Por Pablo Cabañas Díaz
Aristóteles afirmaba que algunas personas son tan falsas, que ya no son conscientes de que piensan justamente lo contrario de lo que dicen. La falsedad tiene alas y vuela, y la verdad la sigue arrastrando, de modo que cuando se dan cuenta del engaño ya es demasiado tarde. Este es el caso de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa. Su honorabilidad se acabó. Ser una persona honorable significa poseer cualidades cívicas, éticas o morales, como requisito de acceso y permanencia en el ejercicio de su alto cargo en la Suprema Corte. Su fin llegó cuando la Universidad Nacional Autónoma de México concluyó que su tesis es un plagio de la presentada por otro estudiante, Édgar Ulises Báez.
Aparte del plagio de su tesis de licenciatura, la ministra como cabeza del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México tiene que explicar como favoreció el expediente de la Supervía Poniente que quedó archivado durante 22 meses, al cabo de los cuales la magistrada ponente Victoria Quiroz Pesquera terminó dándole la razón a la empresa, por considerar que los demandantes carecían de interés jurídico.
El Tribunal de lo Contencioso en 2012, falló a favor de los vecinos y contra la Supervía, se debió de haberse detenido su construcción, ya que no se hizo consulta pública para la obra. Las autoridades del Gobierno del D.F. apelaron la sentencia, pero el juicio se pospuso “inusualmente” ya que la presidenta del Tribunal, Esquivel Mossa, es cónyuge de uno de los empresarios que estaba al frente de la Supervía, José María Riobóo Martín, por lo cual ella no debió participar en la resolución definitiva. Esa sentencia violó la Ley Orgánica del Tribunal y el Código de Procedimientos Civiles en el Distrito Federal, además de que incurrió en los delitos de denegación y retardo de la justicia y de prevaricación. La autora de la resolución, la magistrada Quiroz, pasó a retiro en 2015, pero además de su pensión cobró en el Tribunal como coordinadora de una maestría establecida por el Tribunal y la UNAM, por lo que litigó en contra del propio Tribunal con el propósito de hacer legal su doble cobro. Además, como premio Quiroz estuvo cobrando como magistrada en su periodo de prejubilación.
Las designaciones en el Tribunal de Justicia Administrativa de la capital del país durante la presidencia de Esquivel estuvieron marcadas por sus relaciones políticas. Su carrera la inició al lado del magistrado federal y exsenador David Jiménez González cuando éste era titular de la Delegación Azcapotzalco, durante la regencia de Manuel Camacho Solis. Esquivel fue entonces subdelegada Jurídica y de Gobierno, mientras que Ebrard era el secretario general del PRI en el Distrito Federal. Después, cuando David Jiménez fue designado subprocurador de Asuntos Jurídicos y Política Criminológica la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), ella fue su coordinadora de asesores.
Entre 1994 y 1997, Jiménez fue diputado federal y ella su asesora. Cuando en 2012 se hizo de la presidencia del Tribunal, uno de sus primeros nombramientos fue el de María Luisa Gómez Martin, esposa de su protector, David Jiménez González, como secretaria general de la Defensoría de Oficio. El nombramiento llegó a inconformidades entre los secretarios de acuerdo porque, según las denuncias ante el Senado, el cargo pertenecía a la carrera judicial y era la primera vez que la beneficiaria incursionaba en el Tribunal. Otro de los nombramientos que causó molestias en el Tribunal de Justicia Administrativa se hizo en mayo de 2012 al designar a Nicandra Castro Escarpulli como contralora interna del Tribunal. El enojo entre los miembros de la carrera judicial se debió a que Castro incumplía el requisito de tres años para ser contralora, de acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal citada por sus críticos.
Entre las designaciones como magistrados estuvo la de José Arturo de la Rosa Peña, quien fue secretario general de Acuerdos del Tribunal bajo la primera presidencia de Esquivel. Como magistrado, fue el encargado de desechar las demandas de los vecinos de la delegación Coyoacán en contra de los parquímetros, en una decisión que los detractores de Esquivel. Esa decisión fue realizada por instrucciones del entonces secretario general de Gobierno, Héctor Serrano, y del entonces delegado Mauricio Toledo.
En este 2023, al asumir el cargo sin haber cumplido debidamente con el requisito de hacer su tesis de licenciatura, Esquivel violó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 110, que prevé como causa de responsabilidad el “tener una notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones y labores que debe realizar”, así como “no preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función judicial en el desempeño de sus labores”.Esta norma advierte que las sanciones aplicables a quienes incurran en estas conductas con las fijadas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que incluyen la destitución de su cargo. El primer paso para que estos recursos procedan es que la presidenta de la SCJN los admita a trámite, para lo cual deberá ponderar si la acción cometida por Esquivel se dio en el ejercicio de su cargo o si afecta su desempeño como ministra del máximo tribunal del país.
