Por EDGAR GONZALEZ MARTINEZ

Angustioso llamado del organismo dependiente de la ONU para revertir los devastadores efectos de la pobreza en la región, que en 2021 alcanzó el 32,3% de la población total de la región (una disminución de 0,5 puntos porcentuales respecto a 2020), mientras que la tasa de pobreza extrema fue de 12,9% (0,2 puntos porcentuales menos que en 2020).
La CEPAL proyecta que a fines de 2022 la pobreza se situará en 32,1% de la población (porcentaje que equivale a 201 millones de personas) y la pobreza extrema en 13,1% (82 millones), es decir, una leve disminución del nivel de pobreza y un leve aumento de la pobreza extrema respecto a 2021, debido a efectos combinados del crecimiento económico, la dinámica del mercado de trabajo y la inflación. Estas cifras implican que 15 millones de personas adicionales estarán en la pobreza con respecto a la situación previa a la pandemia y que el número de personas en pobreza extrema será 12 millones más alto que el registrado en 2019.
Y advierte: los niveles proyectados de pobreza extrema en 2022 representan un retroceso de un cuarto de siglo para la región, señala que la incidencia de la pobreza es mayor en algunos grupos de la población en la región: más del 45% de la población infantil y adolescente vive en la pobreza y la tasa de pobreza de las mujeres de 20 a 59 años es más alta que la de los hombres en todos los países. De igual forma, la pobreza es considerablemente más alta en la población indígena o afrodescendiente.
En 2021, la desigualdad de ingresos (medida por el índice de Gini) disminuyó levemente con respecto al 2020 en América Latina, situándose en 0.458, en niveles similares a los de 2019.
En tanto, la desocupación proyectada para 2022 representa un retroceso de 22 años, afectando especialmente a las mujeres, para las que la desocupación sube de 9,5% en 2019 a 11,6% en 2022.
“La cascada de choques externos, la desaceleración del crecimiento económico, la débil recuperación del empleo y la inflación al alza profundizan y prolongan la crisis social en América Latina y el Caribe”, planteó José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, durante la presentación del documento. “No se ha logrado revertir los impactos de la pandemia en materia de pobreza y pobreza extrema y los países enfrentan una crisis silenciosa en educación que afecta el futuro de las nuevas generaciones”, advirtió el alto funcionario, quien llamó a los países a invertir decididamente en educación y a convertir esta crisis en una oportunidad para transformar los sistemas educativos.
América Latina y el Caribe sufrió el apagón educativo más prolongado a nivel internacional (en promedio 70 semanas de cierre de establecimientos frente a 41 semanas en el resto del mundo), lo que exacerbó las desigualdades preexistentes en materia de acceso, inclusión y calidad. En este período, una de las principales limitaciones para la continuidad educativa fueron las desigualdades en el acceso a conectividad, equipamiento y habilidades digitales. En 2021, en 8 de 12 países de la región más del 60% de la población pobre menor de 18 años no tenía conectividad en el hogar.
De no actuar ahora, la CEPAL advierte sobre el “riesgo de cicatriz permanente en las trayectorias educativas y laborales de las generaciones más jóvenes” de la región.  De acuerdo con el organismo regional de las Naciones Unidas, ya se han medido pérdidas de aprendizaje en el Caribe y, en América Latina, el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que no estudia ni trabaja de forma remunerada aumentó de 22,3% en 2019 a 28,7% en 2020, afectando especialmente a las mujeres jóvenes (36% de ellas se encontraba en esta situación, comparado con un 22% de los hombres).
Obreros extranjeros (94.3% del total) construyeron estadios y remodelaron Catar.
El mercado laboral catarí está ampliamente constituido por población trabajadora migrante. En 2021, la fuerza laboral del país estuvo conformada por 2,023,917 de personas, de las cuales 1,908,052 correspondieron a población extranjera, representando el 94.3% del total de la fuerza laboral.
Si bien la población trabajadora migrante constituye prácticamente el grueso de la fuerza laboral, son claras las diferencias en las características laborales con respecto a la población trabajadora nativa. En su mayoría la población migrante se ubica en trabajos de baja cualificación, mientras que los nativos se emplean en trabajos de alta cualificación.
Según una investigación del BBVA México, las actividades económicas de la construcción, comercio al por mayor y al por menor, y servicios administrativos y de soporte concentran a cerca 6 de cada 10 trabajadores migrantes, mientras que, en las actividades de administración pública y defensa, así como las de educación y salud humana se desempeñan alrededor de 7 de cada 10 trabajadores nativos. Como resultado, no solamente existe una importante brecha de ingreso entre ambos grupos, sino que también persiste una diferencia relevante en condiciones laborales, se estima que en promedio los migrantes laboran 51 horas a la semana, es decir, 13 horas más a la semana que los nativos.
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