Gloria Analco
El Poder Judicial de México compromete el éxito del nuevo entendimiento de los gobiernos de México y Estados Unidos para incrementar la cooperación en el combate al crimen organizado, por la corrupción que impera entre jueces y ministros, que mayoritariamente actúan a favor de los criminales.
Este escollo es de mucha trascendencia para el país, a tal grado que ya se habla de llevar a juicio político a aquellos ministros, consejeros de la Judicatura Federal y otros, identificados con favorecer a figuras del crimen organizado sin fundamento legal y por procurarlo al no interceder para evitarlo.
Así, el Poder Judicial se ha convertido en el mayor obstáculo no sólo para los propósitos que han establecido las administraciones de López Obrador y Biden, en la segunda fase de este entendimiento, lo cual se ha constituido en un desafío cuesta arriba para aprovechar todas las posibilidades que plantea la cooperación por la falta de colaboración de los jueces, y que pone en riesgo la seguridad nacional de ambos países.
El Presidente López Obrador planteó este problema, aunque en forma velada, a la Asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Liz Sherwood-Randall, en un encuentro que tuvo lugar el pasado 9 de marzo en Palacio Nacional, y que hizo obligado que la funcionaria estadounidense también se reuniera con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, en función de mejorar la seguridad entre ambos países y reducir los obstáculos que pueden interponerse por la falta de colaboración del Poder Judicial en México.
No faltó quien comentará que no hubiera estado “nada mal” que Liz Sherwood-Randall, se encontrara con la propia presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, a manera de presión para conminarla a que desempeñe el gran papel que se espera de ella, primera mujer en ese cargo en México, para cerrar filas en la urgente necesidad de combatir frontalmente al crimen organizado y eliminar la tendencia de estarlo solapando.
Quedó claro que no van a ser de ninguna utilidad las políticas que apliquen las autoridades mexicanas y estadounidenses, con sus sistemas de inteligencia y contrainteligencia para identificar y detener a los elementos involucrados en el crimen organizado, si figuras del Poder Judicial van a dejarlos libres, a poner obstáculos para su extradición, o descongelar cuentas de dinero mal habido, como ya se está haciendo costumbre.
Resulta una interferencia en México que integrantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Dan Crenshaw y Michael Waltz, estén proponiendo que el Ejército estadounidense se haga cargo de combatir a los cárteles mexicanos, pero al mismo tiempo se entiende esa postura si el Poder Judicial de México no cumple con su papel de expedir las órdenes de aprehensión, una vez que han sido detenidos, lo cual no ha pasado desapercibido a los estadounidenses.
Con esta conducta, algunos jueces y ministros se han convertido en fuertes promotores de la delincuencia en México, que al sentirse protegida redobla sus acciones delictivas y desafía más a los poderes militares que diariamente exponen la vida en el combate al narcotráfico.
En este sentido, el Poder Legislativo tiene la facultad de realizar el procedimiento de juicio político a ministros de la corte, actuando como órgano de acusación, lo cual no está lejos de hacerse realidad si siguen dándose casos como el desbloqueo de las cuentas de la esposa de Genaro García Luna, la cancelación de la orden de aprehensión sobre Cabeza de Vaca, y la eliminación de pruebas claves en el caso de Emilio Lozoya por un juez, por citar algunos ejemplos que han escandalizado a la sociedad.
Frente a estos casos, entre otros, el Presidente López Obrador ha dicho que la ministra presidente de la corte “descuida la vigilancia hacia los jueces”, que, en efecto, actúan con resoluciones a favor de los presuntos delincuentes, generando sospecha de corrupción en el Poder Judicial.
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