CDMX A fin de brindar a niñas, niños y adolescentes un acceso a una vida libre de condiciones de mendicidad, entendiendo por esto, toda situación que implique solicitar limosnas para ella, él, o para una tercera persona, el Senado aprobó un dictamen que reforma el artículo 44 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
El proyecto, avalado con 80 votos en la sesión del 9 de noviembre, establece que el sano desarrollo de las y los menores incluye brindarles una vida libre de condiciones de mendicidad, toda vez que la infancia mexicana enfrenta una situación de rezago social y problemas de violencia que atentan contra su integridad y su desarrollo integral.
Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, indican que la mitad de la población infantil vive en condiciones de pobreza, tres millones 720 mil están en pobreza extrema, y uno de cada 10 no asiste a la escuela.
Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, dijo que no se puede permitir la normalización de la mendicidad; y que a raíz de la pandemia, se estima, que al menos dos millones más de menores entraron al trabajo infantil, en el que se vuelven más vulnerables para ser captados por el crimen organizado.
La senadora Estrella Rojas Loreto, del PAN, expuso que la mendicidad infantil forzada pone en un alto riesgo a los menores por el entorno de estar sin cuidados en la calle, los extrae de derechos como la educación escolarizada, el sano esparcimiento y les genera secuelas psicológicas para el resto de sus vidas.
El documento menciona que cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señalan que 3.2 millones de menores de entre cinco y 17 años tienen que trabajar, y de estos 2.1 millones lo hacen en actividades no permitidas y 1.1 millones trabajan en labores domésticas no adecuadas.
Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia analizó que en México niñas, niños y adolescentes experimentan la pobreza de una forma más acentuada que la población en general, lo que puede generar afectaciones en su desarrollo y bienestar, y contribuye a perpetuar dinámicas de pobreza a lo largo del ciclo de vida.
Las condiciones de mendicidad, destaca el proyecto, constituyen una situación social totalmente contraria a lo que buscan diversos instrumentos internacionales en la materia y en la Carta Magna, hecho que demanda de las instituciones del Estado acciones inmediatas para frenarlas y reorientarlas hacia los fines estimulados en dichos instrumentos jurídicos.
El dictamen que reforma el artículo 44 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional.
Además, con 79 votos a favor, la Cámara aprobó una reforma a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que se remitió al Ejecutivo federal, que busca asegurar tratamiento psicológico especializado a los menores infractores que se encuentran en algún centro de reclusión y, en caso de que se necesite asistencia médica avanzada, que se puedan tratar en un centro de salud especializado.
En el documento se agrega que estos menores podrán acudir al sepelio de familiares de primer grado o de quien ejerza la patria potestad, tutela o cuidado, cónyuge o concubina, así como visitarlo en su lecho de muerte, siempre y cuando las condiciones de seguridad lo permitan, de conformidad con el reglamento aplicable.
De acuerdo con el documento, la reforma que se plantea tiene efectos positivos para la salud mental de los adolescentes y, por ende, para su desarrollo integral psicosocial, con la finalidad de ser reincorporados a la sociedad.
Al presentar el dictamen, la senadora Josefina Vázquez Mota señaló que se calcula que hay mil 700 adolescentes en reclusión, que requieren atender su salud mental y contar con un tratamiento psicológico.
Por ello, argumentó, no podemos dejarlos en el encierro, se les debe acompañar para una reinserción social con las herramientas que realmente requieren.
La senadora Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, dijo que la reforma amplía las medidas cautelares de menores en reclusión, al incorporar el derecho a recibir atención psicológica como una acción afirmativa para que los menores encuentren una guía para volver a la sociedad.
Además, advirtió la necesidad de contar con presupuesto necesario para brindar esta atención en todos los centros de reclusión.
