Mouris Salloum George
El robo de combustibles se mantiene muy activo, a pesar de las acciones gubernamentales para eliminarlo. Según autoridades de Pemex, en este gobierno aumentaron los decomisos, pero también las tomas clandestinas. En los últimos tres años, la petrolera ha registrado arriba de 11 mil perforaciones por año.
Además de ser un atentado contra la nación, este delito federal (huachicol) golpea en forma directa los bolsillos de los consumidores. Son miles de millones de pesos acumulados, lo que ha costado a los mexicanos; no solo el simple robo, sino sus implicaciones (más gasto en seguridad).
El sexenio entró en su último tercio y las tomas clandestinas proliferan y nada parece contenerlas. Ni siquiera los graves accidentes registrados como consecuencia.
Como es sabido, el robo de combustibles es uno de los delitos que se incrementó aceleradamente en los últimos tres sexenios. Incluso, se ha denunciado que la actividad ilícita del huachicol ha contado con la protección de autoridades policiales y de gobierno; con la complicidad de personal de confianza y sindicalizado de la empresa petrolera, así como de las cadenas de expendios “legalmente” establecidas.
De poco ha servido el enorme despliegue de elementos de seguridad; primero de la Policía Federal y ahora de la Guardia Nacional. Lo peor es que en distintos momentos se han descubierto las complicidades y todo queda en demandas judiciales de la empresa, que nunca informa en qué terminan.
Igualmente, de poco ha servido el saber que parte de los recursos ilícitos obtenidos por los huachicoleros acaban en las campañas de los candidatos a puestos de elección popular.
Los delincuentes inyectan los cuantiosos recursos a los candidatos corruptos.
Y ante estas anomalías, el Instituto Nacional Electoral (INE) -que tiene como obligación impedir y sancionar ese delito-, poco o nada ha podido hacer. Tanto los delincuentes, como sus cómplices y los destinatarios finales, siempre se salen con la suya.
Como se recordará, el poner fin a este delito fue una de las primeras acciones prioritarias que intentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su cruzada anticorrupción.
El hecho es que los votantes acaban pagando más a Pemex por las gasolinas, debido a sus altos precios que mantiene para compensar lo sustraído ilegalmente.
El robo de combustibles -por lo caro que resulta producirlo o importarlo-, es un severo golpe a la economía de todos los mexicanos, pero pagan más los más pobres. Y es un contrasentido al compromiso de AMLO, de proteger más a este sector.