CIUDAD DE MÉXICO.- La política Agrícola de México implementada por el actual Gobierno, está vetada para pequeños y medianos productores y sus organizaciones que generan excedentes de alimentos para compartir en el mercado y brindar seguridad alimentaria.
El divorcio del interés en este tema tan estratégico y de seguridad nacional de ambos actores (Gobierno y sector productivo) es evidente, a ello se suma el impacto que tendrán las 60 cadenas valor que dependen del maíz amarillo importado de EE.UU. que se dejará de importar por el decreto de diciembre del 2020, el cual afectará la producción nacional de derivados alimenticios, alimentos balanceados y sector pecuario donde se elaboran más 2000 derivados del maíz amarillo.
Esto se verá reflejado en el aumento de precios de los productos que del grano importado se elaboran, sobre todo los de la canasta de alimentos de la familia mexicana cómo el pan, leche, huevo, tortillas, harinas, refrescos, carne de pollo, cerdo, res, embutidos, mantequilla, sazonador, aceite, manteca y un sinfín de productos de consumo popular.
Esta política pública actual en el sector agropecuario y rural, está orientada por un grupo radical con evidente carga ideológica en una franca confrontación contra quienes generan rentabilidad e invierten en una actividad de excesivos riesgos.
Esta política influenciada por funcionarios públicos que sin recato y con evidentes conflictos de interés, diseñan “seudo políticas” con orientación de “lucha de clases”, asumiendo actitudes como militantes de organizaciones “ambientalistas fanáticas” que dejan de lado el objetivo de la función pública de diseñar políticas para el bien público, no el interés particular de minorías, pues se alejan de criterios de objetividad como el beneficio costo social y económico de estas políticas públicas, su impacto en los parámetros que miden la seguridad alimentaria, el desarrollo social y el combate a la pobreza, la diseñan e influyen con actitudes de cortesanos ante un poder ejecutivo cargado de egocentrismo y confrontación, pero ignorante de los impactos que tendrá sus acciones de política pública en el sector para los mexicanos, principalmente en lo concerniente al combate a la pobreza, seguridad alimentaria y desarrollo rural y agropecuario.
Se estima que los impactos de esta política serán inflacionarios, de escasez y de incremento de las importaciones, no sólo de productos básicos, sino de productos alimenticios semielaborados y terminados, que se dejarán de producir en México.
Ya se tuvo que aplazar hasta el 2025 y se hizo una propuesta de modificación del decreto, esto debido a las presiones de los Estados Unidos, pero sobre todo por la falta de sustento tanto comercial como científico, principalmente por lo absurdo de la medida contenida en el decreto.
De continuar y no corregir el rumbo y seguir anteponiendo los criterios antes mencionados y el electoral, tendremos en los próximos años una carestía imparable, trágica, donde, no sólo el guajolote será caro, sino todo los demás derivados del maíz amarillo que comemos cotidianamente en la mesa, lamentablemente perjudicará a los más pobres.
AM.MX/fm
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