo 2 mil 700 cuentan con licencia federal o con permisos estatales o municipales. En general aportan 1.3 por ciento del PIB y más de un millón de empleos directos, Sin embargo en materia de profesionalización están muy por debajo de Colombia que cuenta con mayores sistemas de capacitación.
La principal empresa de seguridad privada en México es Multisistemas de Seguridad Industrial que considera que en nuestro país 98 por ciento del sector de la seguridad privada está compuesto por empresas “patito”, que cobran muy barato, sin prestaciones para sus trabajadores y pagan salarios en muchos casos inferiores da cuatro mil pesos mensuales.
A su vez, el Consejo Nacional de Seguridad Privada considera que en México trabajan alrededor de seis mil empresas de ese tipo, las cuales cuentan con alrededor de 500 mil guardias,
Acerca de los sueldos, Indee una empresa dedicada a la investigación del mercado laboral calcula que el sueldo promedio de los guardias privados es de siete mil 500 pesos mensuales, mientras que otra empresa, Talento, ubica el promedio en seis mil pesos.
De acuerdo con los datos oficiales, los trabajadores registrados de empresas de protección y custodia ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), suman 500 mil, que significan dos por ciento de la planta laboral del país, pero en este sector la informalidad llega de casi 50 por ciento.
Se calcula que esta industria representa alrededor de 400 mil millones de pesos anuales y si se toma en cuenta el número de trabajadores significa que por cada miembro de la Guardia Nacional existen 10 policías privados (si se asume como cierto que haya un millón de trabajadores en este sector y solo 120 mil miembros de la Guardia Nacional).
Dentro de este panorama general Rosa Icela Rodríguez denunció que ya fue descubierta la primera irregularidad cometida por la empresa Camsa, que custodiaba el albergue, pues sólo tenía reportados a cuatro empleados con 10 uniformes y el contrato con el Instituto Nacional de Migración era de 503 elementos en 23 estados de la República.
En síntesis la tragedia de Juárez es un llamado urgente al orden en las empresas de seguridad privada y máxime cuando son contratadas por el gobierno.
Si se analizan otros contratos del sector público con empresas de seguridad privada, la palabra que surge inmediatamente es falta de transparencia, que viene desde sexenios anteriores. Nada más hay que recordar el caso de las asignaciones a las compañías de Genaro García Luna y que han sido ampliamente expuestas por Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiero y que representan alrededor de 14 mil millones de pesos.
Quizá la enseñanza principal de la tragedia de Ciudad Juárez, es la urgencia de poner orden en el Instituto Nacional de Migración y en las empresas de seguridad privada. Y hacerlo no solo es labor del Poder Ejecutivo, sino que el Legislativo tiene mucho que aportar para evitar otro hecho tan doloroso como el de la semana pasada.
Dice el filósofo del metro: Seguridad privada no debe significar privar de seguridad.
Tianguis
Este lunes comienzan las campañas para la elección de gobernador en el estado de México, en in entorno en el cual, según Massive Caller la candidata de Morena. Delfina Gómez, tiene 40.5 por ciento de la intención de voto, pero su contrincante de la alianza del PRI-PAN-PRD, Alejandra del Moral ha ido creciendo en preferencias, hasta llegar a 34.6 por ciento, mientras que uno de cada cuatro votantes se mantiene indeciso. También en ese entorno se dio a conocer que la aspirante morenista a la gubernatura del estado más poblado del país, otorgó varios contratos a la que se consideró su empresa consentida, la cual obtuvo acuerdos por 539 millones con diversas dependencias de la Cuarta Transformación. Se trata de DSTI México, a la que fueron adjudicados al menos 14 contratos con diversas dependencias federales para arrendamiento de equipos. De estos acuerdos, al menos 200 millones corresponden a adjudicaciones que fueron asignados de manera directa, es decir, sin que existiera licitación pública de por medio. Otros 308 millones se contrataron mediante licitaciones de invitación restringida bajo el método de invitación a tres proveedores y solo 31.4 millones tienen su origen en contratos licitados, es decir sólo el 5.85 por ciento del valor total de los contratos de acuerdo con la plataforma de transparencia del Gobierno Federal. DSTI México durante la administración de Delfina Gómez en la SEP, recibió un contrato por 253 millones de pesos por el arrendamiento de equipos de cómputo. Este asunto pesa directamente sobre la candidata de Morena al gobierno del estado de México… La semana pasada se dieron a conocer dos noticias sobre el actuar de las grandes empresas mexicanas en el extranjero. Uno de ellos es que una filial de Oxxo, la empresa de tienda de conveniencia de Fomento Económico Mexicano inició un programa para apoyar las familias suizas, al rematar comida fresca a precios “de regalo” para que los suizos sorteen la inflación. Concretamente, Valora (filial de Oxxo en Europa) está ayudando a las familias en época de inflación y remata comida fresca en sus tiendas. Se unió a una convocatoria de la organización Too Good To Go, por lo que, desde