CIUDAD DE MÉXICO.— El 2022 es el más violento en las últimas dos décadas para la prensa en Latinoamérica y el Caribe. A lo largo de estos últimos once meses, se registraron por lo menos 37 homicidios de periodistas perpetrados en vínculo con la labor. Además, decenas de exilios, encarcelamientos, medios que fueron forzados a cerrar y varios comunicadores desaparecidos.
A través de un comunicado, siete organizaciones que defienden las libertades de prensa y expresión, entre ellas la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Reporteros sin fronteras y Artículo 19, condenaron y denunciaron la violencia contra el periodismo y llamaron a los Estados a combatirla.
El año 2022 es el más violento en las últimas dos décadas para la prensa en #Latinoamérica y el #Caribe.
A lo largo de estos últimos once meses, se registraron por lo menos 37 homicidios de #periodistas perpetrados en vínculo con la labor. pic.twitter.com/8OfibdooGu
— SIP • IAPA (@sip_oficial) December 12, 2022
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Resaltaron que en el agravamiento de las condiciones para ejercer el periodismo en Latinoamérica, se ven cuatro tendencias preocupantes:
El resurgimiento de regímenes políticos caudillistas. A lo largo de la región, vemos líderes que aplican una estrategia de convertir al mensajero en el mensaje. Constantemente acuñan una retórica anti-prensa como herramienta central en sus discursos oficiales. Esta retórica debilita el debate público, inhibe el flujo y la pluralidad de ideas, al mismo tiempo que contribuye a un ambiente permisivo para el uso de la violencia contra periodistas.
La desinformación en línea. Estrategias de desinformación que buscan desprestigiar, deslegitimar y hacer perder la confianza en el periodismo, principalmente las que provienen de autoridades que usan las redes sociales e incluso aplicaciones de mensajería instantánea. Ejércitos de troles son utilizados por gobiernos para realizar campañas de persecución y descréditos contra medios y periodistas. También preocupa que las autoridades diseminen información falsa o medias verdades que, por ejemplo, en contextos delicados pueden llevar a la ciudadanía a no creer en la legitimidad de determinados procesos democráticos, como es el caso de los procesos electorales.
Ineficientes mecanismos de protección. A pesar de significar un avance para la garantía de los derechos de las y los periodistas, los mecanismos de protección sufren de problemas en su funcionamiento. Estos no son suficientes para enfrentar los problemas que motivaron su creación; por ello es necesario fortalecerlos en los países en donde existen e implementarlos en aquellos países que aún no cuentan con estos. Los estados deben dotar de recursos materiales y profesionales para que puedan funcionar con eficiencia y estos deben ser acompañados de políticas públicas.
Vigilancia y espionaje. Las fuerzas de seguridad de los Estados continúan desplegando prácticas de vigilancia de las comunicaciones en contra de los y las periodistas de manera ilegal. El uso de tecnologías invasivas para violar su privacidad y para acceder a sus comunicaciones privadas y a la información que está almacenada en sus dispositivos personales y laborales pone en riesgo a las fuentes periodísticas, amenaza al periodismo de investigación y ubica a las y los periodistas en una condición de vulnerabilidad en donde pueden ser víctimas de otros abusos.
Un ataque contra la prensa es un ataque contra la #democracia, particularmente en un contexto donde ejercer la labor de informar se encuentra en constante asedio.
— SIP • IAPA (@sip_oficial) December 12, 2022
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“Un ataque contra la prensa es un ataque contra la democracia, particularmente en un contexto donde ejercer la labor de informar se encuentra en constante asedio. Por ello, hacemos un llamado a los Estados, a fin de que adopten acciones para que las lamentables cifras de agresiones registradas contra el periodismo en América Latina no se repitan y no aumenten, año tras año, y por el contrario se garanticen las condiciones para un ejercicio libre y seguro del periodismo“.
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AM.MX/dsc
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