Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yaho.com.mx
Volverse a doblar significará la debacle del PRI,
el entierro del tricolor. Un triste fin para
el partido que, durante 71 años, gobernó al país
y que merecería compromiso y
más dignidad de parte su dirigencia.
Pues resulta que la urgencia de Morena por sacar adelante la reforma constitucional en materia electoral, tendrá que ceder ante una realidad que no garantiza, al menos de momento, un resultado exitoso. Y es que, como mucho se ha comentado, los números para alcanzar una mayoría calificada, indispensable para que proceda, no le alcanzan al partido en el poder y sus socios, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), por lo que requieren que algún partido político de la oposición se sume a su proyecto de exterminación del Instituto Nacional Electoral (INE), como así lo calificara el dirigente de este partido, Mario Delgado. En esta apuesta, el propio secretario de Gobernación “destapó” al PRI como posible socio.
Cuando en marzo del año pasado la autoridad electoral anuló las candidaturas morenistas de los aspirantes a gobernador para los estados de Guerrero y Michoacán, por no presentar el reporte de ingresos y gastos de precampaña en el plazo señalado por la ley, el dirigente de Morena, molesto por esa resolución, declaró que habría que cambiar a los consejeros y exterminar al Instituto, “hay que pensar en una institución que garantice una auténtica democracia,” afirmaría.
Pero resulta que esa misma autoridad, que condujo la jornada electoral de junio de 2021, fue la que reconoció los triunfos de Morena en 11 elecciones para gobernador y en 186 distritos de 300 en juego, en los que se eligieron diputados federales, sin que se hubiera suscitado algún incidente grave o alegato de fraude electoral. Una elección democrática, pues.
La autoridad electoral, a la que Morena calificara de “gatilleros del PRIAN” y acusara de parcial y de representar “una formación maligna, el cáncer de la corrupción”, habría arbitrado, con imparcialidad y sin quejas, una elección en la que la oposición sólo ganó 3 gubernaturas de 15 y 114 diputaciones federales de 300.
El odio hacia la autoridad electoral por parte de Morena parece irracional, cuando se analizan los resultados electorales del sexenio de la 4T. Entre otros argumentos, se dice que la reforma de Palacio busca fortalecer la vida democrática de México rumbo a la elección de 2024, porque” los órganos electorales le quitan legitimidad al proceso.” Además, se dice que con la reforma se erradicarán los excesos y privilegios heredados por el régimen corrupto neoliberal. Que se busca que los consejeros y magistrados actúen de manera institucional, ya que las elecciones, actualmente, a cargo de estos órganos (INE y TEPJF) “no tienen legitimidad”, según la apreciación del dirigente de Morena.
Pero veamos. Estas autoridades organizaron y condujeron las elecciones de 2018, en las que Morena ganó la presidencia de la República y 5 gubernaturas de 9 en juego. Además de apabullar a las oposiciones con triunfos arrolladores en la renovación del Congreso de la Unión. En 2019, este partido ganó las dos elecciones para gobernador que se disputaron. En 2021, ya mencionamos los triunfos del partido gobernante y en 2022, ganó 4 de las seis elecciones para gobernador celebradas.
Con el reconocimiento de los triunfos de Morena por parte de la autoridad electoral, no se entiende eso de que, con la reforma, se pretende que el INE ya no esté en manos de la oligarquía antidemocrática corrupta, porque si algo ha caracterizado los procesos electorales celebrados durante el presente sexenio, ha sido la imparcialidad de la autoridad y la ausencia de fraudes electorales. Lo que quiere decir que esa oligarquía antidemocrática y corrupta o es muy ineficiente electoralmente o, simplemente, no hay tal.
Pero decíamos que el debate para la reforma electoral se difirió para diciembre, según anunció el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier. Podríamos suponer que el cambio de ritmo en los trámites para la aprobación de esta iniciativa, se debe a que la connivencia del dirigente del PRI, Alejandro Moreno, con la 4T, esta vez, se pretende encubrir, algo que se complica tras su indubitable doblez en la reforma constitucional para la permanencia del ejército en labores de seguridad pública hasta 2028.
Las miradas de todos en las oposiciones y de quienes, en la sociedad civil, reconocen en el INE a una autoridad democrática, eficiente y muy necesaria en los tiempos que vivimos, están sobre el priista que tendría que hacer malabares para sumarse al proyecto de Morena y justificar su voto y el de los demás priistas, sin que se vea como una segunda y más grave traición. Volverse a doblar significará la debacle del PRI, el entierro del tricolor. Un triste fin para el partido que, durante 77 años, gobernó al país y que merecería compromiso y más dignidad de parte su dirigencia.
 
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