Por Mouris Salloum George
El clasismo en México ha sido un problema latente desde tiempos inmemoriales y sigue siendo un obstáculo para el desarrollo nacional, en tanto que propicia la división y dificulta la adopción de políticas públicas incluyentes, justas, equitativas y democráticas.
Esta patología social, muy extendida en el planeta, cobra relevancia cuando deja de ser un asunto personal interno y se convierte en una actitud de desprecio hacia las personas consideradas como de clases sociales inferiores. Mucho peor si tal condición subsiste en el entramado judicial y como política institucional, violatoria de derechos fundamentales en demérito de los sectores excluidos del desarrollo socioeconómico y cultural.
Viene a cuento el tema porque el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha sido insistente en mencionarlo. Y no le falta razón. El clasismo es pernicioso porque de varias formas obstaculiza la integración nacional; fundamentalmente porque discrimina y excluye del progreso a millones de mexicanos, usualmente los más vulnerables.
El clasismo es dañino porque actúa en contra de la dignidad humana, en tanto que vulnera los valores y principios republicanos de libertad, igualdad y fraternidad, consustanciales a toda democracia que se pretenda.
No sobra decir que el clasismo es un complejo individual y colectivo de alcance mundial y que se pierde en la historia de los pueblos. Pero esto no debe justificar su prevalencia en ningún país en tiempos de modernidad e inclusión.
El clasismo en México ha sido un fantasma muy difícil de sepultar, porque hay beneficiarios. Excluir a otros también reporta dividendos.
Entre la población prevalece el desconocimiento del tema. Se le confunde con racismo, pero es diferente, aunque a veces se implican; también abundan las explicaciones desde varias ciencias y disciplinas. Entonces, se tiene conciencia del problema.
Al menos como política pública, México ha adoptado leyes y creado instituciones para eliminarlo o reducirlo al mínimo. Es el caso de la Ley Federal Contra la Discriminación, que en 2003 dio origen al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Casi diez años antes surgió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y luego siguieron organismos similares en las entidades federativas. Sin embargo, el problema persiste.
Por eso está bien que AMLO exponga este fantasma de la idiosincrasia nacional. Pero es con políticas contra la desigualdad y la inequidad como podrá atacarse el problema, no solo con denunciarlo públicamente ni con buenas intenciones.
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