TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.- En el Estado de México impera la ley del gatillo: cárteles como La Familia Michoacana o el Cártel Jalisco imponen su ley a sangre y fuego; imponen con violencia el cobro de piso a empresarios, comerciantes y agricultores y hasta exigen el pago de una cuantiosa cuota por autorizar fiestas y eventos de todo tipo. Todo cuesta y la gente debe pagar si no quiere ser asesinada.
Así, las poblaciones de unos treinta municipios viven asoladas por la delincuencia: aunque estén incómodas por este acoso permanente están obligadas a obedecer si no quieren ser asesinadas o desaparecidas. Así se impone la ley del crimen en la entidad gobernada por Alfredo del Mazo.
Y es que la entidad se ha convertido en un territorio de cárteles que han desplegado su violencia por todo el territorio, cuna del llamado Grupo Atlacomulco que representara el profesor Carlos Hank González.
De acuerdo con La Opinión de México del Grupo Sol Corporativo, con altos niveles de corrupción policiaca, esa entidad federativa se volvió muy atractiva para los grupos criminales: operan los cárteles del Golfo, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Guerreros Unidos.
De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Estado de México concentra más grupos criminales que cualquier otra entidad. Estos grupos operan, con apoyo oficial, el tráfico de drogas y han azotado a la población con extorsiones, secuestros, cobro de piso, tráfico de personas, venta de protección y asesinatos por encargo, una modalidad bastante socorrida en ese estado.
Según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en el mapa criminal no existe otra entidad federativa con mayor presencia de grupos dedicados al narcotráfico.
Y es que a pesar de que el gobernador Alfredo del Mazo –quien está por concluir su administración– ha dicho que trabaja por la seguridad del estado, lo cierto es que el territorio se ha convertido en un campo de batalla de los cárteles de la droga.
A lo largo y ancho de los 22 mil 500 kilómetros de territorio, los cárteles Jalisco, Sinaloa, La Familia michoacana, Caballeros Templarios y del Golfo disputan a sangre y fuego el control del tráfico de enervantes. Tanto de día como de noche son frecuentes las balaceras y asesinatos en demarcaciones como Tecámac y Ecatepec, los que concentran la mayor parte de esta narcodinámica.
Con base en la información de que dispone, la UIF considera que en el territorio nacional no existe otro estado donde haya tanta presencia de cárteles como ocurre en el Estado de México. En dicho territorio opera de todo: desde cárteles poderosos hasta células delictivas que han contribuido con su cuota de violencia; esa es la razón de que la entidad ocupe los primeros lugares a nivel nacional en homicidios, feminicidios, tráfico de drogas, extorsiones, robos y secuestros.
De acuerdo con la UIF, en México existen 19 cárteles considerados de “alto impacto”, los cuales dominan el lavado de dinero. De estos, ocho están afincados en el Estado de México.
CÁRTELES EN GUERRA
Desde hace varias décadas, el Estado de México es refugio de capos, sicarios y narcotraficantes, y ha cobijado a grandes redes de la delincuencia organizada. La Policía del Estado de México llegó a ser considerada, hasta hace una década, como una de las más corruptas y temibles del país, después de la de Tijuana en tiempos del alcalde Jorge Hank Rhon.
Durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto –este fue gobernador de esa entidad– el crimen organizado se empoderó abiertamente: durante años fue refugio de los hermanos Beltrán Leyva; también fue escondite de Joaquín “El Chapo” Guzmán tras su primera fuga del penal de Puente Grande, Jalisco. Y en su segunda huida, esta vez del penal de La Palma o Altiplano, situado en el Estado de México, fue auxiliado por su amplia red de cómplices para huir por un túnel, según la versión oficial.
El túnel por donde “El Chapo” huyó por segunda vez, en 2015, fue construido por personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), donde el entonces poderoso jefe del Cártel de Sinaloa tenía muy buenas relaciones: precisamente a través de un avión de esa dependencia –un CD-9– el Cártel de Sinaloa transportó varias toneladas de cocaína procedente de Colombia. Agentes de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP) habían organizado un amplio operativo en diversos aeropuertos para que el avión aterrizara sin contratiempos.
Acudieron al de Toluca, Mérida, Nuevo León, entre otros, donde intentaron corromper tanto a militares como a funcionarios del área de aeronáutica civil. El objetivo era que el avión bajara en uno de esos aeropuertos para volverlo vuelo nacional. El avión después seguiría su curso hacia Toluca donde, por esa condición, ya no sería revisado por la Marina ni el Ejército, sino por policías federales que ya habían sido cooptados.
