CIUDAD DE MÉXICO.- La prisión preventiva y el arraigo tiene a más de 93 mil personas privadas de su libertad sin sentencia, dijo el senador Clemente Castañeda, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Los datos muestran que la prisión preventiva oficiosa no reduce el crimen ni la impunidad, al contrario, violenta los derechos de personas, en su mayoría de escasos recursos, añadió el senador.
Movimiento Ciudadano siempre se ha manifestado y votado en contra de la prisión preventiva oficiosa porque violenta la presunción de inocencia, pervierte el sistema de justicia en el país y en nada sirve para reducir el crimen y la impunidad, subrayó el senador Clemente Castañeda.
En el arranque del periodo legislativo, el senador Castañeda llamó a las y los legisladores de las fuerzas políticas a corregir y eliminar la prisión preventiva y el arraigo, para ello, presentó una iniciativa que reforma los artículos 16, 18 y 19 de la Constitución.
“La prisión preventiva oficiosa y el arraigo tiene a más de 93 mil personas privadas de su libertad sin una sentencia, sin acceso a una defensa adecuada y, en la mayoría de los casos, como consecuencia de la desigualdad e injusticia cotidianas que se viven en México”, dijo Castañeda.
Clemente Castañeda subrayó que la eliminación de la prisión preventiva oficiosa y del arraigo es una exigencia social y un llamado de justicia, dado que se sustituye la capacidad de investigación de las autoridades por el dictado automático de una resolución que transgrede el derecho a la libertad de los procesados.
La propuesta del senador elimina la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, y establece la prisión preventiva justificada, exclusivamente cuando: Se acredite la existencia de indicios suficientes que vinculen a la persona con los delitos.
Sea necesario proteger la vida y la integridad de las personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el indiciado se sustraiga a la acción de la justicia. Las medidas cautelares que emita la autoridad judicial deberán ser justificadas en su duración temporal, modalidad, lugar y fines específicos para el éxito de la investigación.
La autoridad judicial competente y los organismos de protección de los derechos humanos revisarán la aplicación de estas medidas de manera oficiosa, garantizando la prevención de violaciones a los derechos humanos en su ejecución.
En diciembre de 2018, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano fue el único que votó en contra de la primera reforma constitucional del Presidente López Obrador para ampliar los delitos de prisión preventiva.
“Hago un llamado a todas las fuerzas políticas a corregir el error de diciembre de 2018. La eliminación de la prisión preventiva oficiosa es una de las deudas más importantes que tiene este Senado con los miles de mexicanos y mexicanas, con cientos de familias destrozadas que esperan una sentencia y que padecen en estos momentos las injusticias de un sistema punitivo, clasista e inoperante”, convocó el senador Castañeda.
Según datos del “Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional”, en enero de 2022 se encontraban privadas de su libertad 223 mil 385 personas, de las cuales 41 por ciento no contaban con sentencia condenatoria.
Los datos del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2022, levantado por el INEGI, demuestran que desde 2017 ha aumentado 10.2 puntos porcentuales la tendencia de privar de la libertad sin sentencia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que el arraigo y la prisión preventiva oficiosa son contrarias a los parámetros elementales de derechos humanos y que su abuso es “inadmisible en una sociedad democrática”.
En México, continuó el senador Castañeda, lo que debió ser una medida excepcional, proporcional y preventiva en nuestro marco jurídico, se ha convertido en el principal mecanismo de punitivismo en el país.
“No caigamos en falsos debates: la prisión preventiva oficiosa no reduce el crimen, ni acaba con la impunidad. Para caminar hacia la paz, tenemos que hacernos cargo de lo que nos toca: revisar y corregir la Estrategia Nacional de Seguridad; coordinar esfuerzos entre municipios, estados y la federación; fortalecer a nuestras policías en los tres órdenes de gobierno, y sí, también dejar de criminalizar a los más pobres con figuras como la prisión preventiva”, expresó el senador Clemente Castañeda.
