Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
La esperanza, sin embargo, de que pronto
se verían caer cabezas de responsables
de actos de corrupción, tema permanente
en las mañaneras presidenciales,
se ha ido diluyendo conforme pasa el tiempo.
Con el inicio del quinto año de gobierno, el penúltimo del sexenio para hacer patente el tiempo que le queda de gobierno a la 4T, es válido y recomendable revisar, lo que ha pasado con algunas de las promesas de campaña. Y es que, en buena parte, éstas sirvieron de aliciente al pueblo bueno y sabio y a otros más, quizás no tan buenos ni tan sabios, que, convencidos de la necesidad de un cambio, ante los excesos de un gobierno frívolo y con muchas manchas de corrupción, llevaron a la silla presidencial con sus votos al candidato postulado por el partido de Morena. Una de ellas, tal vez la más importante, era la del combate a la corrupción.
Y, sin la menor duda, había un consenso popular de la necesidad de enfrentar este fenómeno que había alcanzado niveles de escándalo. La esperanza, sin embargo, de que pronto se verían caer cabezas de responsables de actos de corrupción, tema permanente en las mañaneras presidenciales, se ha ido diluyendo conforme pasa el tiempo. Si bien, el tema ha servido para justificar polémicas decisiones como cancelar programas, eliminar instituciones, extinguir organismos, desaparecer fideicomisos, anular apoyos sociales y, hasta acabar con un aeropuerto. Todo al amparo del argumento de la existencia de corrupción en su operación, aunque ésta no se acredite ni se señalen responsables.
El problema es que los señalamientos de corrupción, en todos los casos o casi, no son seguidos de denuncias que permitan iniciar carpetas de investigación para sancionar a quienes supuestamente operan trasgrediendo la ley. Nada con el pasado ni menos con el presente. Y, sin muchos elementos, en la retórica se insiste de éxitos en el combate a la corrupción y se afirma que, para estos tiempos y con la 4T, ese mal dejó de existir.
Lamentablemente, la realidad es muy distinta. Así como no hay muchos casos de procesos judiciales contra funcionarios de la administración gubernamental anterior, tampoco los hay en contra servidores públicos de la 4T, lo que no quiere decir que no existan casos de corrupción, sino que hay una actitud de permisividad y tolerancia inexplicable.
Esta situación no ha pasado desapercibida en organismos internacionales que tienen otros datos y que analizan y miden los índices de corrupción en el mundo. Las evaluaciones que se han hecho sobre la corrupción y su combate, en nuestro país, son lamentables. Retrocesos o, en el menos malo de los casos, estancamiento, registran los indicadores internacionales. La principal causa, la impunidad en casos del pasado, pero también del presente.
Las evaluaciones de distintas instituciones internacionales, coincide con la percepción que internamente tenemos de que la promesa de campaña de erradicar la corrupción fue solo un pronunciamiento político, un lema de campaña, sin ánimo de ponerlo en práctica.
“Los grandes casos de corrupción (Odebrecht, Estafa maestra, Agronitrogenados), siguen sin recibir sentencia, el dinero desviado…tampoco está devuelto en las arcas de la Nación.” Señala el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez. En el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), de Transparencia Internacional, nuestro país aparece estancado, con una calificación de 31 puntos, la misma de 2020, que lo ubica en el lugar 124 de 180 países, compartiendo el lugar con Gabón, Nigeria y Papúa Nueva Guinea.
Tristemente México sigue siendo el peor evaluado, en términos de corrupción entre los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). En el G20, andamos por el mismo camino ocupando el lugar 18 de 19 países. En el Índice Global de Estado de Derecho de World Justice Project, que mide el respeto a la ley, hemos retrocedido durante cuatro años consecutivos hasta una calificación de 0.42 puntos (en una medición de 0 a 1, en la que 1 significa la máxima adhesión al ordenamiento institucional). Nuestro lugar es el 115 de 140 países.
En el índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), de Americas Society/Council of the Americas y Control Risks, que evalúa a países de Latinoamérica en el combate a la corrupción, México muestra una caída de 13 puntos desde 2019, lo que nos coloca en el lugar 12 de 15 estados analizados. El mayor descenso se ubica en la variable que evalúa los procesos legislativos y de gobierno, “lo cual refleja los esfuerzos percibidos por parte del Ejecutivo” para interferir en asuntos legislativos y judiciales, según se afirma en el estudio correspondiente. Finalmente, en el índice de Riesgo de Corrupción de Negocios, de Trace Matrix, que mide la probabilidad de recibir solicitudes de soborno al hacer negocios, nos encontramos con otro retroceso que coloca al país en el lugar 116 de 194 naciones.
Quizás para el gobierno de la 4T, estas lecturas de organismos internacionales no sean de su interés ni le preocupen mucho, por aquello de los otros datos, nuestra autonomía, el respeto a nuestra soberanía y la no injerencia en nuestros asuntos internos. El caso es que se trata de evaluaciones sobre hechos y datos reales, que tienen impacto en nuestra imagen y presencia en un mundo globalizado y que sirven de referencia para nuestras relaciones comerciales, financieras y diplomáticas con otros países. Suponer que esas evaluaciones no nos afectan, es un grave error y mayor todavía insistir en que, en materia de corrupción, hay pañuelito blanco.
 
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