Según datos de la Sedena, en el Estado de México opera una gran cantidad de grupos criminales. Los informes militares dan cuenta, por ejemplo, de que el territorio mexiquense es asiento de los cárteles Unión Tepito, la fuerza Anti-Unión, Los Zetas, Cártel Jalisco, La Familia Michoacana y Guerreros Unidos. Este último cártel opera también en Guerrero y Michoacán, tierras de elevada violencia criminal.
El titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, expuso el mapa criminal del Estado de México. Dijo, por ejemplo, que La Familia Michoacana es encabezada por Johnny Hurtado, a quien en el mundo del hampa se le conoce como “El Pez”.
Por su parte, los Caballeros Templarios –quienes controlan el norte del estado– estaban liderados por Rodolfo Maldonado Bustos, “Don José”, hasta su captura, en noviembre de 2021. Además, los cárteles Guerreros Unidos y el Jalisco mantienen operaciones en el Valle de México, pero también controlan los municipios del noreste de la entidad mexiquense, el cual colinda con la Ciudad de México, donde también tienen fuerte presencia.
Con base en sus informes, Luis Cresencio Sandoval dijo que son once los municipios del Estado de México donde se concentra la mayor parte de la población y, por ello, esas demarcaciones registran las más altas tasas delictivas. Es el caso de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Cuautitlán, Atizapán y Tultitlán. A esta lista se suman Tecámac y Los Reyes La Paz.
Estos municipios, según datos oficiales, concentran el 45 por ciento de la población mexiquense y también ocupan los primeros lugares en las estadísticas criminales. Pero lo más grave, según estos mismos datos, es que la mayor dinámica del crimen organizado y común se observa en Ecatepec, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli. Estas últimas demarcaciones colindan con la Ciudad de México, refugio de capos.
Los informes de la Sedena coinciden con los que aporta la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC): según estos informes, el cártel de La Familia Michoacana tiene presencia en 55 de los 125 municipios que conforman el Estado de México.
El Cártel Jalisco, comandado por Nemesio Oseguera, “El Mencho”, controla 31 demarcaciones. Estos dos cárteles están confrontados por el control territorial. A base de balaceras, asesinatos, levantones, descuartizamiento de personas y entierros clandestinos –una forma de generar violencia y terror– los dos cárteles pretenden apoderarse del 44 por ciento del territorio restante.
El gobierno que encabeza Alfredo del Mazo no evade esta realidad: según los informes del gobierno estatal, son veinte los municipios los que concentran más del 70 por ciento de la actividad delictiva. En esos territorios operan La Familia Michoacana y el CJNG.
EL VACÍO DE PODER
Debido a su alta incidencia delictiva, imparable en gobierno de Del Mazo Maza, el Estado de México se ha convertido en “tierra de nadie”.
La entidad se ha posicionado en el segundo lugar a nivel nacional por el delito de las extorsiones. Los informes oficiales aseguran que el cártel que más explota esta actividad es La Familia Michoacana. Pero eso no es todo: este grupo delictivo, cuyo asiento está en el estado de Michoacán –otro territorio asolado por el crimen– impone su ley al controlar también los precios de productos alimenticios, entre otros, la tortilla, el huevo, la carne y el pollo, y se asegura que también mantiene a raya a los comerciantes de materiales de construcción. Sin importar el giro, a los negocios también les impone pago de piso.
Los mismos datos oficiales sostienen que el crimen extorsiona a unas dos mil personas. Y las estadísticas revelan que este delito –uno de los más perturbadores– ha ido en aumento desde el año 2018 (hubo mil casos) y 2019 (mil 500).
Pese a esta realidad perniciosa, el gobernador Alfredo del Mazo sostiene que en su estado no pasa nada y que sigue trabajando por la seguridad del territorio.
El mandatario estatal, sin embargo, ha sido objetivo de escándalos, como el que protagonizó en 2012, cuando le detectaron que ocultó 1.5 millones de euros – 32 millones de pesos actuales –en Andorra, un país blindado en ese tiempo por el secreto bancario.
En ese tiempo, Del Mazo era presidente municipal de Huixquilucan y figuró como representante de la sociedad instrumental holandesa, a cuyo nombre se abrió una cuenta en la banca privada de Andorra. Sin embargo, el actual mandatario del Estado de México no hizo mención de dicha cuenta en su declaración patrimonial de enero de 2017.
El mandatario simplemente guardó silencio al respecto.
De acuerdo con datos de la Sedena, el Estado de México está ubicado entre las entidades más violentas del país, después de Baja California, Zacatecas, Guanajuato y Tamaulipas.
AM.MX/fm
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