CIUDAD DE MÉXICO. – Un Juez de Control ordenó la prisión preventiva en contra de Inés Gómez Mont por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, por el delito de defraudación fiscal por 3.6 millones de pesos, correspondientes al impuesto Sobre la Renta (ISR) de 2017.
De acuerdo con La Opinión de México, la indagatoria inició con una denuncia del Servicio de Investigación Tributaria (SAT), por una supuesta defraudación fiscal de 13.5 millones de pesos, por concepto de Impuesto Sobre la Renta en 2016.
Sin embargo, tras la finalización del sexenio pasado, se pactó un acuerdo reparatorio entre Gómez Mont y la entonces Procuraduría General de la República (PGR), con el que cubrió la totalidad del daño al fisco en dos pagos.
Uno, por 10.9 millones de pesos, mismo que realizó el 30 de noviembre de 2018; y otro, por 2.6 millones de pesos, pagado el 7 de junio de 2019.
Con ello, quedó saldado el presunto fraude fiscal, no obstante, debido al cambio de administración, la ahora Fiscalía General de la República (FGR) desconoció el acuerdo entre la presentadora y la extinta dependencia federal, señalando que era ella y no el SAT la que tenía la atribución para negociar cualquier reparación del daño.
Asimismo, la FGR convirtió este asunto de fraude al fisco en un caso de lavado de dinero, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una querella por las mismas operaciones bancarias.
Con esta suman cuatro órdenes de aprehensión giradas en contra de la presentadora de televisión. Las otras tres, fueron por el delito de defraudación fiscal.
YA HABÍAN IVALIDADO SU ORDEN DE APREHENSIÓN
El pasado 9 de noviembre la Juez del Décimo Quinto Distrito en materia de Amparo de la Ciudad de México, Rosa Montaño Martínez, otorgó un amparo a la exconductora de televisión Inés Gómez Mont, en donde solicitó al Juez de control de la Causa Penal, Torres Villanueva, quien giró una orden de aprehensión en contra de la ahora demandada, en fecha 14 de octubre del 2021, por el presunto delito de Defraudación Fiscal, y que fue presentado el 5 de agosto del 2020 para que revise nuevamente el caso y se determine si la orden de aprehensión que fue girada en su momento era procedente.
La C. Juez de distrito, consideró como deficientes los argumentos para que dicha orden tuviera validez, ya que fue girada por presunciones y no hubo argumentos sólidos que señalaran la responsabilidad y participación en el delito del que se le acusa a la presentadora de televisión, así mismo, hubo omisiones por parte del Juez de primera instancia al ordenar la aprehensión, porque no presentó argumentos que motivaran la medida cautelar y que dentro del expediente no hubo medios de prueba que demostraran que la demandada tuviera participación en los hechos de los que se le acusan.
Cabe señalar que dicho fallo es favorable, parcialmente para la exconductora de televisión, toda vez que aún existe la posibilidad de que la Fiscalía General de la República impugne mediante el recurso de Revisión dicha orden y que el Tribunal Colegiado entre al estudio del caso y emita un veredicto, lo cual puede llevar algunos meses más.
ÓRDENES DE CAPTURA
En noviembre de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), inició carpeta de investigación en contra de Víctor Manuel “A”, Inés “G”, Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R” y siete empresas, por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Fiscalía General de la República solicita en octubre de 2021 a la Interpol la emisión de dos órdenes de localización y captura internacionales en 142 países, las conocidas fichas rojas, en contra de Víctor Manuel Álvarez Puga, socio del gobernador Mauricio Vila Dosal y de su esposa Inés Gómez-Mont, por su presunta responsabilidad en operaciones de lavado de dinero y desvío de recursos públicos.