el mes pasado, 330 establecimientos de la marca K Kiosk y puntos de venta de Avec ofrecen productos alimenticios no vendidos a un precio reducido alrededor del horario de cierre. Por solo el equivalente a ¡100 pesos! Los suizos pueden acceder a una bolsa cuyo valor es de más de 350 pesos. ¿Por qué no lo hacen aquí en México para las personas más vulnerables?.. La otra noticia es que los empleados repartidores de las filiales de Bimbo en Estados Unidos se quejaron ante la Procuradora de Trabajo de ese país, Seema Nanda, porque han sido erróneamente clasificados como “contratistas independientes”, evitando así el pago de horas extras. De hecho, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos presentó recurso para desestimar una contrademanda de Bimbo luego de que dicha empresa se ha negado a pagar horas extras a sus trabajadores. La dependencia laboral de Estados Unidos señaló que, de acuerdo con la Ley de Normas Laborales Justas no permite que empleadores hagan valer reclamos contra sus trabajadores que busquen que se les pague salarios atrasados… Por cierto que no son las única empresas mexicanas que actúan al en otros países o hacen caso al dicho de que “en casa del herrero cuchillo de palo”. Otra empresa alimentaria mexicana, Sigma, en la zona de Bélgica, Holanda y Luxemburgo dona frecuentemente alimentos a las clases más desposeídas. En España, tiene voluntarios que colaboran con la Federación Española de Bancos de Alimentos durante su Gran Colecta Anual y la empresa donó 1.3 toneladas de alimentos a comunidades afectadas por la erupción volcánica en la isla de La Palma. Y así en Francia, en Rumania y hasta en Estados Unidos, en donde en 2021 Sigma donó 390 mil dólares, además de apoyos en especie destinados a distintas fundaciones y organizaciones de beneficencia pública… Por cierto que El Gobierno de México, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de la Secretaría de Economía (SE), acordó con el Gobierno de Estados Unidos un plan de reparación que atiende la denegación a los derechos de libertad sindical y negociación colectiva en la empresa Manufacturas VU, ubicada en Piedras Negras, Coahuila. Este acuerdo deriva de las consultas realizadas entre ambos gobiernos a partir de la investigación realizada por el Gobierno de México en dicha empresa al amparo del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), donde se confirmó la existencia de actos de injerencia patronal en perjuicio del sindicato titular de una Constancia de Representatividad y otras conductas que obstaculizaron la negociación de buena fe de un contrato colectivo de trabajo… En San Luis Potosí, el alcalde Enrique Galindo reafirmó que la capital potosina avanza firme hacia una ciudad digital Al participar en el Foro Internacional Alianzas para el Hábitat – Ciudades Inteligentes en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el Presidente Municipal, Enrique Galindo Ceballos, confirmó que el Municipio de San Luis Potosí sigue su ruta para convertirse en una ciudad digital, pero con datos protegidos, por eso a través de una plataforma propia, se garantiza esa protección a favor de la ciudadanía y de la misma Capital potosina… En Monterrey se presentaron los resultados de la política social del gobierno del estado de Nuevo León, denominada la Nueva Ruta, que a un año de haberse implementado atiende ya a un millón de personas con programas y servicios de alimentación, salud, educación, vivienda y empleo. La secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, informó que este esfuerzo sin precedentes, que involucra la participación coordinada y transversal de instituciones públicas y privadas, así como académica y organismos nacionales e internacionales dedicados a los temas de medición y evaluación de la pobreza, está encaminado a lograr la mayor reducción de carencias sociales en la historia del estado. Anunció también que la meta para este año es sumar a un millón de personas adicionales a esta estrategia… Las 84 asociaciones que componen el Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes rechazaron la iniciativa que elimina las facultades de todas las autoridades electorales, principalmente el TEPJF, para establecer acciones orientadas a proteger los derechos político-electorales de las y los mexicanos que residen en el extranjero. Objetaron que la Cámara de Diputados pretenda eliminar estos mecanismos de acceso a la justicia electoral, quitar al TEPJF la facultad de otorgar acciones de representación política de los migrantes en Estados Unidos y negar la posibilidad de contar con candidaturas independientes migrantes… Por cierto que el Sistema McDonald’s México, integrado por Arcos Dorados y su red de franquiciatarios, presentó la iniciativa “Espacio Azul”, con el objetivo de promover la inclusión de todas las personas. En esta primera fase, 64 restaurantes distribuidos en México podrán ser identificados por el distintivo “Espacio Azul”, los cuales cuentan con un área adaptada para que las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) puedan convivir. El proyecto incluye la capacitación de colaboradores que trabajan en los restaurantes.
filosofodelmetro@yahoo.com.mx
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